La pandemia de coronavirus ha tensado las costuras de un muy presionado sistema de residencias de mayores, pero los problemas son graves y vienen de lejos. Así de crudo fue el retrato que realizó este lunes el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en el Congreso de los Diputados, donde acudió para presentar el informe de la institución de los dos últimos años y donde exigió a las autoridades "cambiar de modelo" de atención geriátrica.

Fernández Marugán compareció ante la comisión mixta de Congreso y Senado que se ocupa de las relaciones con la institución que lidera. Y, aunque se limitó a explicar los informes relativos a la actividad del Defensor del Pueblo en los años 2018 y 2019 y no a hablar de la crisis del coronavirus, lo cierto es que la necesidad de cambios en el sistema de residencias de mayores -que han concentrado la mayor parte de los fallecimientos en la crisis- fue una parte fundamental de su intervención precisamente porque el problema viene de lejos y la institución lleva años estudiándolo.

La gestión de las residencias recae en las comunidades a pesar de la Covid

Para el Defensor del Pueblo, es evidente que "la estructura de edad de la población y su proyección futura, junto con los cambios en los modelos de hogar y la mayor escasez de apoyos familiares, obligan a revisar las pautas de actuación en la atención social". Pero para ello, señaló, son necesarios cambios "profundos" en el actual sistema asistencial, del que explicó que las "quejas recibidas" al menos desde 2018 son "reiteradas".

Desde ese año, el Defensor del Pueblo ha solicitado informes sobre sus sistemas de residencias las comunidades. Y, a juicio de Fernández Marugán, son cuatro las áreas en las que debe centrarse la reforma: "Presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora", dado que "las plazas son insuficientes", existe una evidente "escasez de personal" y, en general, "el conjunto del sistema residencial de mayores adolece desde hace años de una serie de disfunciones" que "no son imputables" a la crisis del coronavirus.

En este sentido, Fernández Marugán planteó la necesidad de aumentar las ratios de personal en las residencias de mayores por cada residente, habida cuenta además del aumento del número de ancianos que provoca el progresivo envejecimiento de la población. Según el INE, el 19,3% del total de la población es ya mayor de 65 años, un porcentaje que se espera que alcance casi el 30% para 2068. Y ese aumento de mayores implica también un crecimiento en el número de dependientes.

Así las cosas, el Defensor del Pueblo también insistió en la necesidad de dotar a las residencias de ancianos de profesionales y material para la atención sanitaria, de los que ahora mismo adolecen en gran medida, como ha quedado comprobado durante la crisis del coronavirus, en la que el Estado tuvo incluso que facultar extraordinariamente a las comunidades para que medicalizaran los geriátricos. "La experiencia de las últimas semanas aconseja recomendar que las residencias cuenten con una estructura médica y de enfermería más amplia", señaló Fernández Marugán.