Madrid y País Vasco se desmarcan del acuerdo de Educación para la vuelta a las aulas el próximo curso

La ministra de Educación, Isabel Celaá, durante la Conferencia Sectorial de Educación
La ministra Isabel Celaá, durante la Conferencia Sectorial de Educación.
EFE / F. Alvarado
Metro en mano los centros educativos se preparan para una vuelta a las aulas con total seguridad. Recuperar la ansiada educación presencial llevará consigo evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas de los colegios, mantener las ventanas abiertas siempre que sea posible, escalonar las salidas al patio o aprovechar todos los espacios disponibles. Las aulas volverán a encenderse con 20 alumnos como máximo y hasta cuarto de Primaria, sin la necesidad de mascarilla o de guardar la distancia de seguridad. El acuerdo de 14 puntos de regreso a los centros se ha comunicado a las Comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, con el rechazo de Madrid y el País Vasco. El Ministro de Universidades también propone un regreso masivo de los alumnos y pide a los rectores que calculen su nivel de ocupación para mantener el metro y medio de separación. De no ser así la educación presencial se alternaría con las clases online.

La ministra Isabel Celaá se ha reunido este jueves con los consejeros de Educación en la cuarta Conferencia Sectorial que celebran desde el decreto del estado de alarma. En el encuentro se ha abordado la vuelta a clase en septiembre y han quedado patentes las reticencias de algunas comunidades al plan anunciado este miércoles por el Gobierno con pautas para evitar el contagio por coronavirus

Además de ese documento base con medidas sanitarias, Celaá ha presentado a los representantes autonómicos un acuerdo educativo con catorce puntos genéricos que ha sido suscrito por todas las regiones, a excepción de Madrid y País Vasco. El Ejecutivo madrileño considera que no resuelve "los graves problemas para el inicio de curso", mientras que desde Vitoria se esgrimen cuestiones competenciales.  

"Quedan más de dos meses para el nuevo curso, muchísimo desde el punto de vista epidemiológico, pero nuestra responsabilidad es organizar la actividad educativa para que la vuelta a la escuela sea segura y sostenible", ha apuntado Celaá tras la reunión. La ministra ha recordado que las comunidades mantienen "intactas" las atribuciones en Educación y que la labor del ministerio es "recomendar y propiciar marcos generales".

El acuerdo alcanzado establece que el año académico comenzará en las fechas habituales de septiembre y que se mantiene en 175 el mínimo de jornadas lectivas, con la posibilidad de que sean adaptadas a las circunstancias concretas de cada centro. Asimismo se apostará por la educación en las aulas, toda vez que la online "no puede sustituir la socialización ni la interacción de los alumnos ni entre ellos ni con los docentes". 

un acuerdo de 14 puntos

  • - El curso 2020/2021 comenzará en las fechas habituales y seguirá las pautas temporales de otros cursos académicos.
    - Se adoptará la actividad lectiva presencial como principio general.
    - Los centros adaptarán su programación con el fin de recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados.
    - Las administraciones educativas marcarán directrices para el seguimiento de los alumnos con dificultades.
    - Se fomentará el trabajo entre los centros para permitirles dar una respuesta coordinada a las nuevas circunstancias.
    - Los centros seguirán las indicaciones de las autoridades sanitarias.
    - Las administraciones educativas trabajarán con los servicios propios de prevención de riesgos laborales.
    - Las administraciones educativas proporcionarán protocolos de actuación para garantizar la higiene y la limpieza.
    - Los centros dispondrán de un plan que establezca la organización que mejor se adapte a sus condiciones.
    - Las administraciones prepararán planes de contingencia para que los centros puedan hacer frente a las eventualidades.
    - Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que los centros puedan ofrecer los servicios complementarios habituales.
    - Se adoptarán medidas orientadas a la reducción de la brecha tecnológica.
    - El ministerio y las consejerías colaborarán en el desarrollo de recursos digitales.
    - El ministerio y las consejerías pondrán en marcha programas de cooperación para dar respuesta a la nueva situación.

"Seguro que han podido desarrollar otras destrezas durante el confinamiento y que ha habido otros aportes en términos cognitivos, emocionales y de maduración. Pero esta situación ha generado brechas de desigualdad", ha señalado Celaá. "Hemos aprendido mucho y hemos afianzado algunas certezas, entre ellas que la escuela es insustituible como herramienta para la equidad y como motor de prosperidad", ha agregado.

En esta línea, la ministra ha asegurado que pondrán "el énfasis en la presencialidad", pero sin abandonar la digitalización del sistema educativo como "medida subsidiaria". Para ello su departamento va a poner en marcha un programa de cooperación territorial que permita mejorar la dotación de equipamiento tecnológico de los centros y de los estudiantes. Este convenio, que se desarrollará junto con el Ministerio de Asuntos Económicos, se presupuestará al margen de los 2.000 millones de euros que las comunidades recibirán para destinar a educación. Un segundo programa de cooperación se dirigirá a la recuperación y el refuerzo del alumnado y de los centros con más dificultades para afrontar "situaciones anómalas". 

El consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, ha tildado ese fondo económico de 2.000 millones de "insuficiente" y ha argumentado que solo se ha contemplado para el último trimestre de 2020. Respecto al acuerdo de 14 puntos ha afirmado que "no sirve para nada" y que solo contiene "obviedades". "Recoge lo que todas las comunidades ya estamos haciendo. No resuelve los graves problemas que tenemos para el inicio de curso, como los espacios y el profesorado", ha manifestado para argumentar su voto en contra. 

Ossorio ha afirmado que la Comunidad no puede comprometerse con los catorce puntos planteados si no se flexibilizan algunas medidas del real decreto que regulará la nueva normalidad y del texto con pautas sanitarias de cara a septiembre. Este último documento, conocido el miércoles, también se ha tratado durante la Conferencia y Celaá se ha afanado en aclarar que es un borrador sobre el que esperan "aportaciones". "Ha habido sugerencia de flexibilidad y las trasladaremos a Sanidad", ha asegurado, aunque ha recordado que no mantener la separación interpersonal supondría estar incumpliendo la ley.

"En Primaria, con la distancia de 1,5 metros era factible hacer grupos de 23 alumnos pero este borrador los reduce a 15 y como máximo 20. Ese máximo por aula es letal para una vuelta normal al curso", ha sentenciado Ossorio sobre un texto criticado también por Cataluña. La Generalitat advierte de que, superado el estado de alarma, las competencias para dictar medidas sanitarias serán suyas.

Desde el País Vasco, la consejera Cristina Uriarte ha indicado por su parte que el País Vasco gestionará sus competencias en el ámbito educativo y que el Ejecutivo del que forma parte ya está trabajando con los diferentes agentes de cara a la planificación del nuevo curso escolar.

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