Habrá prórroga de los ERTE derivados de la crisis del coronavirus hasta el 31 de enero, y el Gobierno la aprobará este martes en Consejo de Ministros. Pero solo es prácticamente seguro que tendrá el beneplácito de los sindicatos, dado que las patronales aún no han decidido si apoyarlo después de una semana de bloqueo en la negociación que no se resolvió del todo tras nueve horas y media de reunión ayer.

El texto que aprobará este martes el Consejo de Ministros es el producto de una negociación tan agónica como las anteriores, pese a que a principios de septiembre Gobierno, patronal y sindicatos se comprometieron a no apurar los plazos. No ha sido así y el acuerdo se pondrá en marcha in extremis, dado que el miércoles vencía la anterior prórroga.

Han sido dos los asuntos que han generado las discrepancias que han alargado las negociaciones: los sectores que se podrán acoger a los ERTE por fuerza mayor por la Covid y las exoneraciones que se aplicarán a estas empresas. Patronal y sindicatos exigieron desde el primer momento que no se delimitaran una serie de sectores de empresas que podían acogerse a los ERTE. Tras muchos días en los que las conversaciones han estado encalladas en este punto, ayer el Gobierno se movió: podrán suscribir ERTE todas las compañías afectadas por el coronavirus, pero las ventajas fiscales que recibirán serán diferentes en función del perjuicio que haya sufrido su sector.

Según explican fuentes del diálogo social, la última oferta del Gobierno contempla que las empresas más perjudicadas por la pandemia (las del sector turístico, por ejemplo) que estén en un ERTE iniciado antes del 1 de julio tengan exenciones de hasta el 100% en las cotizaciones sociales de sus empleados que aún no se han reincorporado. Por su parte, las empresas que hayan tenido que acogerse a un ERTE por las restricciones decretadas desde el 1 de junio (los conocidos como ERTE "de rebrote") tendrían exoneraciones del 100% en octubre, el 90% en noviembre, el 70% en diciembre y el 60% en enero en las cotizaciones sociales de sus trabajadores no reincorporados.

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Es decir: habría ayudas para todas las empresas que se entienda que se han visto perjudicadas por la pandemia y las restricciones decretadas por la misma, pero estarían concentradas en las actividades más dañadas, algo que no convence a la CEOE, que plantea exenciones generalizadas sin que ningún sector pierda cobertura.

También cambia el modelo de exoneraciones fiscales, como pedían unánimemente patronal y sindicatos. El Gobierno cede y dejará de primar a las empresas que vayan reincorporando a sus trabajadores con mayores exenciones fiscales que a aquellas que los mantengan en ERTE. Ahora, se exonerará a las empresas de las cotizaciones por cada trabajador no reincorporado a su puesto, lo que permite mayores porcentajes de exención fiscal.

Además, finalmente los trabajadores que lleven más de seis meses en un ERTE puedan seguir cobrando el 70% de su salario de las arcas del Estado, en lugar de pasar a tener garantizado tan solo el 50%, como establece la legislación actual, y se mantiene la prohibición de despedir a los empleados que han estado en ERTE hasta seis meses después del fin del expediente.