Tal y como avisaron que sería, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se reunieron este lunes de manera discreta para intentar avanzar en la formación del Gobierno. Fue su tercer encuentro desde el 28-A pero, en esta ocasión, a la tercera no fue la vencida y terminaron sin acuerdo sobre el gobierno de cooperación que se comprometieron a explorar la semana pasada en el Congreso.

Del encuentro de este lunes por la mañana salieron dos percepciones contrapuestas y la certeza de que aún no hay acuerdo para que UnidasPodemos ponga sus 42 votos al servicio de la investidura de Sánchez. Para los socialistas, "las posiciones están muy alejadas" entre Sánchez e Iglesias, aunque el presidente "sigue con la máxima disposición de entendimiento". Además, sigue considerando a Iglesias "socio preferente", a pesar de que hace unas semanas la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, dijo que esta denominación era cosa de la campaña electoral y que tras las elecciones entrábamos en una "nueva etapa" en la que Sánchez hablaría con todos.

Que la reunión secreta del lunes trascendiera ha provocado malestar en Podemos, donde insisten en que el pacto con Sánchez consiste en mantener la máxima "discreción". Tanto es así, que el lunes Iglesias entró en directo en televisión justo después de verse con Sánchez sin mencionarlo. Sí trasmitió su "optimismo" porque cree que el presidente "no va a decepcionar" a la "amplia mayoría que está deseando vernos gobernar juntos".

Aunque algunas fuentes apuntan que ya hay acercamiento de posturas, las diferencias tienen que ver con el contenido que se le da al "gobierno de cooperación" en el que Sánchez e Iglesias acordaron trabajar. Sánchez quiere un gobierno monocolor, pero admite sentar en el Consejo de Ministros a personas independientes que sean "referentes" para Podemos. Iglesias quiere ir más allá y formar una coalición. No le importa que no se llame así, pero sí que Sánchez no vete los nombres que proponga Podemos, dando así vía libre, por ejemplo, a que él sea ministro.

Sánchez e Iglesias todavía no han resuelto este extremo y lo único claro es que todavía quedan semanas para la investidura. El presidente en funciones espera que sea "pronto" e intenta presionar, no solo a UnidasPodemos, también al PP y Cs, amagando con presentarse a la votación sin todos los apoyos amarrados.

Sin embargo, la realidad que trasciende del último encuentro en La Moncloa es que el parón político aún se prolongará hasta avanzado julio. En Podemos advierten de que Sánchez e Iglesias todavían "hablarán mucho" en las próximas semanas y fuentes parlamentarias no ven ambiente para que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anuncie la fecha de la sesión de investidura que elegirá Sánchez.

Sin investidura, tampoco se verá el final de la parálisis política que empezó hace ya más de cuatro meses, cuando el 4 de marzo se disolvieron las Cortes como paso previo a las elecciones del 28 de abril. Desde entonces, la actividad del Gobierno se ha ido reduciendo a su mínima expresión. Primero porque no había ya Cortes que pudieran aprobar ningún real decreto ley como los que el Ejecutivo de Sánchez envió al Congreso en los nueve meses previos. Después, porque tras las generales, el Gobierno pasó a estar en funciones, lo que supone que sólo gestiona asuntos corrientes, pero sin tomar decisiones de calado político y sobre todo legislativo.

No obstante, el bloqueo empezó antes. Este martes se han cumplido cinco meses desde que Sánchez envió para su aprobación en el Congreso sus últimos tres proyectos de ley, de un total de cuatro y con un balance final de que ninguno fue aprobado por las Cortes. Desde junio de 2018, del Consejo de Ministros solo han salido cuatro proyectos de ley y ninguno vio la luz.

El Congreso rechazó los Presupuestos para 2019 y otros tres no llegaron a votarse y decayeron con el fin de la legislatura: la reforma de la Constitución para eliminar aforamientos políticos y otros dos proyectos para crear el impuesto sobre las transacciones financieras y sobre determinados servicios digitales.

Por lo general, los proyectos legislativos decaen cuando se disuelven las Cortes. Pero hay excepciones. En su última reunión de la pasada legislatura, el Congreso señaló iniciativas que se trasladarían a la que empezó tras el 28-A. Esperan que la investidura recupere la normalidad legislativa.

Renovación del CGPJ. Tras cancelarse por la falta de acuerdo entre PP y PSOE, todavía está pendiente la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.

Iniciativas legislativas populares. Sobre los costes de Dependencia, una prestación de ingresos mínimos o la equiparación salarial entre cuerpos policiales.

Reformas de estatutos de autonomía. La Región de Murcia, Cantabria y Baleares esperan luz verde para actualizar los suyos.

Proposiciones de ley autonómicas. El Congreso debe pronunciarse sobre la devolución de las inversiones en preferentes en Galicia o la reforma del régimen de la Seguridad Social y la regulación del consumo de cannabis que llegó de Navarra.