El Parlament de Catalunya ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox contra una proposición de ley sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional, por lo que la propuesta seguirá su tramitación parlamentaria en comisión.
La iniciativa, presentada por ERC, Junts, CUP y comuns, aspira a restituir y ampliar las medidas incluidas en el decreto ley 17/2019 y la ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y de los cuales el Tribunal Constitucional tumbó algunos artículos. Las enmiendas se han rechazado con los votos en contra de PSC, ERC, Junts, CUP y comuns; la abstención de Cs, y los votos favorables de Vox y del PP.
Las modificaciones introducen, entre otras cosas, la obligación de ofrecer un alquiler social antes de interponer determinadas demandas judiciales, prevén la creación de un registro de grandes tenedores con 10 o más propiedades, acotan a más de dos años el plazo para que las viviendas puedan considerarse desocupadas y contemplan la expropiación forzosa por incumplimiento de su función social.
La proposición, que se tramita por el procedimiento de urgencia extraordinaria, tiene tres artículos que proponen modificaciones de las leyes 18/2007, del derecho a la vivienda; 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, anulada en parte por una sentencia del Tribunal Constitucional, y 4/2016, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.
Acusan al PP y a Vox de "defender los intereses de los fondos buitre"
La diputada de la CUP Montserrat Vinyets ha acusado a PP y Vox de enmendar a la totalidad este texto porque quieren "asegurar los intereses de los de siempre: la banca, los fondos buitre y las socimis", y ha apuntado, ante la crítica sobre la falta de vivienda pública, que el incremento del parque público no solo pasa por la construcción, sino que hay otras medidas como las recogidas en esta proposición.
Por su parte, la diputada de los comuns Jessica González ha acusado al PP de que querer "ganar en los tribunales lo que ha perdido en las urnas", y ha puesto en valor la labor de los movimientos sociales para impulsar una iniciativa legislativa popular (ILP) para sacar adelante esta ley.
En su intervención, el diputado de ERC Pau Morales ha pedido al Gobierno central que amplíe la moratoria del decreto antidesahucios y "a los poderes del Estado, que dejen de frenar las aspiraciones sociales de Cataluña", en referencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional en contra de leyes sociales como esta, argumentando problemas de forma o competenciales.
La diputada de Junts Glòria Freixa ha llamado a trabajar bien esta ley en el Parlament y que comparezcan todos los actores en juego para "dotarla de seguridad jurídica para evitar que el TC vuelva a hacer de las suyas", tras lo que ha pedido medidas que eviten la confrontación entre las partes.
Por otra parte, la diputada socialista Eva Candela ha emplazado a los diputados a trabajar seriamente en esta ley en comisión, ya que considera que "va tarde" y que no se pueden buscar más excusas como que el TC la haya tumbado para no legislar en vivienda.
El PP critica que la proposición "vulnera la propiedad privada"
Por parte del PP, la diputada Lorena Roldán ha criticado que la Generalitat no haya invertido lo suficiente en un parque público de viviendas y ha criticado que la propuesta "continúa señalando al privado como responsable, vulnera el derecho a la propiedad privada y solo habla de los derechos de una parte".
El diputado de Vox Andrés Bello ha criticado que esta propuesta de ley "traslada a los propietarios privados las obligaciones que corresponden a las administraciones públicas", y ha criticado que los sucesivos gobiernos de la Generalitat han hecho una mala gestión de la vivienda en los últimos 40 años.
Por último, Joan García (Cs) ha calificado de estéril el texto porque "se basa en la expropiación, en medidas coercitivas y en la criminalización de la incitativa privada", y ha apostado por la construcción pública de vivienda y por generar incentivos a los propietarios privados.
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