"Denegado el derecho de asilo así como la protección subsidiaria". Una resolución, escueta pero contundente, recogida en un documento con el membrete del Ministerio del Interior, ha dejado a Isabel sumida en el miedo y la incertidumbre. Esta activista colombiana llegó a España huyendo de una muerte segura y con la esperanza de encontrar un amparo internacional que le ha sido negado. 

"Me han quitado el permiso de trabajo y estoy en una situación irregular. No puedo volver a mi país porque si vuelvo me matan. Se lo he transmitido a la Oficina de Asilo con pruebas. ¿Qué más piden? ¿Qué más tengo que demostrar para que me crean?", clama con desesperación esta líder social e indígena, a la que la lucha por los derechos de su pueblo y de las mujeres la colocaron en el punto de mira. Las amenazas, la utilización de sus hijos y finalmente el asesinato de una compañera en su propia casa la llevaron a tomar la difícil decisión de dejar su tierra: "Te das cuenta de que sales o mueres. No puedes denunciar". 

El testimonio de esta mujer sirve para poner voz a una circunstancia que lejos de ser excepcional marca la tónica general. Así se recoge en el decimonoveno informe anual que CEAR ha presentado este viernes, con motivo de la celebración el domingo del Día Mundial del Refugiado. El documento denuncia que de los 114.919 expedientes que se resolvieron en 2020, solo 5.745 -el 5%- obtuvieron una respuesta afirmativa, frente al 33% de media que registra la UE. Se trata de un porcentaje similar al de 2019, que ya supuso un fuerte descenso interanual del 24%. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado destaca que al menos sí se concedió la autorización de residencia por razones humanitarias a cerca de 41.000 personas, un 99% de ellas originarias de Venezuela. Esta medida permite residir y trabajar temporalmente en España, pero no implica ayudas. 

También resulta destacable la importante agilización de la resolución de las demandas. Esas casi 115.000 suponen el doble que las del ejercicio anterior -60.198- y casi diez veces más que las de 2018 -11.875-. De esta forma, se redujo en más de un 20% el volumen de personas que esperaban el resultado de su petición, aunque en diciembre aún eran 103.385.

Caída del 25%

En un año que el presidente de la ONG, Carlos Berzosa, ha definido de "luces y sombras", el número de solicitantes de protección internacional cayó un 25%, al pasar de 118.264 a 88.762. Esa caída puso fin al aumento ininterrumpido que se venía dando desde 2012. La crisis sanitaria mundial cerró fronteras y limitó la movilidad pero pese a ello, 2020 fue el segundo año con más peticiones de la serie histórica. 

CEAR

"Preocupa la persistencia de obstáculos de acceso al procedimiento, acentuados a consecuencia de la pandemia. El confinamiento estricto de la primavera llevó aparejada la suspensión de todo trámite presencial ante la Oficina de Asilo y las comisarías competentes. A partir de junio la situación se fue normalizando, aunque las dificultades derivadas de las medidas adoptadas para evitar la transmisión de la Covid añadieron nuevas trabas", indica el informe. Frente a eso, el documento pone en valor las medidas del Gobierno en favor de los solicitantes, como la prórroga de la documentación caducada durante el estado de alarma o la posibilidad de prolongar la estancia en los centros de acogida.

"La pandemia ha incrementado las restricciones de movimiento, dejando a miles de personas atrapadas en países no seguros. Ante esta situación es más urgente que nunca que España active vías legales y seguras, como el reasentamiento, los visados humanitarios, la petición de asilo en embajadas y representaciones consulares y la facilitación de la reagrupación familiar", ha reclamado la directora de CEAR, Estrella Galán, quien también ha criticado el Nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, presentado en noviembre, por "continuar con una política basada en los retornos". 

Sobre dicho acuerdo ha agregado que impone además la responsabilidad de acogida al país de entrada, "sin ofrecer soluciones que se sustenten en una solidaridad compartida con el sur de Europa". "Es una nueva oportunidad perdida para que la UE muestre su compromiso con la protección de las personas refugiadas de una forma equilibrada y justa", ha asegurado. 

Galán también ha criticado el "escaso reconocimiento" a los perseguidos por agentes no estatales, como pandillas o bandas criminales, "un reconocimiento fundamental, ya que son víctimas dignas de protección". En este último grupo se encuentra Isabel, quien siente una profunda decepción tras haber confiado en que su caso iba a ser escuchado y estudiado. Ella solo tiene una petición: "Una oportunidad más de vida en España".