Este miércoles, tras varios días de máxima tensión, PSOE y Unidas Podemos se pusieron de acuerdo en la forma en la que abordarán la negociación de la reforma laboral con los agentes sociales, pero también en que tienen que volver a ponerse de acuerdo sobre el diseño de la reforma. A pocas semanas de que concluya el plazo previsto para las conversaciones con patronal y sindicatos -si se cumplen los plazos previstos-, ambas formaciones pactaron reunirse el martes que viene para "fijar la posición del Gobierno en la mesa de diálogo social", de lo que parece deducirse que existen diferencias entre socialistas y morados en relación al diseño que debe tener la nueva legislación.
A partir de ahora, las conversaciones con patronal y sindicatos seguirán estando lideradas por el Ministerio de Trabajo, pero incluirán a representantes de menor rango de Economía y Seguridad Social. Y lo pactado este miércoles implica que no se descarta tener que reabrir algunos de los asuntos clave ya negociados o en proceso de ser acordados con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Por ello, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, exigió al PSOE fijar de una vez "los límites y el alcance de la reforma laboral", pese a que los socialistas insisten en que no hay diferencias de fondo y que las discrepancias se circunscribían el "método" de negociación. Estas son algunas diferencias:
La prevalencia del convenio de empresa
Díaz pidió este miércoles a los socialistas conocer su posición en torno a la "prioridad del convenio de empresa", una medida que está recogida en la legislación laboral española desde que la introdujo el PP con su reforma laboral de 2012. Básicamente, este precepto establece que los convenios de empresa siempre prevalecen sobre los sectoriales, algo que rechazan el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, que entienden que, sobre todo en compañías pequeñas, el empresario puede tener una mayor capacidad de presión sobre los trabajadores a la hora de firmar un convenio que empeore sus condiciones en relación al sectorial.
Por ello, Trabajo y sindicatos han apostado desde el inicio de la negociación, el pasado marzo, por acabar con esta medida y devolver a los convenios sectoriales su primacía sobre los de empresa. El Banco de España rechazó hace unos días ese cambio, pero PSOE y Unidas Podemos parecen tenerlo claro, ya que el acuerdo de coalición entre ambos incluye la promesa de derogar "la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales".
La ultraactividad de los convenios
Otra de las medidas clave que se está negociando en el seno de la mesa del diálogo social es la vuelta de la ultraactividad de los convenios, lo que supondría derogar otra de las medidas incluidas en la reforma laboral de 2012 que más han criticado los sindicatos. Hasta ese año, los convenios cuya vigencia caducaba seguían en vigor hasta la firma de uno nuevo, algo que cambió con la reforma del PP, lo que supone un incentivo para algunas empresas para no sentarse a negociar un nuevo acuerdo con los trabajadores.
En este sentido, Trabajo se ha mostrado partidario de devolver la ultraactividad a los convenios, es decir, legislar para que sigan aplicándose aunque caduquen mientras empresa y trabajadores llegan a un nuevo acuerdo. Y el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, de nuevo, es claro en este mismo sentido: "Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo".
La subcontratación
El tercero de los grandes asuntos que han protagonizado las negociaciones sobre la reforma laboral es la reforma de la subcontratación. En resumen, Trabajo -en línea con lo que piden las centrales sindicales- apuesta por que el convenio sectorial sea el mínimo exigible a las empresas subcontratadas, para evitar que compitan en base a rebajar salarios, y además quiere limitar a casos tasados las circunstancias en las que una compañía puede recurrir a una subcontrata para realizar parte de su trabajo.
En este sentido, el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos incluye la modificación del "artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral", con el fin de "limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa". Y, asimismo, en el programa de reformas enviado a Bruselas para recibir los fondos europeos, el Gobierno se comprometió a hacer cambios en esta modalidad de contratación "para mejorar los derechos de las personas que trabajan en empresas subcontratadas".
La modificación unilateral de las condiciones
Otro de los asuntos sobre los que Díaz puso el foco este miércoles fue "el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores", el que regula la "suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor". Tal y como refleja su encabezado, ese artículo otorga un amplio margen al empresario para modificar unilateralmente las condiciones del trabajador alegando para ello razones como "pérdidas actuales o previstas".
Esta también fue una de las medidas más criticadas por sindicatos y partidos de izquierda de la reforma laboral del PP de 2012. El pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es en esta ocasión menos prolijo, aunque deja claro que el acuerdo del Gobierno es "limitar" la "capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa". Y el acuerdo remitido a Bruselas plantea, por su parte, el compromiso de poner en marcha "un mecanismo permanente de flexibilidad interna y recualificación de trabajadores en transición".
La temporalidad y la parcialidad
El quinto objetivo fundamental de Trabajo en relación a la reforma laboral es poner fin a la temporalidad desbocada en el mercado de trabajo español. Díaz apuesta por establecer el contrato indefinido como el que se firme por defecto, limitando la contratación temporal a una serie de supuestos muy tasados, una posición que comparten los sindicatos pero que rechaza tajantemente la patronal. Trabajo ha propuesto englobar en un único contrato los actuales de prácticas y formación, así como reformular el contrato fijo discontinuo para que los trabajadores contratados temporalmente de manera estacional puedan acogerse a él y tener mayor estabilidad.
En este sentido, el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a abordar la "simplificación de contratos" y a poner en marcha la "generalización del contrato indefinido", lo que implica sujetar la contratación temporal a una "causalidad" determinada. Y ese compromiso también está recogido en el acuerdo de coalición, donde PSOE y Unidas Podemos se comprometen a reforzar "el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento, de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo". Asimismo, ambos partidos pactaron "explorar las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales".
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