Por ello, tras anunciar que iniciará una ronda de contactos "urgente" con los actores políticos y sociales "involucrados", ha emplazado al ministro del Interior y al director general de la Guardia a que salir en defensa de los guardias civiles de Tráfico navarros.

El acuerdo, que se dio a conocer este pasado lunes, establece, en su segundo punto, que en un plazo de seis meses se realizará el traspaso de competencias de Tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, "con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento a la Comunidad Autónoma Vasca", de forma que pasaría a manos de la Policía Foral en detrimento de la Guardia Civil.

En un comunicado hecho público este martes, la UnionGC -que se reivindica como asociación profesional representativa en el ámbito de Guardia Civil, y concretamente su Federación de Tráfico- se refiere al punto dos del pacto entre socialistas y jeltzales.

Tras asegurar que "en todo momento" la asociación mantiene su "principio de neutralidad", ha apuntado que no puede, sin embargo, "pasar por alto un acuerdo político que afectaría gravemente a la estabilidad laboral y familiar de cientos de mujeres y hombres de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil".

Recuerda, en este sentido, no solo afectaría a los integrantes de agrupación, "que ejercen sus funciones de vigilancia, prevención e investigación de siniestros viales en las carreteras navarras", sino "por extensión, a todas sus familias, al verse posiblemente desplazadas forzosamente de su lugar actual de residencia". "Es un acuerdo que deja a los guardias civiles de tráfico navarros a los pies de los caballos", añade.

Por ello, ha advertido de que, "en un marco en el que las fuerzas políticas de este país están destinadas al acuerdo y entendimiento, donde se pretenden impulsar por parte del PSOE los convenios laborales y los derechos de los trabajadores", la Unión de Guardias Civiles "permanecerá al lado de todos los compañeros destinados en Navarra, en defensa precisamente de sus derechos como trabajadores, y los derechos de sus familias".

RONDA DE CONTACTOS

Por ello, plantea entablar "una ronda urgente de contactos con los actores políticos y sociales involucrados en esta decisión", sin descartar "la vía de la movilización a fin de defender los derechos de los guardias civiles que se verán expulsados de su hogar, teniendo que buscar en otras comunidades un nuevo destino para su puesto de trabajo".

Además, ha emplazado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y al director general de la Guardia Civil, Félix Azón, "a que salgan en defensa de nuestros profesionales, por el gran trabajo realizado en esta Comunidad, pese a la gradual reducción de competencias en materia de seguridad pública de la Guardia Civil".