El Congreso aprobó ayer por una amplia mayoría la ley de protección a la infancia, la principal obra legislativa de Pablo Iglesias en su etapa como vicepresidente. Fue la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la encargada de defender la norma ante el pleno, y después de que recibiera luz verde mantuvo una conversación con 20minutos en la que se mostró orgullosa de un texto cuyo impacto el Gobierno compara con el que tuvo la ley integral contra la violencia de género hace 17 años.

¿Qué supone la aprobación de esta ley?

El Congreso avala la ley de protección de la infancia con el único voto en contra de Vox y del PNV

Supone un cambio de paradigma como el que supuso la ley de violencia de género en el año 2004, cuando mandamos un mensaje a las mujeres desde las instituciones diciéndoles que no era tolerable que hubiera violencia hacia ellas y que no formaba parte del ámbito privado, sino que era una cuestión pública. Esta ley es similar en la medida en la que estamos mandando un mensaje a los niños y niñas: que la violencia contra la infancia en cualquiera de sus formas no es tolerable y no es algo que tenga que permanecer tapado o en silencio. La violencia contra los niños tiene una dimensión enorme y los datos que se conocen son solo la punta del iceberg, porque hay mucha violencia oculta.

La ley recoge la obligación de informar de cualquier posible violencia contra menores, aunque no suponga un delito. ¿Qué se considera violencia en la norma?

La definición que da la ley es muy amplia porque las formas de violencia hacia la infancia son muy diversas. Hay mucha violencia en el ámbito intrafamiliar, pero también en las redes sociales. Y también existe la violencia institucional, ejercida por las instituciones sobre niños, por ejemplo, que están tutelados: un ejemplo muy claro se da en la determinación de la edad de los niños y niñas migrantes. Esta violencia institucional, por ejemplo, no está tipificada como delito, pero si tú eres consciente de que una institución está haciendo dejación de funciones teniendo a los niños acogidos en malas condiciones, estarás obligado a informar.

¿Hasta ahora la ley no protegía a los menores?

Precisamente porque la legislación sobre la infancia ha demostrado sus límites era necesaria esta ley. También porque era muy importante dar a este asunto la visión integral que tiene la norma, porque necesitamos un cambio cultural para que una violencia que está muy normalizada deje de estarlo. El caso de las agresiones sexuales es muy evidente: prácticamente el 50% de las agresiones y delitos contra la indemnidad sexual denunciadas son contra niños y niñas.

¿Cómo se va a proteger a los menores en los procesos judiciales?

El procedimiento judicial muchas veces revictimiza a los niños y a las niñas, y esta ley establece que valdrá la prueba preconstituida hasta los 14 años. Hasta ahora, cuando un niño denunciaba, a menudo se le pedía en reiteradas ocasiones que repitiera la declaración, y eso es algo que no siempre es bueno para el proceso psicológico de superación de la violencia. Por eso, cuando un niño dé un testimonio quedará grabado y se utilizará a lo largo de todo el juicio para que no lo tenga que repetir. Eso se suma a medidas de formación para la carrera judicial y fiscal, y a la puesta en marcha de unidades especiales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Esas medidas de formación, y otras que contiene la ley, requieren fondos. ¿Qué cuantía se va a destinar a la norma?

Vamos a dedicar los fondos que sean necesarios para desplegar las medidas que sean necesarias. Es importante no solo la inversión, sino también el mensaje que manda la ley. Pero, en concreto, la ley prevé una inversión de casi 80 millones de euros para el año 2022. Este Gobierno está comprometido con este tema, por eso fue la primera ley que llevamos al Consejo de Ministros nada más tomar posesión del cargo Pablo Iglesias.

Ayer dijo en el Congreso que hay puntos en los que la ley «no ha llegado tan lejos» como hubiera querido Unidas Podemos. ¿Cuáles son?

Lo que saco del debate parlamentario es que la ley sale adelante con un amplísimo consenso, y ese consenso es la garantía de que esta ley no se va a derogar porque nace del acuerdo de los grupos. Que el PP o Cs voten a favor es un ejemplo de que esta es una buena ley que era imprescindible.

¿Van a enmendarla en el Senado?

Creo que sí va a haber enmiendas en el Senado, y pienso que uno de los déficits de la ley es que necesita reforzar aún más la participación de los niños y las niñas. Pero se da un paso adelante para que en los procesos judiciales los niños sean escuchados y su testimonio no pueda desvalorizarse aduciendo falta de madurez.

¿Y por qué no han solventado estos déficits si han diseñado ustedes la ley?

Cuando llegamos a la vicepresidencia segunda ya había un texto muy avanzado que había pasado por todos los mecanismos internos dentro del Gobierno, por lo que podía ir muy rápidamente a Consejo de Ministros. Lo que acordamos con el PSOE fue pactar una serie de enmiendas y llevarlas al Congreso, en lugar de incluir esas modificaciones en el texto, lo que hubiera implicado un retraso de en torno a un año. Eso revela el compromiso del exvicepresidente Iglesias con que la ley saliera adelante lo antes posible.

La ley de vivienda que usted misma está negociando con el PSOE lleva dos meses sin registrar grandes avances. ¿Por qué habría que pensar que habrá acuerdo si no lo ha habido ya?

Va a haber acuerdo porque es un compromiso que hemos adquirido. Todos en el Gobierno coincidimos en que la ley de vivienda es urgente.

¿Incluirá la regulación de alquileres?

Es lo que acordamos en el marco de los Presupuestos, y no me cabe duda de que la ley va a cumplir el acuerdo. Nuestro país no se puede permitir más firmar una cosa al principio de la legislatura y luego hacer otra.