El Ministerio de Sanidad no trabajará más con la empresa Garry Galaxy, la compañía a la que compró un lote de mascarillas defectuosas que ya se han retirado de la circulación pero que fueron utilizadas por algunos sanitarios. Así lo confirmó este jueves el ministro del ramo, Salvador Illa, que explicó que el suministro de este material continuará a través de otras empresas. 

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Illa confirmó esta decisión en su comparecencia semanal en la comisión de Sanidad del Congreso, después de que se conociera la existencia de este lote defectuoso. Según explicó, el pasado 15 de abril su ministerio cursó una orden urgente para retirar todas las mascarillas compradas a Garry Galaxy tras detectarse este material deficiente, a pesar de que, según Illa, los fallos de fabricación afectaban solo a un lote y otros de los que se analizaron "sí cumplían con todas las especificaciones".

"Esta comunicación se realizó la misma tarde en la que tuvimos los informes del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo", el encargado de testar el material de protección que se compra, señaló el ministro. "Actuamos en todo momento priorizando la seguridad de nuestros profesionales sanitarios y ofreciendo toda la información con máxima transparencia a las comunidades", sostuvo Illa.

Sin embargo, tras el fallo, el ministro confirmó que "el pasado martes" se comunicó a Garry Galaxy el fin de la relación contractual. "Vamos a obtener suministro a través de otras empresas autorizadas por el Gobierno chino", señaló Illa, que aseguró que al material que se compre se le va a hacer "el mismo estudio de calidad" que ha permitido detectar las mascarillas defectuosas.

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Illa, en cualquier caso, insistió en que las mascarillas que se adquirieron tenían el sello de homologación europeo, pese a lo cual "el Gobierno de España hace tres controles adicionales" para intentar evitar los errores.

No obstante, y a pesar de las explicaciones y la decisión de Sanidad, la Confederación de Sindicatos Médicos ha anunciado que presentará una querella ante el Tribunal Supremo contra Illa por la distribución del material defectuoso en varios hospitales. La organización considera que hubo una "actuación negligente" por parte de Sanidad que puso "en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades".