Frente común de los socios parlamentarios del Gobierno para evitar que el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo provoque un caos normativo y ponga en duda el futuro de las restricciones contra la pandemia. Este martes, los principales partidos que apoyan al Ejecutivo exigieron al presidente Pedro Sánchez que aclare cuál es su plan para que las medidas de contención de la Covid se mantengan más allá de esa fecha y le pidieron, en palabras de EH Bildu, que ponga en marcha un "paraguas legal" de manera urgente para que las comunidades no se queden sin instrumentos para establecer restricciones.

Desde que la semana pasada Sánchez anunciara que no tiene intención de solicitar la prórroga del estado de alarma cuando decaiga el próximo 9 de mayo, el Gobierno se ha esforzado en trasladar el mensaje de que las comunidades tienen vías jurídicas suficientes para establecer sus propias restricciones. Pero lo cierto es que las autoridades autonómicas tendrán que recibir autorización judicial para poner en marcha medidas de limitación de movimientos como el toque de queda o los cierres perimetrales, y además las diferencias entre las restricciones vigentes en cada comunidad se acentuarán.

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Eso es así porque establecer restricciones en la libertad de movimientos de los ciudadanos o en su derecho de reunión afecta a derechos fundamentales, especialmente protegidos por la Constitución. El estado de alarma, precisamente, otorga al Gobierno la capacidad de limitarlos con la autorización del Congreso. Pero, sin ese marco legal extraordinario vigente, debe ser el poder judicial el que vigile y pondere si existen razones suficientes de salud pública para establecer restricciones.

Esta situación ya se produjo a principios de otoño y dio lugar a diferentes interpretaciones jurídicas que provocaron, por ejemplo, que un tribunal tumbara el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid apenas dos semanas antes de que otro juez decidiera avalar la misma medida para Navarra. Por ello, y para evitar esta situación, el PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País o Compromís insistieron este martes en que el Gobierno debe aclarar qué va a ocurrir a partir del 9 de mayo y, en su caso, legislar para evitar un caos normativo.

"No veo dónde están esos instrumentos legales"

"Nosotros éramos y somos contrarios a la figura del estado de alarma tal y como se gestionó en el primer minuto, pero es que hemos pasado de una gestión de mando único y estricto a un anuncio de que no va a haber estado de alarma porque se supone que ya hay instrumentos legales a disposición de las comunidades, y yo no veo dónde están esos instrumentos legales", denunció este lunes el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. 

El dirigente nacionalista, además, advirtió de que, con la actual normativa, van a volver a producirse discrepancias jurídicas y los tribunales van a volver a derribar algunas medidas restrictivas necesarias para combatir la pandemia como ya ocurrió a finales de año. "Nosotros tomamos [en el País Vasco] unas medidas que tenían que ver con el cierre de la hostelería, muy parecidas a las que se tomaron en Asturias, y el Tribunal de Justicia del País Vasco dio la razón a los hosteleros y el de Asturias no, ni estimó las medidas cautelares", ejemplificó Ortuzar, que aseguró que "a partir del 9 de mayo esa situación se va a volver a producir".

En la misma línea se expresó la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que exigió a Sánchez que ponga en marcha ya "un paraguas jurídico" que permita a las comunidades poner en marcha restricciones sin peligro de que los tribunales las derriben. "No podemos dejar a la gente en esta inseguridad permanente y constante que estamos viviendo, y esa responsabilidad debe descansar en las comunidades y el Gobierno", sostuvo Aizpurua, que no obstante no concretó en qué cambios legales concretos debería traducirse ese marco legal más allá de esbozar que requeriría un "acuerdo entre las comunidades".

Habida cuenta de las dudas legales que genera, no obstante, que una legislación ordinaria pueda restringir derechos fundamentales, la portavoz de EH Bildu abrió la puerta a otra posibilidad: prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, aunque pueda hacerse por comunidades o territorios en lugar de extenderlo de forma general. "Si el presidente del Gobierno no quiere buscar esta solución, creemos que debe estar obligado a prorrogar el estado de alarma", porque "lo que nadie contempla es que a partir del 9 de mayo se pueda generar un caos jurídico y social", una "ley de la selva", afirmó Aizpurua.

Errejón pide un acuerdo a escala nacional

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Su homólogo de Más País, Íñigo Errejón, no quiso abordar ese supuesto, pero coincidió en que "al Gobierno le corresponde traer a la cámara una alternativa" al estado de alarma. "Yo espero, y todavía queda tiempo, que el presidente mañana nos diga cuál es la alternativa que va a sustituir al paraguas del estado de alarma", planteó Errejón, que aseguró que lo que no es deseable es que el Ejecutivo entre en un "mercado persa" con las comunidades para acordar restricciones por separado con cada una. 

"No queremos que se repitan las guerritas entre comunidades o entre las comunidades y el Gobierno pasándose la patata caliente", espetó el líder de Más País. Y, para ello, es imperativo que el Ejecutivo llegue a un acuerdo con "todas" las autonomías para poner en marcha restricciones, habida cuenta de que no ha querido darles competencias a través de la Ley General de Sanidad. "Le dijimos al Gobierno que trajera esta reforma lo antes posible al Congreso, pero no lo hizo porque a menudo produce más titulares que realidades", criticó.

Incluso socios menos habituales del Ejecutivo, como el PDeCAT, también fueron muy críticos con el silencio de Sánchez sobre qué ocurrirá a partir del 9 de mayo. "Esperamos que el presidente nos diga en qué se diferenciará el 10 de mayo del 10 de abril, si es que esperan una mejora sustancial de las cifras en relación al Covid", porque "si quieren prescindir del estado de alarma [...] queremos saber cuál es la alternativa", exigió su portavoz, Ferran Bel.

El PP se sube al carro

Al igual que hicieron todos los socios parlamentarios del Gobierno, el PP también exigió que Sánchez ofrezca alternativas para avalar las restricciones una vez decaiga la alarma, aunque aprovechó para cargar tanto contra él como en contra de sus socios. "Lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es abandonar una política de utilización de todo con un único interés, el interés electoral del PSOE en Madrid", espetó la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

"Estamos en un marco de absoluta incertidumbre generado por Sánchez, que utiliza la cogobernanza para que otros se hagan cargo de sus competencias y sumirnos constantemente en un caos, y eso merece todo el reproche por parte de los partidos de la oposición", denunció Gamarra.