El enfrentamiento que mantienen desde hace meses Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional del PP, encabezada por Pablo Casado, ha entrado este miércoles en un punto de no retorno. Las informaciones que han desembocado en una guerra abierta sin precedentes en la política española apuntan a que desde Génova se encargó un supuesto espionaje de la líder madrileña para averiguar si había adjudicado irregularmente un contrato a la empresa de un amigo, un procedimiento en el que medió el hermano de la presidenta, Tomás. Ella ha negado cualquier ilegalidad y el secretario del partido, Teodoro García Egea, ha desmentido la investigación interna en busca de trapos sucios y, además, ha anunciado la apertura de un expediente a la presidenta de la Comunidad de Madrid por las acusaciones. La fractura, en todo caso, ya tiene dimensiones aún por determinar en el principal partido de la oposición.

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"Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí", ha asegurado Díaz Ayuso en una comparecencia desde la Puerta del Sol, convocada de urgencia y sin admitir preguntas de los periodistas. "No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de gobierno, de corrupción", ha añadido, relacionando a Casado con estas informaciones y vinculándolas con su paso adelante para liderar el PP de Madrid, que está pendiente de la celebración de un congreso. 

De acusaciones "gravísimas", "casi delictivas", ha tildado García-Egea las declaraciones de Díaz Ayuso. "Nunca pude imaginar esta reacción. Desde la dirección nacional lo único que se ha hecho ha sido apoyarla en sus momentos de mayor dificultad y soledad", ha subrayado el secretario general del PP. En la misma comparecencia, que se ha producido hora y media después de la de la presidenta madrileña, ha anunciado la apertura de un expediente informativo a la líder madrileña y no ha descartado que el PP emprenda acciones legales después de esta investigación interna.

Una reunión en septiembre

Los relatos que se han hecho desde la Puerta del Sol y Génova de lo sucedido en torno al contrato a la empresa Priviet Sportive, para la compra de mascarillas y que supuso un gasto de dinero público de 1,5 millones, apenas han coincidido, pero sí ha habido un punto destacado común: que el pasado septiembre Díaz Ayuso y Casado se reunieron y hablaron del contrato en el punto de mira.

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"Fui a su despacho para hablar de la situación del partido y del congreso. Para mi sorpresa me contestó que tenía conocimiento de esta operación -en relación al contrato, adjudicado por el procedimiento de emergencia en lo peor de la primera ola de Covid-19, en abril de 2020- y que pensaba que era ilegal", ha afirmado Díaz Ayuso para agregar: "Me dijo que el dosier se lo habían filtrado desde La Moncloa". 

Según el relato de la presidenta, tras reunirse con el líder de su partido, y amigo íntimo desde hace años hasta el reciente desencuentro por el liderazgo de la formación en la Comunidad, acudió a pedir explicaciones a su hermano Tomás. Este reconoció que había mantenido "relaciones comerciales" con Priviet Sportive, pero le aseguró que "todo era completamente legal (...) regulado ante Hacienda y declarado".

La versión de Génova en este aspecto ya difiere: la cúpula de los populares dudó de la legalidad de la operación, según lo manifestado por García-Egea, por ello ha asegurado que lo que se hizo en esa reunión de hace ahora cinco fue emplazar a la presidenta a "aportar más información" para esclarecer el contrato siguiendo el código de buenas prácticas del partido. "Hasta el día de hoy ha sido en vano, no hemos recibido ninguna aclaración", ha asegurado.

Carromero, la primera víctima del conflicto

"Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese, ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno", ha insistido Díaz Ayuso. Negando el trato de favor a su hermano -"lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política", ha destacado- ha retado a que se presenten pruebas contra ella de lo contrario.

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De acuerdo con sus manifestaciones, meses después de la reunión con Casado, ya en diciembre, supo que el partido había contactado con una agencia de detectives para conocer más información del procedimiento. La vuelta de tuerca de este extremo es que ese gabinete de investigación se habría contratado desde la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, dependiente del Ayuntamiento que preside José Luis Martínez-Almeida. "Hablé con el alcalde para informarle", ha asegurado la presidenta remontándose a aquel momento, "me dijo que no sabía nada y que lo investigaría".

El Ayuntamiento inició una investigación interna, según ha señalado Martínez-Almeida, sin que se hallaran evidencias de una supuesta reunión entre un empleado municipal y unos detectives. Estas declaraciones han tenido lugar a las 9.00 horas de este jueves, cuando algunos medios ya señalaban al coordinador de la Alcaldía de la capital, Ángel Carromero, como uno de los urdidores de la presunta trama. A esta hora, el regidor desvinculó del supuesto espionaje a su colaborador estrecho, forjado como Díaz Ayuso y Casado en Nuevas Generaciones de Madrid. Pero el avance vertiginoso de la jornada del jueves trajo, a media tarde, su dimisión "con efecto inmediato". Había llegado la primera víctima del conflicto interno.

Pero la fractura abierta en el seno del PP, lejos de amainar, aumenta con las horas. El posicionamiento de decenas de altos cargos y afiliados de toda España en uno y otro bando del conflicto interno lleva horas produciéndose en las redes sociales. A las puertas de Génova, incluso, se ha llegado a convocar una manifestación de apoyo a Díaz Ayuso.