Golpe judicial a las intenciones del Gobierno central. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha comunicado este jueves su decisión de no avalar el cierre de la capital y de otros nueve municipios, tal y como impuso el Ministerio de Sanidad a la Comunidad la semana pasada tras aprobar estas restricciones en el Consejo Interterritorial de Salud. Decae así la norma que también limitaba el horario y el aforo de los locales y los madrileños quedan sumidos en una incertidumbre jurídica que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como su homólogo madrileño, Enrique Ruiz Escudero, pretenden aclarar esta tarde en una nueva reunión del grupo Covid.
Desde el Ejecutivo regional tan solo se limitan a señalar que sus abogados se encuentran “estudiando” el auto y la posible respuesta. Tampoco aclaran si sigue en pie el confinamiento selectivo de las 46 zonas básicas de salud que no se llegó a derogar. “Era nuestra vía y sigue siéndola, lo que pasa que cuando entró en vigor el confinamiento perimetral de Madrid decayeron algunas de estas áreas”, aseguran las mismas fuentes. De momento, se han retirado los controles de Policía Municipal aunque siguen vigentes los de Policía Nacional, aunque serán informativos como hasta ahora.
A diferencia del perimetral, ese confinamiento por zonas sí fue ratificado por el TSJM el pasado viernes 25 de septiembre. Según los propios magistrados, la diferencia entre las dos órdenes radica “en el marco legal”, pues lo que pedía la Comunidad -quien ejecutaba las medidas de Illa- esta última vez era “la ratificación del mandato obligado del ministro”, que se amparaba en el artículo 65 de la ley 16/2003.
Esto es importante porque más allá de la necesidad de las medidas o de si son, como dijo la Fiscalía “ajustadas a la proporcionalidad”, lo que en este auto hacen los jueces es “dilucidar” si esa ley “autoriza la restricción de derechos fundamentales y libertades públicas”. Y no lo hace. Los derechos fundamentales, aseguran, no pueden verse afectados "por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho".
EL TSJM recuerda que han ido admitiendo “la posibilidad de que por ley orgánica u ordinaria se permita la adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales”, pero la ley utilizada por el ministerio “no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”. Recuerda la sala en este punto que el objeto que persigue dicha ley es “garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del conjunto del sistema nacional de salud, ante crisis sanitarias, quedando al margen de su finalidad la de autorizar medidas limitativas de la libertad de circulación”.
Además, los magistrados dan un correctivo al Gobierno central. Dicen que es “llamativo” que no se haya abordado una reforma del marco normativo “más acorde con las confesadas necesidades”, como la limitación de movimientos, “para combatir eficazmente la pandemia pese al consenso doctrinal existente”. Es más, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha tendido su mano para realizar esas reformas tanto a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso como al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Por su parte, Illa ha asegurado que adoptará “las decisiones jurídicas que mejor protejan a los ciudadanos” sin aclarar cuales. Asimismo, ha dado por hecho que habrá acuerdo del Gobierno con la Comunidad de Madrid, algo que ocurrió a medias la semana pasada con la orden desechada hoy por el TSJM.
Illa cerró con el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, las medidas que luego se ampliarían para toda España, pero mientras el de Ciudadanos celebraba el “preacuerdo” en Sol ya pensaban en recurrirlo. Así lo hicieron el pasado viernes ante la Audiencia Nacional, que aún debe pronunciarse escuchando a las partes. También un abogado valenciano y Vox recurrieron las medidas al pedir su paralización urgente, un movimiento que sí fue tumbado por los tribunales.
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