La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas alcanzó un nuevo máximo histórico en el tercer trimestre tras alzarse hasta los 1,43 billones de euros, según ha informado este martes el Banco de España. Sin embargo, pese a que el pasivo español ha vuelto a alcanzar una cuantía sin precedentes, el avance de la recuperación económica ha provocado que la deuda en relación al PIB -la forma más habitual de medirla- se haya reducido hasta el 122,1%.

La deuda como porcentaje del PIB tocó su techo histórico en el primer trimestre de 2021 cuando alcanzó el 125,3% y desde entonces se ha ido reduciendo progresivamente a la vez que la situación sanitaria ha ido mejorando. El Gobierno confía en que el presente ejercicio concluya con un pasivo público nacional del 119,5% del PIB, una cifra ligeramente inferior a la que recogen las últimas proyecciones macroeconómicas internacionales publicadas (la OCDE estimó un 120,1% sobre el PIB y la UE un 120,6%).

El grueso de la deuda nacional está en manos del Estado. Nueve de cada diez euros de deuda (1,281 billones) corresponden a la administración central, mientras que otros 312.000 millones están en manos de las comunidades autónomas y otros 22.000 millones proceden de las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos...).

Desde que estalló la crisis del coronavirus en marzo de 2020, el monto total de la deuda pública se ha incrementado en un 19,2%, un repunte que ha ido destinado a sufragar partidas como el gasto sanitario para combatir la pandemia, los programas de estímulo de la economía y los planes de conservación del empleo (ERTE). El pasivo en manos del Estado es ahora un 17% superior que lo registrado en febrero de 2020, mientras que las comunidades autónomas tienen una deuda un 4,7% mayor que entonces. En cambio, las corporaciones locales -cuyo protagonismo a la hora de hacer frente a la pandemia ha sido menor- han reducido su deuda un 4,1%.

El sector de la administración que más ha visto deterioradas sus finanzas ha sido la Seguridad Social. La deuda de las administraciones de la Seguridad Social es ahora un 67% más elevada que antes de que comenzara la pandemia, algo que no sorprende dado que este organismo se ha hecho cargo de sufragar los ERTE, las prestaciones para autónomos y las ayudas a los afectados por la Covid.

A nivel autonómico, Cataluña (82.936 millones), Comunidad Valenciana (52.301 millones), Andalucía (36.428) y Madrid (34.150) son las regiones que acumulan mayor cantidad de pasivo. Sin embargo, si se relaciona la deuda con el PIB los territorios más endeudados son la Comunidad Valenciana (47,8% sobre el PIB), Castilla-La Mancha (38,7%), Cataluña (37,2%) y Murcia (37%). En el otro lado del espectro, las comunidades con una situación más saneada son Canarias (14,2%), Madrid (15,1%) y País Vasco (16,3%).

Finanzas muy deterioradas

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La crisis propiciada por la pandemia ha causado un daño extra a unas finanzas públicas ya de por sí maltrechas tras la sacudida de la gran recesión de 2008, un shock económico del que España todavía arrastra secuelas (por ejemplo, los niveles paro anteriores a 2008 nunca se han llegado a recuperar).

Con datos del segundo trimestre, España era la cuarta economía europea de la UE con mayor deuda en relación al PIB, solo por detrás de Grecia (207,2%), Italia (156,3%) y Portugal (135,4%). Además de España, Francia (114,6%), Bélgica (113,7%) y Chipre (112%) registran niveles de deuda mayores a su PIB, mientras que la media comunitaria ronda el 91%.

Las finanzas de la mayoría de los países de la UE han quedado muy dañadas por la pandemia y en estos momentos no estarían en disposición de cumplir con las reglas fiscales de la Unión Europea -que se encuentran suspendidas de manera excepcional por la pandemia al menos hasta 2023-. La discusión sobre cuál es el momento adecuado para recuperar el rigor fiscal y comenzar los procesos de consolidación presupuestaria (reducción de deuda y déficit) es una de las cuestiones clave que deben afrentar los Gobiernos en el corto plazo.

Los países más endeudados -encabezados por Francia- lideran un frente en Europa a favor de revisar las rígidas normas fiscales que rigen en la Unión. Las más conocidas, aquellas que penalizan a los países que superen el límite de deuda del 60% sobre el PIB y del 3% de déficit anual, se antojan muy difíciles de cumplir para varios Estados en los próximos años. Además, el contexto de tipos de interés históricamente bajos que ha sido la norma durante los últimos años hace que las condiciones de financiación de los Estados sean ahora más favorables que cuando se aprobaron las normas.

En cualquier caso, sea cual sea el momento, parece claro que el rigor presupuestario terminará por volver. El Banco de España ya ha sugerido al Gobierno en varias ocasiones que empiece a trazar las líneas principales de un plan de consolidación a medio plazo. No obstante, la institución bancaria mantiene su discurso de que, por el momento, es demasiado pronto para retirar estímulos a la economía con una recuperación aún en ciernes.