La negociación para aprobar la nueva reforma laboral se acerca a su final y tanto patronal como sindicatos echan el resto para intentar que el texto se acerque lo más posible a sus posiciones. Si hace unos días eran los empresarios los que lanzaban un órdago al Ministerio de Trabajo planteando un paquete de propuestas mucho más restrictivo que el diseñado por el Gobierno, este jueves fueron los sindicatos los que elevaron la presión al Ejecutivo, al que advirtieron que no debe dar "por sentado" su apoyo y al que avisaron de que solo firmarán la reforma laboral si el texto es "taxativo" a la hora de "reducir la temporalidad".

En esos términos se pronunciaron los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, apenas dos días después de que Trabajo, patronal y sindicatos mantuvieran una última reunión en la que hubo ciertos avances en relación a las medidas para reducir la temporalidad del mercado laboral, pero aún no un acuerdo. El Gobierno y los agentes sociales mantendrán un nuevo encuentro este viernes para intentar desbloquear este asunto, el que está resultando más espinoso a la hora de alcanzar una posición conjunta.

Díaz se centra en acotar las causas que permitirán hacer contratos temporales tras aceptar no limitarlos a un porcentaje

Habida cuenta del malestar que generó en la patronal, Trabajo ha retirado su propuesta para establecer un porcentaje tope de contratos temporales para cada empresa en función de su tamaño, y ha sustituido ese modelo por otro en el que lo que se acota es el tiempo por el cual una empresa puede justificar que las circunstancias de la producción le obligan a reforzar temporalmente su plantilla. Según la nueva propuesta del Gobierno, ese crecimiento de la plantilla a través de contratos temporales podría durar un máximo de tres meses, y además Trabajo y los sindicatos buscan definir de manera muy restrictiva las causas que podría alegar una empresa para realizar estos contratos.

Este modelo parece haber gustado más a sindicatos y patronal que el basado en limitar a un porcentaje de la plantilla la tasa de temporalidad. Pero aún están por definir asuntos como el tiempo máximo que podrá reforzarse la plantilla con contratos temporales -la CEOE quiere ir más allá de esos tres meses y los sindicatos rebajar ese tiempo- o la definición de las causas que puede alegar una compañía para realizar una contratación de este tipo. Esos son los asuntos clave que centran ahora mismo las conversaciones, y tanto es así que la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, admitió este jueves que son la "gran complejidad" a resolver.

Díaz, no obstante, sigue insistiendo en que el Gobierno cumplirá el calendario previsto y aprobará su reforma laboral antes de fin de año. Con ella coincidió este jueves Unai Sordo, que afirmó que es "factible" cumplir esos plazos, aunque advirtió de que la negociación va "justa de tiempo". "La gran duda es si va a haber un acuerdo tripartito, bipartito o si no va a haber acuerdo", deslizó sin embargo Sordo. Y fue más allá al señalar que "todas las posibilidades están abiertas, incluso el acuerdo con las organizaciones empresariales" que no incluya a los sindicatos.

Los sindicatos avisan y la patronal guarda silencio

Díaz asegura que la reforma laboral estará lista este año "sin lugar a dudas"

Las declaraciones de Sordo son un aviso a Díaz para que no ceda a las peticiones de la patronal, y de hecho el secretario general de CCOO avanzó que su sindicato solo firmará el acuerdo si es "taxativo para reducir la temporalidad" y "recupera los equilibrios en la negociación colectiva". A este respecto, Sordo señaló que la "clave" de los nuevos contratos temporales, en opinión de CCOO, debe ser que solo estén permitidos "cuando respondan a una causa meridianamente objetivable". "A nadie se le escapa que hay veces que se necesitan contratos temporales, como por ejemplo ahora en Navidades [...], pero eso es una cosa, y otra es que las empresas se hayan acostumbrado a tener 20% o 30% de su plantilla con contratos temporales", espetó.

En esa misma línea se pronunció horas más tarde Pepe Álvarez, que exigió al Gobierno que no rebaje los límites a la temporalidad ante la pretensión de los empresarios. "Parece que aquí a veces se piensa que solo la patronal no está de acuerdo [con algunas propuestas], y nosotros con mucha moderación, pero también con absoluta exigencia, vamos a exigir al Gobierno acabar con la precariedad" y otorgar "estabilidad al empleo", sostuvo el líder de UGT. Para Álvarez, el modelo que se implante en la nueva reforma laboral debe suponer que, el año que viene, la tasa de temporalidad haya bajado "por lo menos diez puntos".

Para dar más peso a sus argumentos, este jueves CCOO presentó un informe realizado en colaboración con el Instituto de Economía de Internacional de la Universidad de Alicante que cifra en nada menos que el 48% el número de asalariados que tienen un trabajo que puede considerarse precario por una o varias circunstancias. Este porcentaje asciende al 54% en el caso de las mujeres y al 75% para el colectivo de jóvenes trabajadores con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años. Los sindicatos consideran, precisamente, que gran parte de la culpa de estas cifras la tiene la reforma laboral de 2012 cuya modificación ahora se negocia.

Mientras las organizaciones sindicales presionan públicamente al Gobierno, la CEOE, que durante meses sí fue muy prolija a la hora de criticar en público los planteamientos de Díaz, ha optado ahora por una estrategia de silencio. Las dos próximas semanas serán claves para determinar cuál será finalmente el contenido de la reforma laboral. Pero, una vez acabe esa negociación, vendrán otras, ya que CCOO y UGT, así como también la propia vicepresidenta Díaz, ya han dejado caer que los salarios deben subir para hacer frente a la elevada inflación. De hecho, los sindicatos anunciaron este jueves que se concentrarán el próximo jueves 16 en las sedes de la CEOE de Madrid, Valladolid y València bajo el lema "Ahora, los salarios. ¡Pagad más!".