La Audiencia Nacional propone juzgar a los exgerentes y extesoreros de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germá Gordó, así como al exresponsable jurídico del partido Francesc Xavier Sánchez Vera, y a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas, por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, soborno, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el denominado 'caso 3%', la estructura puesta en marcha para financiar "ilegalmente y de forma encubierta" la citada formación política. 

El magistrado dirige la causa, entre otras, contra varios ex altos cargos políticos y funcionarios de administraciones públicas de Cataluña de la misma CDC, el PdeCat, las empresas Teyco, Urbaser, Fundación ACS, grupo Soler Constructores o Copisa.

La interlocutoria del juez José de la Mata, de 304 páginas, pone fin a una investigación que se inició el 2015 en relación a determinadas actuaciones irregulares de personas vinculadas al Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) y que ha concluido con esta resolución en la cual el juez describe la operativa desplegada por los investigados en al menos 31 adjudicaciones de obra pública sospechosas entre el 2008 y 2012 que supusieron el 7,7% de la financiación global del partido. 

En esos años, ocuparon cargos en la dirección del partido Artur Mas y Oriol Pujol, hijo del expresidente Jordi Pujol. Sobre Mas, el magistrado apunta que participó en reuniones con empresarios.

Entre la treintena de adjudicaciones investigadas destacan el contrato de recogida de basura de Olot; el mantenimiento de escuelas de Barcelona; obras en centros educativos de Manresa, Vila-seca, El Vendrell, Sant Celoni, Sant Hipòlit de Voltregà y Sabadell; el proyecto de la estación del AVE en Girona; un CAP de Mataró y uno en Prats de Lluçanès; un centro cívico en Sant Fruitós de Bages; el dique Este y la ampliación de los accesos Sur del Puerto de Barcelona; la remodelación de la avenida del Paral.lel, la plaza de les Glòrias y tramos de carril bici en Barcelona; la prolongación de los FGC en Sabadell; obras a la carretera C-55 en Manresa y otras; una carretera de la Diputación de Barcelona; el Campus Diagonal Besòs de Barcelona; un parque en Lloret de Mar; una piscina en Figueres; pisos sociales en Sant Cugat del Vallès; el ISPC en Mollet del Vallès; o el hospital Sant Pau de Barcelona.

Los tres peldaños de la organización criminal

En el más alto nivel de la organización, el juez incluye a los responsables del partido Gordó, Osàcar y Viloca, que llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofrecidos por diferentes administraciones del ámbito territorial catalán, todas bajo la esfera de poder de CDC (ayuntamientos, diputaciones u organismos dependientes de la misma Generalitat), e "influían en sus responsables para conseguir que fueran adjudicadas a las empresas asociadas a este pacto criminal". Ellos, según el juez, llevaban las cuentas, materializaban el seguimiento de deudas pendientes, en las adjudicaciones dadas y, "por supuesto, recibían los pagos".

En un segundo peldaño, el magistrado sitúa a las autoridades de estas administraciones que, de acuerdo con los responsables de CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron efectivamente concursos públicos con el fin de "dirigirlos" hacia las compañías de los empresarios cómplices. Aquí se sitúan personas como Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat del 2011 al 2016; Joan Lluís Quer, presidente de Infraestructuras.cat del 2011 al 2015; Sixte Cámara, presidente del Puerto de Barcelona del 2011 al 2018 y exsenador de CiU; o Antoni Vives, exteniente de alcaldía de Barcelona.

En el tercer peldaño, el instructor incluye al grupo de los empresarios que, sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de CDC para hacer pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas a CDC, CatDem y Fundación Forum Barcelona. Aquí se sitúan empresarios como Sergio Lerma, Josep Manel Bassols, Félix Paquina, Jordi Sumarroca, Antonio García Bragado, Joan Maria Pujals, ex conseller de Cultura en los gobiernos de Pujol, entre otros. Entre las empresas procesadas hay Teyco, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructora, COPISA, TEC Cuatro, Oproler y Pasquina, entre otras.

Todos los investigados eran necesarios para cerrar el círculo de las actividades delictivas y, según argumenta de la Mata, desarrollaron estas acciones dirigidas a un solo objetivo: "subvertir el estado de derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto de los dirigentes del partido político, consiguiendo una "financiación ilegal" para el mismo, implicando un grave descrédito a la administración pública y un perjuicio al erario público".

Se trata, indica el juez, "de una operativa sostenida en el tiempo, de carácter sistémico, que permanece inalterable con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de las estructuras en el seno de las cuales se ejecuta. La mejor evidencia de esto es que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos objeto de investigación, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas que participaban".