El Gobierno de Pedro Sánchez prevé prohibir a los partidos políticos y a los sindicatos personarse en las causas judiciales como hizo el PSOE en la trama Gürtel, el PP en el caso de los ERE o Podemos en la Operación Kitchen. Así consta en el anteproyecto de la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada este martes por el Consejo de Ministros. El texto, que fue anunciado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la pasada semana en el Congreso de los Diputados, prevé sustituir al aprobado en 1882, que se ha modificado levemente hasta en 77 ocasiones.

"Son los ciudadanos quienes tienen que tener en su mano la acción popular para defender los intereses públicos; los partidos y los sindicatos no tienen estatus de ciudadanía", defienden fuentes ministeriales, que defienden que la norma se ha de "actualizar" y "armonizar" con el resto de países europeos. También ha insistido en ello el propio Campo en rueda de prensa, que ha insistido en que también la nueva ley, que se da un plazo de seis años tras aprobarse para aplicarse, busca "establecer un procedimiento penal, conforme a lo que establece el Reglamento (de la UE de 2017), que dice que son los fiscales los que instruyen".

Justicia propone dar las investigaciones penales a los fiscales en vez de a los jueces de instrucción

En este sentido, el Ejecutivo también prevé otorgarle todo el poder de la investigación a los fiscales, haciendo desaparecer así la figura del juez instructor, quien elabora las pesquisas para que luego sean entregadas a otro magistrado. Sobre el nuevo rol que le otorgarán a los jueces, que tendrán que garantizar los derechos de todas las partes participantes en el proceso, ha utilizado un símil para ejemplificarlo: "El fiscal es la espada y el juez, el escudo". Cabe recordar que la figura del "fiscal investigador" ya estaba recogida en la anterior propuesta de reforma de la LeCrim que se formuló, sin demasiado éxito, en 2011.

Para ello, obviamente se tendrá que reformar el Ministerio Fiscal, pues, entre otras cosas, el nombramiento de su máximo responsable depende del Gobierno de turno. Dolores Delgado, actual fiscal general, fue ministra de Justicia de Sánchez antes de ser designada, no sin polémica. 

Otro de los puntos que prevé regular el Ejecutivo con la nueva LeCrim es el acceso de los periodistas a la información judicial, pues quiere "garantizar el acceso de los medios a informaciones con un claro interés social", estableciendo también limitaciones. Fuentes de Justicia aclaran que no van a regular la información periodística, "protegida en la Constitución" sino crear una figura que dé "garantía de veracidad" de las causas de los fiscales.