El Gobierno se ha comprometido a que España se adhiera finalmente al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue aprobado en 2011 y que busca igualar los derechos laborales de las trabajadoras domésticas con el del resto de los asalariados.

Precariedad y racismo: la vida de una trabajadora doméstica en el siglo XXI

Este instrumento busca terminar con la histórica discriminación en el sector del trabajo doméstico, ampliamente dominado por mujeres, sobre todo en América Latina y en los países desarrollados.

Una vez que el Convenio sea aprobado por las Cortes, el Ejecutivo tendrá que introducir las reformas legales para su aplicación.

¿Está el trabajo doméstico valorado por la sociedad?

Sin el trabajo doméstico la sociedad no podría funcionar, tanto el trabajo doméstico de cuidados no remunerado, como el trabajo que hacen las empleadas del hogar. Lo primero que hay que hacer es valorar ese trabajo y dignificarlo adecuadamente.

¿Hay diferencia entre la situación en España y los países del entorno?

La situación es parecida, pero es peor en algunos aspectos a la del entorno. Especialmente en cuanto al exceso de trabajo informal, la salud y seguridad en el trabajo y la falta de acceso al desempleo.

No tienen el acceso a los mismos derechos que tienen el resto de trabajadores y esto es lo que trata de corregir el Convenio 189 de la OIT. La UE, por su parte, ha ido mejorando el tratamiento a este sector. Hay que tener en cuenta que son ya nueve los países de la UE que han ratificado el convenio 189.

¿Por qué España está tardando tanto en adherirse al convenio?

Cuando, en 2011, se aprobó el convenio, el Gobierno de España, que entonces era el de Zapatero, los representantes de los empleadores y de los trabajadores apoyaron la adopción del mismo.

Después ha habido varias legislaturas, en las que el Parlamento se ha posicionado en favor de la ratificación, pero los avatares de estas legislaturas que han sido cortas y sin estabilidad no han dado espacio para ratificar el convenio. Ahora hay una nueva legislatura y esperamos que se pueda llevar a las Cortes.

¿Qué plazo se necesita para esta aplicación?

El plazo es inmediato porque estamos trabajando ya. Estamos teniendo reuniones el equipo de la oficina de la OIT para España con el equipo de la ministra [de Trabajo, Yolanda Díaz] para avanzar en esta materia.

Cada procedimiento tiene sus plazos específicos y cada país tiene sus procedimientos. Una decisión y ratificación tendrá que pasar por los distintos estamentos, ir al Congreso y será el legislativo el que decida. Una vez que el convenio internacional es ratificado por España pasa a formar parte de la legislación española a un nivel incluso superior al de las propias leyes elaboradas por las Cortes.