La Mesa del Congreso, con el voto favorable de PSOE y Unidas Podemos y la oposición de PP y Vox, aprobó este miércoles que se tramite por el procedimiento de urgencia la reforma a través de la cual los partidos del Gobierno buscan limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato esté caducado, como ocurre actualmente. 

De aprobarse esta iniciativa, el CGPJ dejaría de poder realizar nombramientos hasta que se renueve, una renovación que sigue bloqueando el PP. La proposición de ley, por el momento, no incluye un cambio de las mayorías necesarias para elegir a los miembros del Consejo, que ahora mismo se sitúan en tres quintos de las Cortes y que Unidas Podemos quiere reducir a la mayoría absoluta. 

El Congreso aprueba empezar a tramitar la reforma para quitar poder al CGPJ en funciones y presionar al PP

La puesta en marcha del procedimiento de urgencia es un paso más en la tramitación exprés a través de la que PSOE y Unidas Podemos quieren aprobar esta ley. La iniciativa se sometió al debate de toma en consideración apenas dos semanas después de ser presentada, y este miércoles la Mesa decidió dar un plazo únicamente de ocho días para presentar enmiendas al texto. PP, Vox y Cs, no obstante, pueden plantear una enmienda a la totalidad, lo que obligaría a celebrar un pleno que previsiblemente la descartaría pero que retrasaría la aprobación de la reforma.

Fuentes parlamentarias afirman que, si se abrevian todos los plazos lo máximo posible, la reforma podría estar aprobada en febrero, aunque es más probable que ese calendario se extienda hasta marzo. De hecho, para abreviar lo máximo posible, la Mesa rechazó este miércoles la solicitud del PP de pedir informes sobre el texto al propio CGPJ y a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. Para poner en marcha la iniciativa, PSOE y Unidas Podemos necesitan del apoyo de la mayoría absoluta del Congreso, dado que la ley que regula el Poder Judicial es de carácter orgánico.

La iniciativa presentada por PSOE y Unidas Podemos busca que un CGPJ en funciones pueda realizar solo tareas de gestión para que un partido, como en este caso el PP, no tenga tantos incentivos para bloquear su renovación por interés político. Esto quiere decir, básicamente, que a los miembros del CGPJ con el mandato caducado no se les permitiría proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia, entre muchos otros. Unas funciones que, según PSOE y Unidas Podemos, "legítimamente han de corresponder al CGPJ entrante o renovado y no al saliente".