Sánchez dará hoy luz verde a la compra del 22% de Naturgy por parte de un fondo radicado en las Islas Caimán

Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada.
EFE
El Consejo de Ministros ha autorizado la compra del 22% de Naturgy. 
EUROPA PRESS

El Consejo de Ministros dará este martes su aprobación a la OPA realizada el pasado enero por el fondo IFM sobre Naturgy, una oferta que, de concretarse, supondrá que más del 22% de la empresa energética recayera en última instancia en manos de un fondo constituido en las Islas Caimán. La autorización de esta operación, promovida por el Ministerio de Industria, amenaza con abrir un nuevo frente dentro del Gobierno, ya que los ministerios de Unidas Podemos se oponen frontalmente a que más de una quinta parte de una empresa estratégica como Naturgy quede en manos de un fondo radicado en un país que, según la Agencia Tributaria, es un paraíso fiscal.

Tal y como ha podido confirmar 20minutos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende aprovechar el último Consejo de Ministros del curso político para dar luz verde a esta operación, pese a que el Ejecutivo tiene hasta septiembre para resolver la solicitud. El órgano revisará el expediente, además, apenas un día después de que IFM rebajase el precio de 23 euros a 22,07 euros por acción, debido a los dos dividendos repartidos por Naturgy entre sus accionistas desde marzo.

La entidad que ha lanzado la OPA sobre el 22% de Naturgy es Global InfraCo S.à.r.l., de titularidad luxemburguesa. No obstante, esta compañía es solo la última rama de un entramado societario compuesto por seis empresas cuya "titularidad real", según recoge el propio informe elaborado por el Ministerio de Industria, "corresponde en un 100% a IFM Global Infraestructure Fund". Una compañía, esta última, que Industria define como "un 'fondo principal' constituido en Islas Caimán", en el que invierten varios "fondos inversores" -sobre todo de pensiones- radicados en Australia, Reino Unido, EEUU o Canadá.

Este fondo radicado en las Islas Caimán está gestionado y controlado por IFM Investors Pty Ltd., una compañía australiana que ya está presente en dos empresas españolas: Aleática -la antigua OHL Concesiones- y FCC Aqualia. La primera de ellas es el primer operador de infraestructuras de transporte de España, donde gestiona dos autopistas de peaje o dos puertos. La segunda, de la que IFM Investors tiene el 49%, es la cuarta empresa de gestión de agua de Europa, según recoge el informe de Industria.

Tal y como publicó el diario económico Cinco Días, dicho fondo australiano cuenta con activos, según sus cuentas anuales, por valor de unos 4.000 millones de euros, y sus empresas en España han ingresado unos 172 millones de euros desde 2016. No obstante, frente a esas cantidades millonarias, las compañías que controla IFM han pagado un total de 83.000 euros en impuesto de sociedades en nuestro país desde ese año.

Un nuevo frente entre PSOE y Unidas Podemos

Industria propone que el Consejo de Ministros autorice la OPA a cambio de que IFM apoye la inversión de Naturgy "en proyectos vinculados a la transición energética en España" y se comprometa a, en los próximos cinco años, mantener el domicilio social y la sede de Naturgy en España, así como "una parte significativa de la plantilla del grupo". Y basa su recomendación en que el fondo radicado en las Islas Caimán -aunque controlado por una empresa australiana- "tiene una sólida reputación como inversor y una trayectoria de inversor a largo plazo", "ha declarado su intención de respetar el empleo y la localización de centros de decisión e inversiones" en España y no conseguiría el control sobre Naturgy.

Sin embargo, estos argumentos no convencen a la parte del Gobierno de Unidas Podemos, que rechaza la operación. El Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra ha planteado sus objeciones por escrito dentro en el seno del Ejecutivo, y ha criticado que un inversor como IFM -que "ha declarado que la adquisición de Naturgy tiene para ella un carácter exclusivamente de inversión"- hará "todo lo posible por maximizar los beneficios empresariales" y "se opondrá a cualquier decisión que pueda mermarlos". Y eso, para los morados, "ha de valorarse cuando se trata de una de las principales empresas eléctricas y de gas del mercado español, que vive fuertes tensiones por el precio de los suministros".

Derechos Sociales, además, hace hincapié en sus observaciones -remitidas al Ministerio de Economía de Nadia Calviño- en que "el coste de la operación" (unos 5.000 millones de euros, como máximo) "demuestra lo asequible que sería una participación pública que pudiese aportar en la definición de la estrategia de la empresa una orientación social bien distinta".

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