El PSOE se abre a "adaptar" la ley de vivienda tras las dudas del CGPJ y provoca un nuevo choque con Podemos

  • La decisión del CGPJ de tumbar un informe favorable retrasa la aprobación de la ley, fijada para este martes.
  • La ministra de Transportes dice que "valorarán" la opinión del órgano judicial respecto al negociado texto.
  • Fuentes moradas aseguran que no van a "aceptar" ningún cambio: "Sería un grave incumplimiento de los acuerdos".
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, este lunes en el puerto de Barcelona.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, este lunes en el puerto de Barcelona.
EFE

La pugna entre PSOE y Unidas Podemos en relación a la ley de vivienda, que tuvo bloqueada la norma durante meses, se reabre por culpa de un invitado inesperado: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después de que, el viernes pasado, la mayoría del órgano de gobierno de los jueces rechazara un borrador de informe que avalaba la validez legal del texto impulsado por el Ejecutivo, este lunes la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, abrió la puerta a "adaptar" la norma en función de lo que plantee el CGPJ a finales de enero. Por el contrario, Unidas Podemos asegura que no va a "aceptar" ningún cambio en una ley que costó muchos meses negociar, y exige al PSOE que "cumpla su palabra" y respete lo pactado de forma "íntegra".

El pasado viernes, el pleno del CGPJ decidió, por una amplia mayoría de 15 votos a seis, tumbar una propuesta de informe elaborada por uno de sus vocales que, en líneas generales, avalaba el anteproyecto de ley de vivienda elaborado por el Gobierno y consideraba que respetaba el derecho a la propiedad privada. La argumentación de los jueces, básicamente, se basa en las dudas que genera a una parte del CGPJ que el Estado legisle sobre una materia, la vivienda, que es competencia autonómica. El órgano no se pronunció sobre los asuntos más polémicos de la ley, como el mecanismo de regulación de los alquileres, pero la parte de Unidas Podemos del Ejecutivo espera que el nuevo informe sea bastante crítico con la norma en favor de "los intereses del mercado inmobiliario y los fondos buitre".

Con esta situación, la opinión del CGPJ, que habitualmente no es más que un mero trámite, ha generado una gran expectación. Y, pese a que las conclusiones del informe no son vinculantes y no obligarían al Gobierno a hacer ningún cambio en la ley de vivienda, la ministra Sánchez se mostró partidaria de "esperar" a conocer el informe definitivo y abrió la puerta a hacer modificaciones en el texto. 

"En el momento en que se produzca lo valoraremos y, evidentemente, tomaremos en consideración el contenido del informe para poder adaptar la ley, si es preciso, a las consideraciones que se realicen", sostuvo este lunes. Tras una visita al puerto de Barcelona, también lamentó la demora que este trámite va a significar, ya que el Ejecutivo tenía previsto aprobar este martes la ley, aunque finalmente sí pasarán por el Consejo de Ministros tanto el Plan Estatal de Vivienda como el bono joven del alquiler.

En este sentido, fuentes de Moncloa añadieron que, en todo caso, podrían estar dispuestos a retocar "aspectos técnicos". Esas cuestiones, sin embargo, no fueron concretadas, tampoco por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este lunes se limitó a trasladar que el Ejecutivo “mirará con respeto” el informe del CGPJ. En una comparecencia en La Moncloa por la visita del canciller alemán Olaf Scholz, añadió que el Gobierno “comparte la necesidad de un mayor compromiso desde lo público para facilitar el acceso a la vivienda y convertirla así en el quinto pilar del Estado del Bienestar", lo que “ocurrirá” cuando aprueben definitivamente el articulado.

Que el PSOE esté dispuesto a reabrir el texto de la ley de vivienda no es baladí, ya que plantea la posibilidad de que se alteren los delicados equilibrios que permitieron que los socialistas y Unidas Podemos pactaran la norma. El texto se acordó con nada menos que nueve meses de retraso, y para alcanzar ese punto intermedio tanto el PSOE como Unidas Podemos tuvieron que ceder en algunos de sus postulados. Por ello, modificar en la ley aspectos como el mecanismo de regulación de los alquileres o el establecimiento de recargos en el IBI para los pisos vacíos -cuando el propietario tenga cuatro o más inmuebles- podría desequilibrar la ley y provocar que alguna de las partes exija reiniciar la negociación.

Los morados, tanto en público como en privado, se muestran radicalmente en contra de hacer modificaciones en el texto de la ley de vivienda, y hacen hincapié en que el informe del CGPJ, diga lo que diga, no es vinculante. En este sentido, la secretaria de Vivienda de Podemos, Alejandra Jacinto, se mostró este lunes confiada en que el PSOE "cumpla su palabra y saque adelante la primera ley de vivienda de la democracia" sin hacer ningún cambio en su contenido. Fuentes del partido, por su parte, aseguran que el PSOE no ha planteado a Unidas Podemos su intención de introducir modificaciones, al menos por el momento, y aseguran que hacer cambios en el texto "sería un grave incumplimiento de los acuerdos suscritos entre los socios de Gobierno".

Jacinto, eso sí, se mostró mucho más beligerante que los socialistas con el CGPJ, al que acusó de "extralimitarse" en sus funciones y utilizar sus supuestas dudas sobre la posible invasión de competencias autonómicas como "coartada" para intentar torpedear algunos de los mecanismos más polémicos de la ley de vivienda, como la regulación de precios del alquiler en zonas tensionadas. La dirigente de Podemos denunció que el CGPJ está facilitando "mantener una legislación a favor de los monopolios inmobiliarios", y sostuvo que la ley, tal y como la ha redactado el Gobierno, "es sumamente respetuosa con las competencias de las comunidades".

"Estamos preocupados por el giro de 180 grados del CGPJ, que ha pasado de hacer una recomendación favorable" a la aprobación de la ley "a un pronunciamiento desfavorable", resumió Jacinto, que insistió en que la decisión "hace dudar de la imparcialidad de la que debería hacer gala este órgano".

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