Los fiscales actuarán como "directores de investigación" en detrimento de los jueces de instrucción, que pasarán a ser 'de garantías'. Esta es una de las medidas incluidas en el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Gobierno prevé aprobar en fechas próximas. 

Así lo ha anunciado este miércoles el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha dado cuenta de la finalización de la redacción de ese proyecto, que irá el jueves a la comisión general previa al Consejo de Ministros. El texto supone así darle mayor poder a los fiscales, pues de ellos comenzará a depender en exclusiva la investigación. Los jueces estarán limitados a ejercer como árbitros para que se respeten los derechos de todos los que participan en la causa.

Campo prevé así que el Ejecutivo, después de 20 años de intentos, actualice una norma que está vigente, pese a sus 77 modificaciones, desde 1882. "Hemos de cambiar el modelo del proceso penal porque tenemos una norma de 138 años que está desfasada", ha remarcado el ministro en una respuesta parlamentaria a Vox, que preguntaba sobre la regulación de la desinformación.

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Y es que, la ley que ahora comienza un largo recorrido (con la aprobación en el Consejo de los Ministros irá al Congreso para debatirse y, finalmente, aprobarse)  también prevé regular, "por primera vez" el acceso de los medios de comunicación a información judicial, también imponiendo limitaciones. 

"Es frecuente encontrarse en los medios de comunicación con filtraciones de informaciones judiciales que suponen para las personas investigadas graves penas de banquillo", ha indicado Campo, que ha proseguido defendiendo que se protegerá "la integridad, el honor y la intimidad de los investigados", así como de los peritos, testigos y demás intervinientes en el proceso.

Otra de las patas de la reforma prohibirá a los partidos políticos ejercer como acusación popular, una importante modificación si se tiene en cuenta que en los grandes casos juzgados en los últimos años estaban presentes. Por ejemplo, Podemos está personado en Kitchen, que investiga la utilización de fondos reservados para espiar a Bárcenas; el PSOE es acusación popular en Gürtel, Púnica y Lezo; y el PP, lo estuvo en el caso de los ERE.