La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha recordado este miércoles al fundador de Open Arms, Óscar Camps, que no tiene permiso para hacer rescate de inmigrantes y que "nadie está a salvo" del cumplimento de la ley, incluido "un barco como este".

Calvo se ha referido así a la posibilidad de que pueda ser sancionado con multa de hasta 901.000 euros por el rescate de migrantes, una vez que esta madrugada han desembarcado en el puerto de Lampedusa los 83 que seguían a bordo, por orden de la fiscalía italiana.

El barco, ha afirmado Calvo, "tiene licencia para ayuda humanitaria, para transporte de víveres". "Esa es la licencia que tiene desde el punto de vista de la concesión administrativa y la legalidad española, y ese es su cometido", ha apostillado.

Preguntada sobre si el Gobierno se plantea sancionar al Open Arms, Calvo ha hecho hincapié en que estamos en un Estado de Derecho. "Las instituciones, los poderes y los ciudadanos, todos estamos sometidos a las leyes, y todo el mundo sabe lo que puede hacer y lo que no y nadie esta a salvo de esto, incluido un barco como éste", ha sentenciado Calvo, y ha añadido que 'la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento".

No hay ningún proceso penal en su contra

Proactiva Open Arms ha asegurado que no tiene abierto "el más mínimo procedimiento penal" en contra de ningún miembro de esta ONG y ha aclarado que la incautación del buque por orden de un fiscal italiano obedece simplemente a efectos probatorios.

Lo ha señalado el abogado de esta ONG, Jaime Rodrigo de Larrucea, en un vídeo difundido por la organización que dirige Oscar Camps, en el que también aclara que, muy al contrario, la investigación se ha abierto en Italia a instancias suyas y se dirige contra funcionarios o autoridades públicas de dicho país.

El letrado ha explicado que el fiscal de Agrigento, Luigi Patronaggio, ordenó este martes la liberación inmediata de los inmigrantes a bordo en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Administrativo de la región de Lazio, a favor del Open Arms, que levantaba la prohibición de que el buque entrara en aguas italianas.

"La orden de la Fiscalía de Agrigento, más allá de señalar la inmediata liberación de los refugiados, lo que impone es un secuestro meramente probatorio del Open Arms", ha especificado Rodrigo, que ha recordado que el fiscal tan solo tuvo una hora para inspeccionar la nave y entrevistarse con los migrantes rescatados.

De ahí que el fiscal haya ordenado paralizar el barco y en las dos semanas que está previsto que el Open Arms permanezca en Italia pueda recuperar los documentos del buque, las pantallas del rádar o los registros informáticos.

Bloqueado más de 100 días

En enero de 2019 la Capitanía Marítima de Barcelona advirtió a la ONG catalana de que incumplía la normativa europea al rescatar refugiados y el buque carecía de un certificado para llevar a muchas personas a bordo.

El barco quedó entonces bloqueado durante más de cien días en el puerto de Barcelona. En el mes de abril, las autoridades españolas permitieron zarpar al buque pero solamente para llevar víveres y ayuda humanitaria al Egeo. El barco de pabellón español no podría monitorizar sectores concretos del Mediterráneo en busca de migrantes en peligro.

Sin embargo, en el mes de junio, el fundador del Open Arms, Óscar Camps, anunció publicamente que el barco retomaría los rescates a migrantes este verano después de ver ahogarse en el Río Bravo de México a un padre migrante con su hija de corta edad. "Levamos anclas y nos vamos. Antes presos que cómplices", dijo entonces.

El barco estaba en ese momento en Nápoles, a donde había llegado a llevar ayuda humanitaria para el Egeo, tras tres meses bloqueado en el puerto de Barcelona.

Fomento advirtió a la ONG a través de una carta

El Gobierno recordó en junio de nuevo a la ONG de que podría ser sancionado con multas de hasta 901.000 euros si retomaba los rescates. También que podría ordenar su regreso a puerto español para paralizar el barco en el caso de acometer labores de búsqueda y salvamento sin autorización.

Así se reflejaba en la carta remitida el pasado 27 de junio al capitán del barco a la que tuvo acceso Europa Press, y que estaba firmada por Benito Núñez Quintanilla, el director general de la Marina Mercante, organismo dependiente del Ministerio de Fomento.

En la misma carta, sin embargo, se especificaba que "las operaciones de salvamento que sean de carácter espontáneo u ocasional con motivo de la navegación normal del buque" estarán sujetas al cumplimiento de la normativa sobre salvamento marítimo. Es decir, si el barco durante su trayecto encuentra a personas "en peligro" en el mar, deberá asistirlas.

Es ahí donde se avisaba por escrito de que los incumplimientos "constituirán infracciones contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico marítimo", que pueden sancionarse "cada una de ellas con multas de hasta 901.000 euros o 300.000 euros, respectivamente", con arreglo al texto refundido de la Ley de Puestos del Estado y la Marina Mercante.

También se advertía al capitán de que le podría ser suspendido su título profesional de hasta cinco años.

La Generalitat de Cataluña aseguró entonces que actuarían e irían a instancias internacionales si el Gobierno sancionaba al buque humanitario por retormar los rescates.

En la noche del 1 de agosto el Open Arms rescató a 69 personas en pateras a la deriva en el Mediterráneo Central. Los rescatados fueron aumentando en sucesivos días hasta 160 personas, entre ellos 31 menores de edad. Tuvieron que pasar 20 jornadas, y varios desembarques por razones de urgencia médica, así como un tira y afloja con los gobiernos italiano y español, para que la justicia italiana ordenara el desembarco este martes de los migrantes que quedaban en la embarcación, un total de 83 personas, en el puerto de Lampedusa.

Óscar Camps reconocía en plena crisis que conocía los riesgos a los que se enfrentaba: "Ponemos en peligro el patrimonio de nuestras familias, porque las multas son inasumibles; la libertad porque podemos acabar en la cárcel y nuestros títulos profesionales; fíjese si no tomamos decisiones para desobeceder una especie de decreto que nos impide rescatar", replicó al ministro de Fomento, Ábalos, que a su vez les acusó de "ir de abanderados de la humanidad".