Un día después de prorrogar la obligación del uso de la mascarilla por la calle en el Congreso, el Gobierno se abre a revisar esta decisión, que podría llegar en los próximos días. Este es el plazo temporal que apuntan fuentes autonómicas tras la discusión que se ha producido sobre las mascarillas en el Consejo Interterritorial de Sanidad de este miércoles, al que Madrid, Cataluña o Castilla y León han acudido reclamando la derogación ya de la medida. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha contestado que el uso de la mascarilla la debatirán los directores generales de la Comisión de Salud Pública, un órgano que se celebra todas las semanas, según ha recordado.

Madrid, Cataluña, Castilla y León y Galicia piden acabar con las mascarillas en exteriores

Darias no ha precisado cuándo habrá una nueva decisión sobre las mascarillas -previsiblemente para que dejen de ser obligatorias por la calle- en una rueda de prensa posterior a su reunión con los consejeros autonómicos en la que ha reiterado que la medida tendrá como duración "el tiempo estrictamente imprescindible". Como este martes en el Congreso, ha vuelto a vincularla a la evolución epidemiológica, que este miércoles registra un nuevo descenso de la incidencia acumulada, que se sitúa en 2.524 casos por 100.000 habitantes a 14 días y encadena una reducción del 21% que empezó hace tres semanas.

"Es una medida estrictamente temporal, estamos en el camino adecuado y estamos más cerca de modular esta medida, si así lo decide el Consejo Interterritorial de Sanidad", ha dicho Darias.

En concreto, la decisión la tomarán los directores generales de Salud Pública de Ministerio y comunidades que, según fuentes conocedoras del debate en torno a las mascarillas de este miércoles, podrá ser "en los próximos días". Preguntada por este plazo, la ministra se ha limitado a recordar que "hay Comisión de Salud Pública todas las semanas".

También al término de la reunión, el consejo madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado su posición en contra porque "solo entendemos que se debe utilizar en situaciones de grandes aglomeraciones o cuando no se garantice una distancia de 1,5 metros". "Va a ser complicado que los españoles entiendan esta decisión cuando no hay base científica que nos permita conocer la transmisión en el uso de mascarillas en el exterior", ha añadido. 

Por su parte, el consejero de Murcia, Juan José Pedreño, ha manifestado su queja por que el Gobierno no analizara esta medida en el Consejo Interterritorial antes de llevar su prórroga al Congreso, mediante la convalidación del decreto-ley. "La mascarilla es importante, ha protegido frente al contagio y en el interior es imprescindible, pero un asunto de esa importancia se debe abordar y consensuar contando con los informes técnicos. Su uso en el exterior se debe circunscribir exclusivamente a cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad", señala la postura de esta comunidad.

Adelantar la revisión de los aforos deportivos

Por otra parte, el Consejo Interterritorial ha tomado otra decisión que va también en línea con la mejora de los datos sobre la que se asentará la eventual retirada de la obligación llevar la mascarilla por la calle. En lugar de esperar a final de mes, la ministra y los consejeros se han emplazado a revisar ya la semana que viene los aforos de los estadios de fútbol y baloncesto profesional, que hace apenas una semana se decidió mantener congelados en el el 75% para los que sean al aire libre del 50% en los espacios cerrados. 

Registro vacunal

Por otra parte, el Consejo Interterritorial ha acordado crear un sistema de información de vacunación que tomará como ejemplo el que se creó para recabar datos de la vacunación contra la Covid -y que acumula ya 90 millones de datos vacunales de más de 42 millones de personas- para extenderlo a toda la vida vacunal de cada ciudadano, de modo que las comunidades dispongan de información de todas las vacunas que se ha puesto cada uno a lo lago de su vida.

El proyecto todavía tardará en ver la luz, porque la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, se ha referido este miércoles a 2022 y 2023 como los años en los que se realizarán los trabajos técnicos para ello, entre otros aspectos para el tratamiento legal de los datos sobre la "historia de vacunación de cada ciudadano".

"Supone una mejora potencial de cara al futuro", ha defendido Calzón sobre un acuerdo que ha contado con el voto favorable de las comunidades, a excepción de Castilla y Léon y la Comunidad de Madrid, que se han abstenido. El consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho que le parecía una solución demasiado costosa y ha propuesto una mayor reflexión mirando el coste oportunidad.