Las competencias para adecuar las residencias de ancianos para afrontar la crisis del coronavirus, contratar personal o dotarlas de equipamiento durante la pandemia ha estado en todo momento en manos de las comunidades autónomas. Así lo reflejan varias órdenes publicadas en el BOE desde marzo, que explicitan que la responsabilidad del Gobierno central -fundamentalmente, del Ministerio de Sanidad- ha sido la de la coordinación y control de la acción de las autonomías.

En las últimas semanas, el Ejecutivo central y algunos Gobiernos autonómicos –el madrileño con particular dureza– se han acusado mutuamente de ser los máximos responsables de los fallecimientos en residencias de ancianos ocurridos durante la pandemia. La declaración del estado de alarma y la centralización de algunas competencias en el Gobierno han llevado a algunas administraciones regionales a culpar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, o el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de estas muertes.

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Pero lo cierto es que la competencia sobre los geriátricos nunca fue retirada a las comunidades. Las órdenes dadas tanto desde Sanidad como desde Vicepresidencia Segunda se limitan a establecer pautas de refuerzo y reorganización de las residencias cuyo cumplimiento se exigía a las comunidades, a las que además se facultó a mediados de marzo a intervenir o medicalizar los centros en caso necesario. El Gobierno, además, aprobó un fondo de 300 millones de euros, una parte de los cuáles estaban destinados a mejorar la atención en las residencias, cuyo reparto a las comunidades coordinó Iglesias. Pero el mando siguió siendo autonómico.

Con datos de 11 de junio, el total de fallecidos en residencias de mayores por coronavirus o síntomas compatibles ascendía a 19.481 personas. La Comunidad de Madrid y Cataluña, las más afectadas por el coronavirus, son también las que mayor número de fallecidos en residencias han registrado: 5.975 y 4.082, respectivamente, lo que supone el 68% y el 74% de sus fallecidos totales. También en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Navarra y La Rioja más del 50% de los decesos registrados han sido en geriátricos.

17 de marzo: Fondo de 300 millones para las comunidades

El 17 de marzo, tres días después de la declaración del estado de alarma, el Gobierno aprueba un decreto de medidas urgentes en el que se incrementa el presupuesto de la Vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias en un total de 300 millones de euros. Este fondo, según señalaba la misma orden, se repartiría entre las comunidades "para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas, diputaciones provinciales, o las corporaciones locales, que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del Covid-19".

Entre las prestaciones que el Gobierno consideraba necesario reforzar (y para las que entregó el dinero a las comunidades) se encontraban "los servicios de proximidad de carácter domiciliario", el traslado "al ámbito domiciliario de los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares", el refuerzo de "las plantillas de centros de servicios sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla" o la "adquisición de medios de prevención (EPI)".

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No obstante, la decisión final sobre en qué se gastaba el dinero otorgado por el Estado a través de la Vicepresidencia segunda correspondió a las comunidades en todo momento.

19 de marzo: Iglesias detalla este fondo

Dos días después de firmarse este real decreto, el 19 de marzo, Iglesias comparece junto a Illa en la Moncloa y anuncia que ha convocado a las comunidades al día siguiente para "abordar el reparto de este fondo de 300 millones de euros para reforzar la atención social". El vicepresidente segundo menciona tres problemas que se tratarán de paliar con este dinero, y entre ellos hace una referencia expresa a las residencias de mayores.

"Las residencias de mayores, como saben, son de los lugares más vulnerables en esta emergencia sanitaria. Sus plantillas están desbordadas, y en muchos casos no han dispuesto de los equipos de protección individual necesarios", señaló Iglesias, que aseguró que "para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin". 

"Es urgente medicalizar estos centros reforzando a las plantillas con personal y elementos sanitarios con más recursos", así como adquirir "equipos de protección individual para los profesionales de estos centros", planteó Iglesias. Pero en ningún momento dijo que fuera a ser él mismo o el Gobierno quien asumiera esa competencia: se limitó a señalar que el fondo de 300 millones a las comunidades debía servir para hacer estas adquisiciones.

21 de marzo: Sanidad insta a las comunidades a reforzar las residencias

Dos días más tarde, el 21 de marzo, el BOE publica una orden del Ministerio de Sanidad en la que se insta a las comunidades a reforzar los servicios en los geriátricos, entre ellos la limpieza o las medidas preventivas. En dicha orden se establece la obligatoriedad de clasificar (y, en el caso de los enfermos, aislar) a los residentes en función de su situación epidemiológica para frenar la cadena de contagios.

El documento aprobado por Sanidad también faculta a "la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma" a "modificar la prestación de servicios del personal médico, de enfermería u otro tipo de personal sanitario vinculado con las residencias" para adaptarlo a las necesidades. Tanto de los centros públicos, como en caso necesario, de los privados. Y, por si no fuera suficientemente claro, la orden señala que "corresponde a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias".

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23 de marzo: se permite a las comunidades medicalizar residencias

Un par de días después, el Gobierno central volvió a reforzar las competencias de las comunidades autónomas sobre las residencias a través de una nueva orden ministerial de Sanidad, esta a propuesta de la Vicepresidencia Segunda de Iglesias. A través de la misma se prohibió el cierre o recorte de personal en los geriátricos y se facultó "a la autoridad competente de la comunidad autónoma" a "intervenir los centros residenciasles" en "función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto".

La propia orden detallaba que las comunidades podían ordenar "el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otros centros residenciales, con independencia de su carácter público o privado", así como "la adopción de las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros residenciales y la modificación de la capacidad u organización de los existentes". Y, expresamente, se permitía a las comunidades medicalizar los geriátricos para atender mejor a los pacientes con coronavirus.