La declaración del estado de alarma este viernes solo dentro de la Comunidad de Madrid es de momento el final de meses y sobre todo semanas de tensiones y enfrentamiento entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y el autonómico de Isabel Díaz Ayuso. Ha sido un pulso en toda regla que, al menos desde el punto de vista institucional, ha terminado ganando la presidenta madrileña. Tres veces se resistió a tomar unas medidas que al final ha tenido que tomar el Gobierno central por la vía de la excepcionalidad.

Ayuso se ha opuesto a pedir el estado de alarma, tal y como el Gobierno ofreció hacer a las comunidades autónomas en agosto, justo cuando ya ultimaba un cambio en el sistema de mayorías en el Consejo Interterritorial de Sanidad para intentar forzar allí que Ayuso accediera a ‘cerrar’ Madrid. Tampoco esto lo consiguió el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que asegura que durante unas horas tuvo un acuerdo con Sol que se rompió en una reunión con los consejeros autonómicos al día siguiente. Aún así y en una votación que incluso desde el Gobierno admitieron que no tenía “precedentes”, Madrid tuvo que acatar y publicar una orden con restricciones que recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia. El jueves le dio la razón y obligó a que finalmente Sánchez a llevara a efecto una amenaza que esperaba no tener que cumplir, ser él quien declarara la alarma, solo en la Comunidad de Madrid.

El Consejo de Ministros extraordinario que este viernes decretó la alarma abrió una nueva etapa de reproches y acusaciones mutuas entre los dos gobiernos que no parece que vayan a terminar aquí. Probablemente, durará los 15 días que el Gobierno tiene previsto que esté en pie, porque espera que la mejora de la situación epidemiológica no haga necesario pedir una prórroga al Congreso. Con todo, Díaz Ayuso ya dejó claro que pedirá “levantar cada día” la alarma en Madrid.

En el fondo, nada cambia con respecto de lo que había este jueves, salvo para Alcalá de Henares, que salió del mapa de los 10 puntos negros de la pandemia en la Comunidad y ya no se le aplicará un confinamiento perimetral. Por lo demás, permanecerán ‘cerradas’ como hace dos días la capital y Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. También seguirán siendo generales en la región las restricciones para que no puedan juntarse más de 6 personas en espacios públicos o privados, reducir al 50% el aforo de todo tipo de establecimientos, que deberán cerrar a las 22 horas. Salvo en la hostelería, que podrá estar abierta una hora más, hasta las 23 horas, pero con la prohibición de consumir en la barra.

Sí hay una novedad, que tiene que ver con quién toma las decisiones. Illa explicó que el estado de alarma sólo es una manera de dar “cobertura jurídica” a las medidas que revocó el jueves el TSJM y que esta vez no habrá un “mando único”, aunque, “a los efectos del estado de alarma, a autoridad competente será el Gobierno”, dice el BOE. Así, corresponderá al Consejo de Ministros determinar qué ciudades entran o salen de las restricciones de movimientos, aunque el decreto señala que el Gobierno central no asumirá competencias del madrileño. “Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente, así como la gestión de sus servicios y de su personal, para adoptar las medidas que estime necesarias, sin perjuicio de lo establecido en este real decreto”, indica.

En todo caso, los cruces de acusaciones entre el Gobierno central y el autonómico se intensificaron este viernes. El ministro Illa sacó una batería dialéctica poco propia de él y aseguró que “la presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada”. “La paciencia tiene un límite, no hay más ciego que el que no quiere ver”. Desde el PP, se calificó el estado de alarma de “155 sanitario” o, directamente, de “atropello constitucional”.

Al principio de la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros extraordinario, Illa hizo una recapitulación de todo lo sucedido durante el último mes, desde que el 17 de septiembre el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, “reclamó ayuda del Gobierno porque la situación de la Comunidad no iba bien”. Aguado y Ciudadanos han sido otro de los actores que no han conseguido que Díaz Ayuso se aviniera a una solución aceptada por Moncloa. El vicepresidente intentó sin éxito este viernes que la presidenta accediera a una de las dos opciones que daba Sánchez antes de imponer la alarma y redactara una nueva Orden que corrigiera las faltas en la motivación jurídica que llevó al TSJM a revocar las restricciones.

Cooperación "reforzada" y efímera

Con su relato, el ministro intentó explicar cómo la Comunidad de Madrid no ha atendido a las recomendaciones científicas y a los datos epidemiológicos que hacen de la región un lugar con “transmisión comunitaria” y con un “riesgo serio de verse desbordada”. Sin embargo, de su enumeración de hechos, también puede inferirse que Ayuso se ha resistido hasta en tres ocasiones claves a tomar medidas de excepción en la Comunidad y que finalmente ha tenido que tomarlas Sánchez, que de momento cargará con la culpa que ya le echa el PP por haber “impuesto” medidas que eran “evitables”. Todo, regado con un supuesto acuerdo entre Sánchez y Ayuso para establecer “una cooperación reforzada” que tardó cuatro días en saltar por los aires. Ese fue el primer momento crítico de la crisis de las últimas tres semanas.

El lunes, 21 de septiembre, los dos presidentes celebran una ‘cumbre bilateral’ en la sede del Gobierno madrileño, la Real Casa de Correos, rodeados de boato y, sobre todo, de banderas. Allí acuerdan establecer una “cooperación reforzada” mediante un nuevo órgano, el ‘Grupo Covid’ que reunirá a ministros y consejeros para encontrar una solución para reducir los contagios. Esta nueva relación salta por los aires apenas cinco días después, cuando el viernes siguiente el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, comunica a su contraparte en La Moncloa, Iván Redondo, que definitivamente no van a aceptar las recomendaciones del Gobierno para rebajar de 1.000 a 500 casos la incidencia por cada 100.000 habitantes para ‘cerrar' ciudades, fijar restricciones en hostelería y en las relaciones sociales en toda la Comunidad.

Esto provoca que Illa "contraprograme" el anuncio de nuevas medidas en barrios de la Comunidad con una rueda de prensa en la que exige a Ayuso medidas más contundentes. Sánchez inicia entonces una ceremonia del amago con declarar el estado de alarma al lunes siguiente si la Comunidad de Madrid insiste en no aceptar.

Ayuso no lo acepta y, en lugar del estado de alarma, lo que se produce el lunes es una reunión en petit comité entre Illa y Escudero en la que se mantienen las diferencias pero en la que acuerdan que haya criterios comunes para toda España, que afectarán a las ciudades de más de 100.000 habitantes con una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes.

El acuerdo se someterá dos días más tarde, miércoles, a la aprobación de todos los consejeros autonómicos en el Consejo Interterritorial de Sanidad, que antes se preparará a nivel técnico. Es allí donde Illa plantea formalmente otros tres criterios que ya había explicado a la prensa la víspera y que acotan las ciudades afectadas solo a la Comunidad de Madrid. Hay más municipios de más de 100.000 habitantes con incidencia mayor de 500 casos, pero solo la capital y otras nueve ciudades madrileñas acumulan también un grado de positividad mayor del 10% de los PCR y están en una comunidad con las UCIs a más del 35% de su capacidad.

Ayuso, que ya el día antes ha mostrado desconfianza en los planes del Gobierno, confirma que no acepta esos criterios adicionales y vota en contra del acuerdo en un Consejo Interterritorial donde fuentes del Ejecutivo admiten que se ha dado una situación que “no tiene precedentes”. Este órgano funciona tradicionalmente por consenso y allí no hay votaciones, pero en esta ocasión sí la hay, porque el Gobierno ha cambiado en agosto la regla y ahora se exige una mayoría simple. Menos Castilla y León y una dudosa abstención de Murcia, los consejeros del PP votan en contra en lo que se convierte la segunda vez que la presidenta madrileña intenta zafarse de las restricciones que este viernes tomaron carta de naturaleza a través del Estado de alarma.

Acatamiento y recurso

Aún así, el ministro Illa anuncia que hay acuerdo para aplicar unas medidas que de momento afectan a solo a la Comunidad de Madrid. El Gobierno madrileño las rechaza, pero el ministro de Sanidad es meridianamente claro en una rueda de prensa a última hora del miércoles donde asegura que la decisión es vinculante y que Madrid tiene que acatarla, publicarla en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y hacerla efectiva.

En los días siguientes, jueves y viernes de la semana pasada, el Gobierno de Sol remolonea hasta que finalmente publica la Orden que plasma la Orden Ministerial de Sanidad tras el Consejo Interterritorial. Es un texto distinto de cuando dos semanas antes quiso aplicar restricciones solo a algunos barrios, algo que sigue siendo su apuesta hasta el final. Entonces, invocó la Ley de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para justificar aquellas restricciones. No merecieron reproche alguno por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como tampoco ocurría justo este viernes en el de Castilla y León, que refrendó los confinamientos de León y Palencia.

Sin embargo, cuando de las medidas fijadas por el Consejo Interritorial se trata, el Gobierno de Ayuso no sigue el mismo procedimiento. Lo que sí hace es anunciar en este mismo momento un recurso contra el acuerdo en el órgano que reúne a Illa y los consejeros. Precisamente, el que el TSJM admitió este jueves y que dejó sin efecto los confinamientos perimetrales en Madrid y otras nueve ciudades madrileñas porque la Orden de la Comunidad de Madrid no motivaba suficientemente los principios jurídicos para adoptar medidas que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este caso, el Gobierno madrileño no hizo referencia alguna a la ley de 1986.

La pelota volvió a quedar en el aire este jueves y a Sánchez no le quedó más opción que terminar cumpliendo este viernes sus amenazas de hace dos semanas. La víspera aún habló dos veces con la presidenta madrileña que, ya entrada la noche, le pidió “tiempo”. Por eso, el Consejo de Ministros previsto para las 8.30 horas se retrasó al mediodía. 

Los miembros del Gobierno -sin Sánchez, que estaba en Barcelona, y presididos por Carmen Calvo- entraron a la sala después de saber que la solución de Ayuso no cumplía de nuevo sus expectativas. Frente al confinamiento perimetral de Madrid, accedía a endurecer los criterios pero para confinar solo algunos barrios más. Algo que ella ya sabía que no le bastaba a Moncloa y Sánchez tuvo que imponer el estado de alarma.