España lleva semanas experimentando una desescalada que devuelve al país, poco a poco, a lo que fue antes de que el coronavirus lo cambiara todo en marzo de 2020. Pero esta vuelta a la normalidad no está siendo tan rápida en todos los ámbitos por igual: las asociaciones que trabajan con presos exponen que la población penitenciaria está siendo la gran olvidada y, como ejemplo, citan la lenta reapertura de los vis a vis, los encuentros sin intermediarios que los internos pueden disfrutar con su familia. Y es que, en la mitad de las prisiones españolas siguen recuperar este derecho. Instituciones Penitenciarias lo justifica diciendo que se han retomado en aquellos territorios donde la incidencia acumulada así lo permite.

Laura -nombre ficticio- tiene a su marido en la cárcel. Ella es una de las "afortunadas" que ahora puede volver disfrutar de él cada cierto tiempo, aunque recuerda que ha estado "mucho" tiempo sin verle. "Estuve cinco meses sin poder abrazarle", recuerda en una conversación con 20Minutos.

Tal y como expone, además del “castigo máximo” que ya se les aplica -la privación de libertad-, la pandemia ha “empeorado” sus condiciones, con el “riesgo” de dejar a los presos “una huella psicológica irreparable”. “Pero es que, antes de que nos viéramos, solo tuvimos una videollamada en esos cinco meses”, cuenta. Durante todas esas semanas, sus comunicaciones se limitaron a llamadas telefónicas y a correspondencia en las que él le contaba que estaba “angustiado, cabreado y muy triste”.

“La pandemia ha supuesto una severa restricción de los derechos a aquellos que normalmente ya los tienen coartados”, asegura, por su parte, Francisco Miguel Fernández Caparrós, portavoz del área de prisiones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Según explica, no solo se cortaron los vis a vis, sino que también hubo “dificultades” para gestionar otras comunicaciones.

Fernández explica que han presentado “muchísimas quejas” porque la población penitenciaria “a la hora de la desescalada ha sido la última en ser considerada”. "Está siendo muy lenta". Además, denuncia que, no solo durante los meses en los que España estuvo sumida en un estricto confinamiento domiciliario -de marzo a junio-, sino que también en el segundo semestre del pasado año, “las prisiones se han blindado aún más que antes”. 

Más llamadas y avance de la vacunación

Desde Instituciones Penitenciarias, el organismo público dependiente del Ministerio del Interior que se encarga de las cárceles, contestan que, con el fin de "paliar las restricciones", aumentó el número de llamadas telefónicas a las que tienen derecho los internos y se potenció el sistema de videollamadas. Además, recuerdan que en diciembre comenzó a funcionar "en pruebas" un sistema de cabinas para realizarlas desde las que también se podían enviar mensajes de voz y tenían el pago a cobro revertido.

Las quejas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía fueron trasladadas al Congreso de los Diputados por Ismael Cortés, que ocupa un escaño en la Cámara Baja por En Comú Podem, dentro del grupo confederal de Unidas Podemos. En la Comisión de Interior del pasado mes de abril, el parlamentario trasladó que los familiares de los presos tenían "graves dificultades" para realizar las visitas.

En una conversación con este diario, relaciona ese cierre, no con la situación epidemiológica de los lugares en los que están situadas las cárceles, sino en la falta de vacunación de los presos. “No se están siguiendo los protocolos”, sostiene. Así, opina que la inmunización de los internos “no solo condiciona las visitas”, sino que deja entrever “una situación de precariedad sanitaria”. “Los funcionarios de prisiones sí han ido vacunándose de acuerdo al protocolo que tiene el Estado, pero este no se ha aplicado en los presos”, resume.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, no obstante, replicó en esa misma sesión parlamentaria que la población penitenciaria "también" se incluyó en la estrategia de vacunación al tiempo que el grupo 8 de la población general –que es el de personas de entre 60 y 65 años de edad- y anunció un mecanismo "de colaboración" entre Sanidad y las consejerías de Sanidad autonómicas para "acelerar" la vacunación de los internos. Además, confirmó que Andalucía, Aragón, Asturias, Ceuta y Madrid ya habían pedido para entonces los listados de los internos a vacunar y que País Vasco, Cantabria y Castilla y León ya estaban haciéndolo.