La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una campaña para pedir mascarillas gratuitas, ya que cumplir con la obligación de llevarlas tiene un coste de 110 euros al mes para una familia tipo y no todas pueden afrontar este gasto. 

Se prueba varias mascarillas antes de comprar una a un vendedor en la calle

La campaña #mascarillasparatodos pide garantizar el acceso de los ciudadanos a todos los tipos de mascarillas, la fijación de su precio de venta y un suministro mínimo gratuito de mascarillas al mes. 

Para la OCU, su uso obligatorio se ha convertido en un nuevo recibo mensual para las familias, que desde el 21 de mayo deben sumar el gasto en mascarillas a los gastos fijos de cada mes como son el agua, la electricidad, el gas, el teléfono o la alimentación. 

Muchas familias se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica grave, según una reciente encuesta de la organización, que asegura que un 10% de ellas tiene dificultades para llegar a fin de mes haciendo frente a las necesidades básicas y que para un 6% es muy difícil hasta pagar la comida, argumenta la OCU. 

"Para estas familias va a resultar casi imposible hacer frente al gasto que supone cumplir la obligación de uso de las mascarillas", según los consumidores, que piden que sean gratuitas al menos para las familias mas vulnerables. 

El resto debería contar, según la organización, con un suministro mínimo mensual que permitiera aliviar el impacto económico de esta medida.

Asociaciones sanitarias

La Asociación Ciudadana para la Defensa y promoción de la Salud del País Valencià (ACDESA-PV), de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública (FADSP), también ha solicitado que las mascarillas se den de forma gratuita porque, a su juicio, el gasto que suponen estos productos puede generar "más desigualdades" entre la sociedad.

Así, y tras recordar que la evidencia científica ha mostrado que las mascarillas tienen una función preventiva, la organización ha destacado la necesidad de que se consideren como un producto de "primera necesidad", al igual que los son los medicamentos o las vacunas. 

En este sentido, y tras señalar que el 26 por ciento de la población de España está en riesgo de pobreza o exclusión social, ha solicitado que el coste de las mascarillas sea asumido por los servicios sanitarios públicos mediante la prescripción, o la distribución que sea necesaria, y sin que suponga "detrimento" en la economía personal o familiar para la población más vulnerable económicamente.