El CIS vuelve a situarse en el centro de la polémica. El organismo, presidido por el socialista José Félix Tezanos y dependiente del Ministerio de la Presidencia de Carmen Calvo, ha alterado su metodología habitual para seguir haciendo encuestas de cara a las elecciones madrileñas del 4-M en los últimos días de campaña, pese a que es ilegal publicarlas antes de la cita con las urnas. El centro sostiene que las dará a conocer inmediatamente después, que su interés es meramente "sociológico" y que no facilita los datos ni al Gobierno ni a la campaña de Ángel Gabilondo (PSOE), pero las sospechas se han disparado y el PP ya lo ha denunciado ante la Junta Electoral de Madrid.

La noticia fue adelantada por El Confidencial y confirmada por el CIS a 20minutos. El centro admite que "se está haciendo una encuesta" centrada en el "comportamiento de los indecisos" y la "volatilidad", es decir, para ver "qué ocurre en la última semana de campaña". En el CIS argumentan que, con la caída del bipartidismo y el auge de nuevas formaciones, es más complicado predecir los comportamientos electorales: la gente "cada vez decide más tarde" y hay "un 20% de indecisos" a pocos días de la cita con las urnas, agregan.

Por todo ello, insisten, es pertinente que prosiga el trabajo de los encuestadores que, entre otros asuntos, preguntan estos días a los ciudadanos por la intención de voto, la valoración de los candidatos y otras cuestiones relacionadas con las elecciones. Todo ello, pese a que los resultados no podrán publicarse antes de las elecciones, por lo que, en principio, sólo el propio CIS tendría acceso a la información que se recopile en estos días clave. Preguntadas por si los datos se darán a conocer en el futuro, fuentes del centro replican: "Todo lo que hacemos se publica". Fuentes del organismo subrayan que todos sus estudios se publican, de modo que sus conclusiones están a disposición de la sociedad.

Cambio de metodología

Aunque el CIS dice que esta práctica no es "nada nuevo" y que "se ha hecho en otros momentos", lo cierto es que supone un notable cambio de metodología con respecto a las últimas citas electorales. En las generales del abril y de noviembre de 2019, las vascas y gallegas de 2020 y las catalanas de febrero de 2021, el CIS siempre publicó un estudio preelectoral y otro postelectoral. El primero de ellos realizaba una proyección de la intención de voto y el segundo buscaba explicar el comportamiento de los electores durante la campaña y en el día de la votación. Y en ninguno de esos casos preguntó en los últimos días de campaña.

Así, en las generales de abril de 2019, el trabajo de campo empezó 12 días después de las elecciones; en las autonómicas de mayo, casi veinte días después de la cita con las urnas; en las generales de noviembre, 19 días después; en las vascas y gallegas, casi dos meses después, y en el caso de las catalanas del pasado 14 de febrero aún no se ha publicado.

En otras palabras, es la primera vez –al menos desde primavera de 2019– que el CIS aplica esta metodología y sigue haciendo encuestas durante los últimos días de campaña, cuando está prohibido publicarlas en virtud del artículo 69.7 de la ley electoral (LOREG), que establece que "durante los cinco días anteriores al de la votación, queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales". A preguntas de este diario, el organismo admitió que no se ha hecho "recientemente" y no fue capaz de precisar cuándo fue la última vez que hizo sondeos en la recta final de una campaña.

Recurso ante la Junta Electoral

Lo infrecuente de esta práctica también ha suscitado dudas sobre la legalidad de seguir realizando sondeos que no se pueden publicar antes del 4-M y sufragados con dinero público justo antes de unas elecciones, aunque el citado artículo 69 de la LOREG no impide expresamente la realización de encuestas por parte de los organismos públicos. De hecho, contempla que "en el supuesto de que algún organismo dependiente de las Administraciones Públicas realice en período electoral encuestas sobre intención de voto" deberá facilitar los resultados a los partidos "en el plazo de cuarenta y ocho horas desde la solicitud". 

A juicio del PP, el sondeo tiene un "claro tinte electoral" y "existe el claro riesgo" de que la información que recopila el CIS acabe en manos del Gobierno y de la candidatura de Gabilondo, por lo que se podrían estar "utilizando medios públicos en beneficio de un partido político [el PSOE] para orientar su estrategia electoral" en los últimos días de campaña. En el escrito remitido a la Junta Electoral de Madrid, al que ha tenido acceso este diario, los populares reclaman conocer todos los datos de inmediato y denuncian que el CIS ha "incumplido" la "obligación de notificar la realización" del sondeo, un requisito que la LOREG no contempla pero que desarrolla una instrucción de la Junta Electoral Central.

En concreto, la Instrucción 2/1993 de la JEC afirma que, cuando un organismo dependiente de la administración –caso del CIS– "realice en período electoral una encuesta sobre intención de voto, ha de comunicarlo inmediatamente a la Junta Electoral Central", para que esta informe a los partidos y para que, en consecuencia, las formaciones reclamen esa información. 

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por su parte, se ha preguntado "cuándo dinero público se ha gastado el CIS y Tezanos" y ha pedido al PSOE "que, por vergüenza y dignidad, pusiera ese dinero de su bolsillo". Si los socialistas quieren hacer encuestas, "que se las paguen", ha zanjado.