Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Dina, ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo que investigue, por ser este aforado, al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por cometer presuntamente los delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa.

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El tribunal que tendrá que decidir sobre si el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos ha cometido los citados delitos es la Sala Segunda de lo Penal de Supremo, cuyo presidente es el conocido magistrado Manuel Marchena. Junto a él estarán juzgando las acciones de Iglesias Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer, Andrés Palomo y Eduardo de Porres. Se da la circunstancia de que cuatro de estos cinco jueces -Marchena, Ferrer, Arrieta y Palomo- formaron parte del tribunal que condenó sedición, malversación y desobediencia a los líderes independentistas catalanes en el denominado juicio del 'procés'.

De Marchena a Porres

Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959): Magistrado del Tribunal Supremo desde 2007 y presidente de la Sala Segunda desde noviembre de 2014. Allí ha instruido y archivado la causa de los supuestos cobros del exjuez Baltasar Garzón del Banco Santander durante su estancia en Nueva York. Entre otras, fue ponente de las sentencias que revisaron los casos de Mari Luz Cortés y del rapero César Strawberry y también presidió el tribunal que sentenció al exconseller Francesc Homs por el 9N. No está adscrito a ninguna asociación de jueces y es fiscal de carrera. 

Andrés Martínez Arrieta (Logroño, 1955): En 1998, con 43 años, se convirtió en el juez más joven en ingresar en el Tribunal Supremo al recibir el apoyo de 11 de los 18 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es uno de los fundadores de la asociación judicial Francisco de Vitoria, considerada de perfil conservador. Este magistrado formó parte del tribunal que condenó al juez Garzón por prevaricación debido a las escuchas a los líderes de la trama 'Gürtel' y del que le absolvió, por otro lado, por investigar las fosas del franquismo. Además, recientemente ha sido el presidente del tribunal que ha inhabilitado al presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra tras confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer a la Junta Electoral Central por no retirar una pancarta pidiendo la libertad de los presos del 'procés' durante un periodo electoral.

Ana Ferrer (Madrid, 1959): Esta juez de corte progresista se convirtió en 2009 en la primera mujer que presidió la Audiencia Provincial de Madrid y cinco años después, en 2014, la primera en acceder a la Sala de lo Penal del Supremo. Ha sido la juez instructora del famoso caso Roldán, procedimiento que tomó nombre del director de la Guardia Civil, Luis Roldán, condenado por malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

Andrés Palomo (Salamanca, 1955): Magistrado moderado. Fue designado en 2014 con el apoyo mayoritario del CGPJ procedente de la Audiencia Provincial de Segovia. Ingresó en la carrera judicial en 1981 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almendralejo (Badajoz).

Eduardo de Porres (Madrid, 1957): Fue designado magistrado del Supremo en julio de 2018. De perfil conservador, pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, y en este momento es el instructor de la causa que investiga a la portavoz en el Congreso de los Diputados de JxCAT, Laura Borrás, por las irregulares en la adjudicación de contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) a un amigo suyo.

¿Cuáles son los pasos a seguir por el Supremo?

Ahora, una vez recibida la exposición razonada por parte de la Audiencia Nacional, el asunto pasará a manos de la sala de admisión compuesta por los cinco magistrados, quienes deberán designar un ponente encargado de redactar la resolución que deberá exponer ante el resto de la sala. Nombrado el ponente, la sala deberá pedir a la Fiscalía que emita un informe sobre si debe o no investigar al líder de Podemos.

Y ya cuando la Fiscalía tenga listo su informe, que no tiene límite para su entrega ni es vinculante, lo remitirá a los magistrados para que decidan si se archiva o se admite a trámite la exposición razonada, es decir, será el momento en que el alto tribunal se pronuncie sobre si abre o no causa contra Iglesias.

En caso de abrir un procedimiento se designaría un instructor, que no podría ser ninguno de los magistrados que conforman dicha sala de admisión, cuya designación responde a un turno previamente establecido por los criterios que conforman la Sala de lo Penal.

Lee la exposición razonada del juez García Castellón para pedir al Supremo que investigue a Pablo Iglesias

Ya este escenario contempla la citación del líder de Podemos como investigado, para lo cual el juez debería dirigirse al Congreso de los Diputados para solicitar el suplicatorio, si bien existe la opción de que el imputado, por su condición de aforado, pueda acudir voluntariamente cuando desee a prestar declaración judicial.

Corresponde al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, enviar la petición a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien a su vez traslada el asunto a la Mesa de la cámara baja.

Si en el órgano de gobierno de la Cámara hay acuerdo, Batet enviará la petición del suplicatorio a la Comisión del Estatuto del Diputado, que preside ahora la socialista Begoña Nasarre.

Es indispensable dar audiencia al afectado, que podrá exponer sus alegaciones presencialmente o por escrito. Luego, la Comisión redactará un documento que deberá votar el pleno en sesión a puerta cerrada y si sale adelante, Batet enviará el suplicatorio al TS.

Varios políticos en ejercicio se han enfrentado a un suplicatorio. El precedente más reciente es el de la actual portavoz de JxCat, Laura Borràs, investigada por presuntas irregularidades en contrataciones de la Institución de las Letras Catalanas cuando fue directora entre 2013 y 2017.