La UE retoma el debate para revisar las reglas de disciplina fiscal con la idea de reducir deuda sin dañar la recuperación

Sede de la Comisión Europea en Bruselas
Sede de la Comisión Europea en Bruselas
Europa Press

La Comisión Europea (CE) ha reabierto este martes el debate sobre la revisión de las reglas europeas de disciplina presupuestaria tras la pandemia, con la vista puesta en que permitan reducir la deuda pública sin impedir el crecimiento y movilizar la inversión necesaria para la transición climática.

Bruselas ha publicado para ello un documento en el que analiza la situación económica de la Unión Europea tras la crisis de la covid-19 y extrae las "lecciones" que deja para su marco de gobernanza, pero no hace todavía propuestas concretas de reforma, que no se esperan hasta bien entrado 2022.

La Comisión quiere ahora que los países se pongan de acuerdo sobre qué hacer con las reglas fiscales antes de 2023, año en el que está previsto que se vuelvan a retomar tras haber sido congeladas con la llegada de la pandemia. 

Para la Comisión, la pandemia ha provocado un aumento importante de los niveles de deuda y déficit, frenado la corrección de los desequilibrios económicos y creado nuevas vulnerabilidades, como cuellos de botella en las cadenas de suministros.

Sin embargo, señala la UE, algunos desafíos son ahora más urgentes, como la lucha contra el cambio climático o la digitalización, y otros -como la baja productividad, la escasa inversión o la desigualdad- sencillamente persisten. Y a la hora de revisar las normas fiscales, para la Comisión esto significa en primer lugar que habrá que perseguir una reducción gradual de los ratios de deuda pública que "no mate el crecimiento", explican fuentes comunitarias recogidas por la agencia EFE. La discusión, apuntan, no será sobre si es necesario rebajar la deuda, que de media roza el 93 %, sino sobre "el ritmo" al que se hará.

Las normas actuales obligan a que cuando la deuda rebase el 60 % del PIB, este exceso se reduzca en un veinteavo de su volumen cada año, lo que impondría recortes de varios puntos del PIB en algunos países europeos que superan con creces esa cota, como Grecia (209 %), Italia (160 %) o España (125 %). Pero Bruselas no se pronuncia sobre si debería cambiarse esta regla, que muchos expertos consideran poco realista.

Por otro lado, señala la Comisión, en los próximos años será necesario un nivel de inversión permanentemente alto, sobre todo para la transición climática, que requerirá 480.000 millones de euros adicionales cada año, según sus cálculos. Bruselas, sin embargo, no apunta de qué manera podría abordarse esta situación con las reglas fiscales. La Junta Fiscal Europea o el centro de estudios Bruegel, por ejemplo, abogan por excluir ciertas inversiones "verdes" del cálculo del déficit.

Varios países, incluidos España, Francia, Italia o Portugal, reclaman tener en cuenta estas necesidades al revisar las normas para evitar que los ajustes fiscales se traduzcan en drásticos recortes de la inversión, como ocurrió en la crisis financiera.

Suspendidas desde marzo de 2020

Hasta que estalló la crisis del coronavirus, la Unión Europea exigía a los Estados miembros mantener un déficit anual por debajo del 3%. En circunstancias normales y casos de incumplimiento, la Comisión Europea puede activar el Protocolo de Déficit Excesivo, una norma que exige a los países díscolos presentar un plan con medidas y políticas de ajuste para reducir el déficit junto con los plazos en que se aplicarán. Si los afectados se niegan pueden enfrentarse a sanciones.

Sin embargo, tras la llegada de la pandemia a Europa en marzo de 2020, la Comisión Europea activó la denominada cláusula general de escape y suspendió las reglas fiscales para que los Estados pudieran gastar más en medidas y políticas para hacer frente a la crisis del coronavirus. El pasado junio, la UE propuso formalmente prolongar esa suspensión al menos hasta 2023, año en que se espera que los países miembros hayan recuperado los niveles de PIB prepandemia.

España, una vieja incumplidora

España estuvo sometida al protocolo de déficit excesivo durante diez años. Tras el estallido de la crisis el déficit público nacional se disparó al 3,4% del PIB en 2008, lo que llevó al Consejo de la Unión Europea abrir un expediente al país en 2009 que se prolongó hasta 2019. Durante la mayor parte de la década pasada España incumplió el objetivo del 3% fijado por la UE, un umbral que no recuperó hasta 2018 cuando el desequilibrio presupuestario alcanzó el 2,5%.

Si las reglas fiscales se reactivaran en 2023 todavía habría siete países europeos que incumplirían la exigencia del 3% en ese ejercicio, según estimaba el Fondo Monetario Internacional la semana pasada. Se trata de República Checa (4,8%), Malta (4,7%), Bélgica (4,6%), España (4,4%), Francia (3,9%), Italia (3,5%) y Eslovaquia (3%). Incluso en 2026 todavía habría tres Estados europeos con un desequilibrio presupuestario negativo superior al 3% que exigen las reglas fiscales: Bélgica (5%), España (4,3%) y Francia (3,4%).

Respecto a la deuda pública, la UE exige que no supere el 60% del PIB, un umbral que España lleva incumpliendo sistemáticamente más de una década. La crisis de 2008 disparó rápidamente la deuda pública, que superó el 60,5% del PIB y alcanzó el 100% del PIB en 2014. A partir de ese año se logró estabilizar el pasivo nacional en torno a ese porcentaje, pero la sacudida del coronavirus volvió a disparar la deuda hasta el 125% del PIB en el primer trimestre de 2021, el máximo en la historia reciente. 

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