La idea del Gobierno de utilizar la provincia como límite territorial para llevar a cabo la desescalada no ha gustado en varios de los Ejecutivos autonómicos. Comunidades como Galicia, Aragón, Cataluña o el País Vasco son partidarias de que las medidas de desconfinamiento vayan aplicándose en divisiones territoriales más pequeñas y que pueden, a su juicio, ser más precisas a la hora de determinar las zonas donde es posible avanzar más rápidamente.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunirá esta tarde con las comunidades en un nuevo Consejo Interterritorial en el que los Gobiernos autonómicos podrán expresar sus dudas, que Illa se ha comprometido a estudiar. No obstante, varios ya lo han hecho en público. Es el caso de Galicia, donde su presidente, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este miércoles que la planificación del Gobierno es "confusa, discrecional" y tiene "serias lagunas de eficacia y utilidad".

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A juicio de Feijóo, la provincia debería ser sustituida por las áreas sanitarias como límite territorial con el cual gestionar el desconfinamiento. Y, además, el mandatario gallego no comparte que los vecinos de municipios limítrofes con otras provincias no puedan desplazarse si la provincia aledaña se encuentra en la misma fase de desescalada que en la que reside. "No tiene sentido que un vecino de Padrón pueda ir a Ortigueira y que no le dejen pasar a Pontecesures", dijo.

En la misma línea se han pronunciado los gobiernos catalán o vasco. En el caso de Cataluña, la Generalitat ha pedido utilizar las áreas sanitarias, subdivisiones de las siete regiones sanitarias en las que se divide la comunidad, como límites territoriales para el desconfinamiento progresivo. Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, sostuvo este miércoles que las provincias tienen un "protagonismo nulo" en términos de competencias para la gestión de la salud pública.

Algunos socialistas muestran dudas

Pero también varias comunidades gobernadas por presidentes socialistas han mostrado sus reservas en relación a la decisión del Ejecutivo central. Es el caso de la Comunidad Valenciana, cuyo presidente, Ximo Puig, afirmó este miércoles a las claras que "el marco provincial no es el adecuado" para abordar la desescalada. Para Puig, el marco que habría que aplicar es el de las áreas de salud de su autonomía, ya que "las comarcas muchas veces tienen una interrelación que va mucho más allá de lo que son los límites provinciales".

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Igualmente, al presidente de Aragón, Javier Lambán, tampoco le convence el método del Gobierno y el martes aseguró que "no recoge la realidad de la comunidad" porque "no atiende a la especificidad del medio rural". La propuesta aragonesa es diferente a la de otras comunidades y se basa en un desconfinamiento gradual basado en la población de los municipios, por el cual algunas localidades pequeñas podrían avanzar más rápidamente que los grandes núcleos de población.

Un criterio similar es el que plantea el presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García Page, que en una entrevista a El Mundo hace unos días consideraba que "la provincia no es el mejor instrumento de planificación", al menos en su región. "En Guadalajara hay comarcas con menos habitantes por kilómetro cuadrado que en Siberia y otras, más urbanas, con miles. Creo que la escala debe ser otra. Municipios, áreas o comarcas donde pueda producirse un desconfinamiento mayor, pero limitando su movilidad con otras", planteaba.

También la Junta de Castilla y León ha mostrado sus reservas sobre la provincia como ámbito de aplicación de la desescalada. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha asegurado que es "esencial" que las entidades locales impulsen directamente el desconfinamiento, mientras que el vicepresidente Francisco Igea (Ciudadanos) fue en la misma línea y señaló que el Gobierno regional considera que la progresiva reanudación de la actividad debe producirse en un ámbito menor al de la provincia.