La puesta en marcha de las primeras medidas de la agenda social después de que el Gobierno se garantizase la aprobación de los Presupuestos en los próximos días sigue dando dolores de cabeza a PSOE y Unidas Podemos. Salvo sorpresa de última hora, este martes se aprobará en Consejo de Ministros el decreto para la prohibición de los desahucios después de semanas de dura negociación. Pero el Ejecutivo aún tiene tres frentes abiertos que tensan las costuras de la coalición: la subida del salario mínimo para 2021, la prohibición de cortar los suministros a familias vulnerables y la reforma de las pensiones.

Son los dos primeros temas los que más van a centrar el trabajo del Gobierno en los días que quedan hasta que termine el año, aunque la reforma de las pensiones –y, especialmente, el aumento a 35 años del tiempo de vida laboral que se utiliza para calcular la pensión– amenaza con ser uno de los grandes puntos de disenso a medio plazo, así como la profundidad de la derogación de la reforma laboral. Unidas Podemos ya ha dejado claro que está totalmente en contra de esta reforma avanzada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y fuentes moradas la señalan como un problema seguro si el dirigente intenta ponerla en marcha.

Suministros básicos

Pero mucho más cerca está el decreto que saldrá mañana aprobado del Consejo de Ministros. Y, en principio, el texto no incluirá ninguna mención a los cortes de suministros básicos. La cuestión sigue separando a PSOE y Unidas Podemos: los morados quieren una prohibición total como la del primer estado de alarma, mientras los socialistas únicamente se han abierto por ahora a prohibir los cortes de luz y a estudiar el veto a los de agua con los ayuntamientos.

La secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra (Unidas Podemos), aseguraba el pasado viernes que su formación no "contempla" que el decreto antidesahucios no vaya acompañado de una disposición para prohibir el corte de suministros. Los morados están decididos a no ceder en esta cuestión, especialmente después de haber tenido que asumir que se compensará a los propietarios de más de diez viviendas por no poder desahuciar hasta que no tengan una alternativa a los inquilinos que hayan dejado de pagarles el alquiler por imposibilidad económica.

No obstante, la negociación con la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está siendo muy complicada, y el ala de Unidas Podemos del Gobierno se queja de que le cuesta mucho comunicarse con ella y recibir sus ofertas concretas. Ribera, por su parte, se defendió hace unos días recordando que el agua es competencia local y el gas, autonómica, y asegurando que está trabajando con esas administraciones para "congelar todas las limitaciones asociadas a las dificultades del impago mientras dure el estado de alarma", una oferta que la Vicepresidencia Segunda dice no haber recibido.

Negociación del salario mínimo

Por otra parte, hoy el Ministerio de Trabajo se reúne con patronal y sindicatos para negociar una eventual subida del salario mínimo. La ministra Yolanda Díaz es partidaria de elevar moderadamente la cuantía, aunque no tanto como plantean los sindicatos, que comenzarán las conversaciones pidiendo un alza de hasta el 5%. Por el contrario, la patronal no se ha movido de su exigencia de congelar el salario mínimo, algo que Díaz ha descartado públicamente pero que es la opción que más convence al ala socialista del Gobierno.

Esa posición la defiende la ministra de Economía, Nadia Calviño, pero también está cerca de ella el presidente Pedro Sánchez. No obstante, Unidas Podemos confía en que la presión de las centrales sindicales convenza al Gobierno para aceptar un aumento tibio.