El Consejo de Ministros aprobará este martes el Fondo de Reserva de Garantía para la industria electrointensiva, una medida que "va a permitir acompañar el desarrollo de los 'PPA' (contratos de compra y venta de electricidad a largo plazo) con plantas de generación renovable.
En un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Maroto enmarcó esta medida dentro de las "prioridades" que representan para el Gobierno el mejorar la competitividad de la industria electrointensiva.
Según el anteproyecto de Ley por el que se crea esta figura, que vio la luz el pasado mes de febrero, el fondo, que será gestionado por la Compañía Española de Seguros de Crédito para la Exportación (CESCE), cubrirá un total de 600 millones de euros para sus tres primeros años.
En concreto, el fondo estará dotado con 200 millones de euros anuales, para cubrir como máximo 600 millones de inversión en tres años. En lo que se refiere a los años siguientes, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) determinarán cada año, a partir del cuarto, cantidades máximas a cubrir, y, en su caso, las ampliaciones del fondo.
Este fondo, creado como mecanismo de cobertura para el impulso de los 'PPA's, con el objetivo de abaratar los costes energéticos de los grandes consumidores, figura entre las medidas planteadas por el Gobierno para ayudar a la gran industria a rebajar su factura energética.
El Congreso debate la reprobación de Marlaska
Ya en el Congreso, los diputados votarán en el pleno la moción del PP que pide la reprobación del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las destituciones en la cúpula de la Guardia Civil. La iniciativa del PP será uno de los puntos más destacados del orden del día del pleno de este martes después de que la semana pasada el grupo popular anunciara esta reprobación durante la interpelación a Marlaska.
En el texto de la moción, el PP tilda de "antidemocrática" la actitud del ministro cuando destituyó al coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, un cese que para el partido que lidera Pablo Casado obedeció a que los mandos del instituto armado no se plegaron a las "órdenes ilegales" de Marlaska ni a sus "injerencias en el funcionamiento independiente" del poder judicial.
El PP considera a Marlaska "indigno de ocupar" el cargo de ministro de Interior, según indica la moción, cuyo primer punto es su reprobación. Ya la semana pasada, el PP exigió la dimisión del ministro en un debate en el que la diputada Ana Belén Vázquez lanzó duras palabras. "Usted no es la Guardia Civil; ha perdido toda legitimidad, es una trituradora de la verdad. La divisa de la Guardia Civil es el honor; su divisa, señor Marlaska, es la mentira", le espetó.
El titular de Interior reiteró su derecho a situar "al mejor equipo de generales" al frente de la Guardia Civil, caracterizado por el "honor, la neutralidad política y la profesionalidad" y defendió que los nuevos mandos son "fruto de la renovación natural de equipos directivos".
Se trata de la primera censura parlamentaria a un miembro del Gobierno de coalición que se vota en esta legislatura y, a priori, cuenta con el respaldo del PP, Vox y Ciudadanos, que suman el 43% del hemiciclo.
El PNV lleva su reforma de la Ley de Secretos Oficiales
El PNV llevará también al pleno de nuevo su propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales para acelerar la desclasificación de documentos, una ley que lleva planteando desde 2016. La Cámara ha aceptado tramitarla en dos ocasiones, pero los grupos mayoritarios van ampliando los plazos y al final nunca ha llegado a ver la luz.
La proposición de ley de los nacionalistas vascos busca establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 35 años y reservados en 10 años, lo que permitiría sacar a la luz papeles aún ocultos de la Transición, de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 o de la actuación de los GAL.
El Pleno del Congreso dio vía libre a su tramitación en abril de 2016, pero la iniciativa decayó al convocarse las elecciones de junio de aquel año. El PNV volvió a la carga en la legislatura siguiente, la norma inició de nuevo su andadura en noviembre de aquel año, pero el plazo para la presentación de enmiendas a la misma se fue prorrogando hasta marzo de 2018.
Sin embargo, eso no sirvió para desbloquearla porque, pese a que los grupos registraron las enmiendas, quedó de nuevo varada en la Comisión Constitucional, que, pese a las quejas de los de Aitor Esteban, nunca convocó la ponencia para discutirlas.
Tras las elecciones de junio de 2019, el PNV volvió a registrar el texto, pero esta vez no llegó al Pleno y volvió a caducar con la convocatoria de nuevas elecciones en noviembre. Los nacionalistas recuperaron su iniciativa al inicio de esta legislatura y la defenderán de nuevo ante el Pleno el próximo martes.
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