El Gobierno quiere poner fin al estado de alarma el próximo 9 de mayo, cuando concluya el actual. A partir de entonces, los acuerdos para contener la pandemia se adoptarán en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde participan el Ministerio de Carolina Darias y los consejeros autonómicos, y los tribunales tendrán la última palabra sobre las restricciones. Ese es el escenario que dibujó este martes el presidente Pedro Sánchez, pese a que algunos presidentes autonómicos y sus socios de investidura ven necesario prorrogar el estado de alarma o articular otro paraguas jurídico para las medidas contra el virus.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez dejó claro que la "intención" del Gobierno es que "no haya más prórrogas". "El Gobierno trabaja con la intención de poner fin al estado de alarma el 9 de mayo", insistió a prguntas de los periodistas el líder del Ejecutivo, que ya la semana pasada señaló que su hoja de ruta pasa por dejar caer el actual estado de alarma, vigente el 9 de noviembre de 2020 y aprobado para un periodo de seis meses.

Los argumentos de Sánchez para no adoptar una nueva prórroga son dos. El primero, la "intensificación del proceso de vacunación". La inmunización alcanzará esta semana un primer hito, de acuerdo con los cálculos del Gobierno, ya que el número de personas con la pauta de vacunación completa superará por primera vez al número de afectados por el virus.

Toque de queda, confinamientos... las medidas que decaerían si se pone fin al estado de alarma el 9 de mayo

El segundo argumento, más difuso, es la "cultura de cogobernanza" que, en opinión de Sánchez, se ha engrasado a lo largo de los últimos meses. Por eso considera que, aunque vamos a "tener semanas complicadas" por el efecto de la Semana Santa, no es necesario prorrogar el estado de alarma y que bastan los acuerdos del Consejo Interterritorial de Sanidad, donde participan la ministra y las comunidades. "Ese es el espacio y el escenario", zanjó Sánchez.

En las últimas horas, algunas autonomías y socios de investidura han criticado la decisión de no prorrogar el estado de alarma. El PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País o Compromís, entre otras fuerzas, insistieron este martes en que el Ejecutivo debe aclarar qué va a ocurrir a partir del 9 de mayo y, en su caso, legislar para evitar un caos normativo. El pasado otoño, los tribunales de distintas CCAA adoptaron resoluciones contradictorias. En Madrid, por ejemplo, la Justicia tumbó el cierre perimetral, mientras que los jueces de Navarra lo avalaron.

También el PP alertó este martes del escenario que se abre si concluye el estado de alarma sin que se ponga en marcha un plan B: "Estamos en un marco de absoluta incertidumbre generado por Sánchez, que utiliza la cogobernanza para que otros se hagan cargo de sus competencias y sumirnos constantemente en un caos", denunció su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

El presidente, sin embargo, mantiene su hoja de ruta. Este martes recalcó que los acuerdos que se adopten en el Consejo Interterritorial "son de obligado cumplimiento" y que ese órgano proporciona "suficientes herramientas" para contener el virus. Lo que sí tuvo que admitir es que serán los tribunales los que ejerzan, en última instancia, "el filtro y el control" de las medidas.

Horas más tarde, en un rifirrafe en el Senado con el portavoz del PP, Javier Maroto, Sánchez elevó el tono frente a las críticas de la oposición. "Hasta ahora lo que han hecho ustedes ha sido votar en contra del estado de alarma. Que yo me entere: ¿Están ustedes a favor del estado de alarma o no?", preguntó el presidente a Maroto, al que acusó de criticar cualquier decisión del Gobierno. "Si proponemos alargar el estado de alarma a partir del 9 de mayo, chillan, y si no… ¡también chillan!", denunció.