Los juristas ya avisaron de que la opción del Gobierno central para imponer sus medidas en Madrid sin intervenir directamente la región era una vía "chapucera" aunque pareciera que era la que, a priori, menor coste político iba a suponer. Sin embargo, eso no frenó los planes de Moncloa, que tras el revés jurídico que supuso este jueves la no ratificación de sus medidas por parte del TSJM enfrenta los próximos confinamientos con dos caminos posibles: una reforma legal o la declaración del estado de alarma.

Guerra de cifras entre Sanidad y Madrid: "La incidencia sigue estando claramente por encima de los 500 casos"

"Veremos cuál es el camino que podemos tomar", aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no descartó ninguna opción para actuar en Madrid. Más ahora, a las puertas de un puente y con los madrileños sumidos en una gran incertidumbre legal. Eso sí, el mandatario ligó su decisión a un acuerdo con la Comunidad, cuya presidenta ha criticado en varias ocasiones el estado de alarma, el arma legal más efectiva. Llegó a decir que Sánchez ejercía un "mando único dictatorial" y, ya en la nueva normalidad, que decretarlo en Madrid supondría "el caos".

Los juristas, no obstante, son más proclives. "Las regiones no son estados dentro del estado y estamos hablando de limitar derechos fundamentales, para lo que existe el estado de alarma", asegura José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional en la URJC.

En una conversación con 20minutos, expone que es "una falta de respeto a la Constitución la no declaración del estado de alarma para restringir, por ejemplo, los movimientos". En su opinión, es el sistema "más garantista" y el más rápido: Sánchez lo podría decretar para hoy mismo y no necesitaría el visto bueno del Congreso hasta pasados 15 días.

"El plan A, el B y el C eran la salud de los ciudadanos"

Tampoco Salvador Illa rechazó esta figura. El ministro de Sanidad, a quien la decisión de los tribunales le sorprendió en mitad de una comisión parlamentaria, se limitó a decir que el "plan A, el B y el C eran la salud de los ciudadanos" y que actuarían, por tanto, en consecuencia.

No entró a comentar el correctivo aplicado por el TSJM al Gobierno, ya que pidieron reformas legales para avalar la limitación de derechos fundamentales. Visto lo visto ayer, no basta una orden ministerial como la que convirtió en norma Illa y que no se ha podido llegar a aplicar.

"Estado de alarma", "derechos fundamentales".... las 4 claves del fallo del TSJM que tumba la orden de Illa

En el auto, los seis magistrados de la Sala Octava reconocieron que han ido admitiendo "la posibilidad de que por ley orgánica u ordinaria se permita la adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales" por la situación sanitaria del país, pero tacharon de "llamativo" que no se haya abordado una reforma del marco normativo "más acorde con las confesadas necesidades", como la propia limitación de movimientos, "para combatir eficazmente la pandemia pese al consenso doctrinal existente". Para ello abrió la mano el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luiz Martínez-Almeida, que también fue crítico con Sánchez.

"Lo más grave del auto para el Gobierno no es que se produzca la no ratificación de las medidas impuestas en materia de movilidad, si no que denuncia que se tiene que disponer de un marco normativo adecuado para que las autonomías puedan tomar las decisiones en función de la situación epidemiológica", señaló el regidor.