"La gente no hace viajes, son los viajes los que hacen a la gente", decía Steinbeck el siglo pasado, muchos años antes de que el coronavirus surgiera para limitar las vivencias de la población también en este aspecto. Si desplazarse entre países de la UE ya se había convertido en una auténtica odisea con la aparición del SARS-CoV-2, ahora puede resultar aún más complicado. Al menos para algunos ciudadanos comunitarios. Las nuevas guías de la Comisión Europea sobre el pasaporte COVID, unidas a las recomendaciones vigentes sobre vacunación y a las consecuencias de la sexta ola, dificultan todavía más los movimientos y dejan en el limbo a algunos habitantes de los Veintisiete.
La normativa europea establece desde el 1 de febrero la caducidad del documento de vacunación de la UE a los nueve meses de recibir la segunda dosis del suero, mientras las autoridades aconsejan esperar cinco para administrar el tercer pinchazo en caso de haber contraído la infección. ¿El problema? La saturación de los centros sanitarios durante la sexta ola provocó que muchos contagios no se confirmaran por PCR, la única forma de obtener después un certificado de recuperación para viajar. Así, muchos españoles no cuentan con ninguna de las dos cosas, ni vacunación en vigor ni curación acreditada, y se verán obligados a recurrir a un test de antígenos o una PCR para viajar.
Ante esta circunstancia, los afectados no han tardado en mostrar su desconcierto y su indignación en redes y en pedir soluciones a las autoridades. Los más de once millones de test de antígenos realizados en esta sexta ola, de los cuales 3,5 han resultado positivos, según la información de Sanidad, dan una idea de la dimensión de la coyuntura. Y ni siquiera, pues se trata de unos datos infraestimados, ya que no todos los contagiados comunicaron a las autoridades su infección detectada con una prueba de autodiagnóstico y algunas comunidades no transmitieron estos datos al Ministerio cuando los tenían.
En este sentido, la Comisión Europea propuso el jueves pasado incluir las pruebas de antígenos de laboratorio de alta calidad entre los tipos de test con los que se puede emitir un certificado. Sin embargo, el problema persiste para estos ciudadanos hasta que el Europarlamento y el Consejo respalden la medida, mientras que todavía no hay solución para quien se practicó una de estas pruebas en su propia casa y dio positivo.
"Es un estado de indefensión. No te queda otra que arriesgarte"
En esta situación se encuentran Juan y Laura, nombres ficticios de un matrimonio de Toledo que se vacunó el pasado verano y tiene previsto un viaje a París para marzo. Mientras esperaban en enero que los citaran para la dosis de refuerzo, ella se contagió de coronavirus y resultó positiva en un test de antígenos en uno de los puntos habilitados por el Gobierno regional para pruebas oficiales en la capital castellanomanchega. La decepción llegó cuando comprobaron que no podía descargar el certificado de recuperación, al no haberse confirmado por PCR.
"Es un estado de indefensión. No te queda otra que arriesgarte y saltarte las recomendaciones para no perder derechos"
"Tenemos cogido un viaje a Eurodisney para marzo, hemos ahorrado muchos meses para poder ir para el cumpleaños de los niños. Además, sin el certificado europeo de vacunación o de recuperación no es posible entrar en el parque. No sirve una PCR, que sí vale para viajar", lamenta Juan.
No obstante, no acabó ahí su agonía. Poco después de su esposa, se contagió él y, para evitar verse en la misma situación que ella, acudió a un laboratorio privado para realizarse una PCR que constatase la infección y le permitiese obtener después el certificado de recuperación. Ahora bien, teme que no sea suficiente al no haber recurrido a los servicios públicos. Ahora, se ven en la obligación de elegir entre perder el dinero del viaje o que Laura reciba la tercera dosis antes del tiempo aconsejado, pues su documento de vacunación habrá caducado para marzo.
Con el viaje en el horizonte, Juan comenta amargamente que se hallan en esta coyuntura tras haber seguido todas las normas sanitarias hasta la fecha, desde la inoculación de las dosis hasta avisar de la enfermedad por "los canales establecidos" y practicarse la pruebas requeridas. "Es un estado de indefensión total. Al final, mi mujer se va a vacunar. No te queda otra que arriesgarte para no perder derechos, aunque nos habría gustado evitarlo. Todo por un certificado administrativo que te obliga a saltarte las recomendaciones, porque está mal hecho, y que nos ha dejado a muchos en un limbo legal", se desespera.
Certificado de recuperación a mano
En una circunstancia similar se encuentra Alejandra, que completó su pauta vacunal a mitad de julio en Polonia -donde residía-, se contagió a finales de diciembre y dio positivo en un test de antígenos en su centro de salud en Zaragoza. Cuando pidió el certificado de recuperación al superar la enfermedad, su médico tuvo que elaborar uno a mano, "sin código QR", pues el oficial solo se obtiene con PCR.
"Cuando le pedí a mi médico el certificado de recuperación, le pilló por sorpresa. Al final, me lo hizo a mano, sin código QR"
Por plazos, el documento de vacunación de esta joven caducará en abril y los cinco meses recomendados para administrarle la dosis de refuerzo no se cumplirán hasta finales de mayo, un mes y medio después. Sin embargo, ha renunciado a recibir el tercer pinchazo en España por otra dificultad adicional: no consigue que le "convaliden" las dos primeras inyecciones que le inocularon en Polonia. "Si me pusiera aquí la de recuerdo, contaría como la primera", explica.
"Llamé a mi centro de salud y me dijeron que contactara con la Consejería de Salud de Aragón. Allí, me pidieron el lote de mi vacuna, que es un dato que no aparece en la documentación que me entregaron en Polonia. Para reconocer las dosis anteriores me exigen una información que no poseo y no tengo forma de solucionarlo, y no es por una mala praxis mía", recalca. Por todo ello, ha optado por recibir el pinchazo de recuerdo en el país europeo, donde se desplazará en junio con un test de antígenos.
Para atajar este problema, la Comisión Europea propuso el jueves pasado garantizar que los certificados de vacunación contengan el número total correcto de dosis administradas en cualquier Estado miembro y no solo en el país que expide el certificado.
"Estamos ante un limbo administrativo y legal"
Además de las recomendaciones generales de la UE, que pretenden homogeneizar los requisitos de viaje entre los Veintisiete, cada país podrá aplicar dentro de su territorio las medidas que estime oportunas. Así, cada Estado tendrá la potestad de imponer, por ejemplo, la presentación obligatoria de test -como ya hicieron algunos estados durante la etapa más dura de esta última ola- o cuarentenas. Uno de los países más restrictivos actualmente es Italia, que emplea un certificado 'reforzado' con una caducidad de seis meses en vez de nueve.
Allí vive Sofía, que está disfrutando de una beca Erasmus y necesita volver a España para hacer unos exámenes en su universidad de origen. En agosto recibió la segunda dosis y, a finales de diciembre, dio positivo en coronavirus en un test de antígenos, por lo que su documento de vacunación tiene más de medio año y no posee un certificado de recuperación. De acuerdo con la página del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, es posible entrar en el país con el pasaporte COVID de la UE, pero el problema de esta estudiante es que necesita uno 'reforzado' para llegar desde su ciudad al aeropuerto al no disponer de vehículo propio. "Es todo muy confuso", confiesa.
"Estamos ante un limbo administrativo y legal en el que los perjudicados somos nosotros y nuestros derechos fundamentales"
También a Italia tenía que viajar en marzo Cristina, diagnosticada de COVID hace dos semanas y a la que el documento de vacunación 'reforzado' válido en el interior de Italia le caduca unos días antes de su vuelo. "No entiendo que no te den el certificado de recuperación con una prueba de antígenos realizada en el centro de salud, haciéndote un seguimiento incluso con rastreadores militares que llaman todos los días y con una baja laboral en la que se especifica que es por COVID", se asombra.
"La única solución que tengo es vacunarme arriesgándome a que pueda pasarme algo o cancelar mi viaje con todo lo que supone, pérdida de billetes de avión, hoteles... Desde la Gerencia de Sanidad de mi comunidad, Castilla-La Mancha, no me dan solución, ya que ni contestan al teléfono ni al email de incidencias. Estamos ante un limbo administrativo y legal en el que los perjudicados somos nosotros y nuestros derechos fundamentales al restringirnos la libre circulación", ahonda.
Para evitar todos estos problemas de desplazamiento dentro del país y acceso a servicios como hoteles o restaurantes, así como la incertidumbre sobre el uso de cada documento, Raúl ha decidido cambiar de destino. Vacunados él y su mujer desde julio y diagnosticados con un autotest de antígenos a mitad de enero en su propia casa, iban a volar a Florencia en unos días, pero se han decantado por anular el viaje y desplazarse a París. "No comprendo que no te den el certificado. No es que no me haya hecho la PCR porque no haya querido, sino porque Sanidad no me ha dado la opción", subraya.
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