Uno de los mayores dramas de la pandemia por Covid fue la muerte de cientos de personas mayores en las residencias, sobre todo durante la primera ola. Desde incluso antes de que se decretara el primer estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, los contagios y fallecimientos que se producen en estos recintos son ya una preocupación patente entre los consejeros, que no ocultan también las discrepancias sobre a quién le corresponde encargarse de una población especialmente vulnerable frente a la Covid, que ha engrosado en buena medida la lista de fallecidos durante la pandemia, en un número que sigue siendo incierto dos años después.

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Según consta en las actas del Consejo Interterritorial a las que ha tenido acceso 20 Minutos a través del Portal de Transparencia, la primera reacción del Gobierno a estas advertencias fue pedir que trataran con "rigor" la situación de personas especialmente vulnerables a la Covid. Fue días antes de que el 23 de marzo se desplegara la Unidad Militar de Emergencias (UME) para desinfectarlas, trasladar a enfermos o asistir a su personal en lo que fuera preciso.

"Respecto a las residencias, considera que son las comunidades autónomas las que deben gestionar y distribuir material que se debe abordar este tema con rigor y generosidad y considerando la especial vulnerabilidad del colectivo de personas mayores, así como el del personal sanitario", indicó a los consejeros el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, en el Consejo Interterritorial del 18 de marzo.

Ese día se intensificaron las llamadas de atención de los consejeros sobre la situación en las residencias. La consejera valenciana, Ana Barceló, comenta que "comienzan a tener problemas en residencias personas mayores por la aparición de casos y fallecimientos. Por ello, han tomado la decisión de ordenar su inspección, tanto de las públicas como de las privadas, para conocer la situación en la que se encuentran", dice.

El consejero de Andalucía, Jesús Aguirre, incide en que para entonces las residencias "son uno de los puntos de mayor preocupación, debido a que presentan un mayor volumen de casos y fallecidos que el resto de la población". 

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La cuestión de qué hacer con los residentes contagiados y su traslado a los hospitales ya se evidenciaba como un problema días antes. "Las residencias, incluso privadas, no quieren tener casos positivos y los llevan a los hospitales, provocando saturación", informa en la reunión del 13 de marzo la entonces consejera del País Vasco, Nekane Murga. Según dice, "están preparando dos hospitales de menor perfil para estos casos", es decir, para las personas que viven en residencias, que en marzo de 2020 se convirtieron en "focos" de contagios según advirtieron varios consejeros en las reuniones de aquel fatídico mes.

También un día antes del decreto de estado de alarma, la entonces consejera de Aragón, Pilar Ventura, ya ofrece algunas cifras. "Tienen 80 casos, siete fallecidos y en UCI tres pacientes. Gran parte de los casos son pacientes de residencias de ancianos con múltiples patologías".

En los días siguientes, ya entrado el mes de abril, los consejeros siguieron ofreciendo datos de cómo la Covid había entrado en las residencias de mayores. En Baleares, el 16 de abril, el 17% de los fallecimientos por la pandemia se habían producido en estos centros, desde el que el traslado a "hospitales de agudos" estaba bastante "controlado" un mes después de empezar el confinamiento, según su consejera, Patricia Gómez. El 30% de las residencias de Castilla y León habían registrado muertos, explicó su entonces consejera, Verónica Casado, que apuntaba que en estos momento su gobierno autonómico "centraba sus esfuerzos en las residencias".

En este escenario, es llamativa la forma sucinta en la que el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, trata esta cuestión en esa reunión de mitad de abril, en la que tras una extensa intervención que tocó desde una mejora en la situación de los hospitales, la gestión de residuos hospitalarios o la gestión de los resultados de los PCR y las pruebas de antígenos, se limita a indicar que los datos de fallecidos en residencias en la Comunidad de Madrid -donde habían sido polémicas sus decisiones para limitar su traslado a los hospitales- se ciñen a los "informes de sanidad mortuoria"

"Respecto a las cifras de los fallecidos en residencias comunican los datos que contabilizan los servicios de salud pública, cuando disponen de los informes de sanidad mortuoria, y se corresponden con la sospecha o con COVID positivo confirmado", explicó Ruiz Escudero.