La reforma laboral del Gobierno ha salido adelante en el Congreso gracias a un voto: el de un diputado del PP. Se trata de Alberto Casero, una persona muy cercana a Teodoro García Egea que, en una equivocación en su voto telemático, ha convalidado el Decreto Ley, ya que sin ese voto no habría salido adelante debido a la negativa de dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) a votar a favor, saltándose así la disciplina de partido.

El diputado ha acudido al Congreso para tratar de enmendarlo, pero se ha encontrado con la negativa de la cámara. Según el Partido Popular, su diputado, que estaba enfermo, ha emitido el voto correctamente, pero ha sido erróneamente registrado por la cámara baja.

Alberto Casero Ávila (Cáceres, 1978), estudió en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo y es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura. Comenzó su carrera en la política en las Nuevas Generaciones del Partido Popular, afiliándose cuando cumplió la mayoría de edad.

Más tarde, en 2001, fue elegido como presidente de la provincia y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Nuevas Generaciones, hasta 2006. En 2003, se convirtió en el diputado más joven de la Asamblea de Extremadura, donde ejerció como Portavoz del Grupo Popular en Economía, Empleo, Industria, Comercio y Turismo, así como portavoz de Jóvenes y Deporte, hasta 2011.

En 2007 fue elegido Secretario General del Partido Popular de Cáceres, algo que compatibilizaba con ser el presidente del partido a nivel local, cargo que ejercía desde 2005.

A partir de 2011, ejerció como senador por Cáceres, hasta 2015. Entre 2011 y 2019, fue alcalde de su localidad natal, Trujillo. Ganó las elecciones con el 64,68% de los votos, mayoría absoluta, que repitió en las elecciones de 2015, con el 54,87%. 

Fue en 2019 cuando se convirtió por primera vez en diputado del Congreso de los Diputados, cargo que ostenta hasta hoy, junto con el de Secretario Ejecutivo Nacional de Organización del PP.

Investigado por presunta corrupción

El juzgado número 2 de Trujillo comenzó a investigar en noviembre de 2021 a Casero por presunto delito de prevaricación continuada, según informaban medios locales. 

Concretamente, la investigación se centra en la contratación de diversos servicios por parte del Ayuntamiento cuando era alcalde (2011-2019) sin cumplir con los requisitos legales necesarios.

Entre estas contrataciones, destaca una de 30.000 euros por parte de la Cámara de Comercio de Perú en España y otra por valor de 56.628 euros derivados de la celebración de los premios PopEye.

Una vez que concluya la investigación, la causa se derivará al Tribunal Supremo, pues Casero está aforado al ser diputado, para comprobar si hay indicios de delito.