El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que el Gobierno está estudiando la posibilidad de implantar medidas alternativas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en distintos sectores para hacer frente a los problemas provocados por la pandemia.

Así lo ha señalado en Los Desayunos de Europa Press, donde ha resaltado también que es en el ámbito de las comunidades autónomas donde se tiene la posibilidad de diseñar estas políticas, ya que "tienen herramientas y financiación para hacerlo".

Escrivá ha subrayado que es verdad que la hostelería está siendo "muy golpeada" por la pandemia y que lo lleva haciendo desde el principio de la crisis, pero ha dejado claro que no ha sido así en toda la geografía española, ya que "la demanda nacional ha sido muy importante y sigue pujante".

No obstante, ha reconocido que es un año "muy malo" de caída de empleo en el sector de la hostelería, pero ha pedido tener en cuenta la estacionalidad del mes de octubre por el fin de la campaña de verano.

"Es verdad que a partir de ahora estamos teniendo restricciones, pero tenemos la opción de los ERTE de impedimento", ha señalado, tras afirmar que la próxima semana se sabrá cuántas empresas se adhieren a esta ayuda.

El titular del Ministerio de Seguridad Social ha insistido también en que se va a seguir dando protección al tejido productivo afectado "el tiempo que haga falta" mientras se normaliza la situación. 

"En enero habrá que ver en qué punto estamos de la pandemia y las expectativas. Hay que seguir manteniendo la política que ha dado sus frutos el tiempo que haga falta hasta que se recupere completamente la actividad y vuelva la demanda perdida transitoriamente", ha apostillado.

La hostelería reclama ayudas directas

El sector hostelero, a través de la plataforma Juntos con la Hostelería (integrada por FIAB, Hostelería de España y Aecoc), ha solicitado ayudas directas al sector por valor de 8.500 millones de euros a las comunidades autónomas y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Las medidas propuestas, que incluyen ayudas directas, medidas fiscales, económicas y laborales, entran dentro del marco del Plan de Apoyo a la Hostelería anunciado la semana pasada por la ministra Reyes Maroto.

Desde el sector, calculan que serían necesarios 8.500 millones de euros para evitar la pérdida de más de un millón de empleos y la desaparición de un tercio de los establecimientos hosteleros, es decir, 100.000 locales.

Entre sus peticiones se encuentra la de "derogar" la cláusula de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que obliga a las empresas que se acogen a esta medida a no poder despedir a ningún trabajador "en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad".

Pide al Gobierno que mire a Francia y Alemania

La plataforma reclama al Gobierno español que se sume "a la tendencia europea" y siga los pasos de países como Alemania o Francia, que destinarán 10.000 millones de euros en ayudas directas al sector. Además, en el caso germano también se incluyen "importantes reducciones de IVA y medidas de fomento de la demanda", mientras Francia ha lanzado bonos al consumo y ha prolongado los Expedientes de Regulación de Temporal (ERTE) hasta 2022.

Los impulsores de la iniciativa han resaltado que este apoyo directo con fondos públicos también permitiría "prevenir un impacto muy considerable en las arcas públicas en términos de reducción de recaudación" debido a la caída de actividad y al cierre de empresas.

De forma paralela a estas ayudas directas, la propuesta de los hosteleros recoge que se apliquen fondos europeos al mantenimiento de empresas y autónomos, la definición de un "Plan Estratégico de la Gastronomía de España" que establezca prioridades a la hora de aplicar los recursos y un programa de formación específico para la profesionalización del sector.

Otros puntos incluidos en el documento elaborado por Juntos con la Hostelería son ampliar los plazos de devolución de los créditos concedidos durante la pandemia y regular los precios del alquiler (permitiendo no pagar cuando la actividad cierra y reduciendo la renta en función de las limitaciones vigentes).