Los alcaldes de la CUP de los municipios de Verges (Baix Empordà) y Cerlà (Gironès), Ignasi Sabater y  Dani Cornellà, no irán a juicio por el corte del AVE durante el primer aniversario del 1-O porque, una vez cerrada la investigación, ni la fiscalía ni Adif los acusa. 

La Policía Nacional los arrestó el 16 de enero del año pasado en el marco de un operativo que se saldó con dieciséis detenciones por participar en el corte del AVE en Girona el 1 de octubre de 2018. Esta intervención policial polémica, que despertó numerosas críticas y movilizaciones de protesta.

El juzgado de instrucción número 4 investigó un total de diecinueve activistas y concluyó que había indicios para enviar a diecisiete a juicio. Finalmente, la fiscalía y la abogacía del Estado en nombre de Adif solo acusan a cuatro de los diecinueve investigados inicialmente. Están acusados de delitos de desórdenes públicos, daños en patrimonio público, atentado a agentes y lesiones leves y se enfrentan a penas de cuatro años de prisión para cada uno y a multas por valor de 12.150 euros.

ACN

Una campaña apoya a los encausados

La campaña de solidaridad con los encausados por las movilizaciones en Girona durante el primer aniversario del 1-O, que se bautizó como '21 razones', subraya que, a pesar del archivo para la mayoría de los encausados, continúa "el constante intento de criminalización" contra el independentismo. "Solo movilizadas y organizadas nos será posible romper el muro antidemocrático del estado español", afirman.

En este sentido, subrayan que seguirán "luchando para continuar ejerciendo el derecho a la autodeterminación y para conseguir la libertad de todos los presos y presas políticas", y concluyen: "Queremos transmitir toda la solidaridad a las compañeras que tendrán que hacer frente a este juicio y decirles que no estarán nunca solas".

En el comunicado, también hacen un llamamiento a la solidaridad y piden a la sociedad que esté atenta a las convocatorias y acciones a través de las redes sociales.

La formulación de los escritos de acusación y la apertura de juicio oral llega después del primer juicio contra un activista por las movilizaciones del primer cumpleaños del 1-O. Jordi Alemany se enfrentaba inicialmente a cinco años de prisión por, presuntamente, irrumpir en la sede de la Generalitat en Girona y descolgar la bandera española de la fachada.

Al final del juicio, no obstante, la fiscal retiró la acusación por los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones y daños. Solo mantuvo la acusación por desórdenes públicos y ultraje a la bandera, solicitando así un año de prisión y multa por valor de 1.260 euros.