Aunque es difícil precisar cuál es el peso demográfico exacto del diverso colectivo LGTBIQ+ en España, sus preocupaciones y las desigualdades que ha sufrido ocupan, desde hace relativamente poco tiempo, un apartado propio de la agenda política. Según algunos estudios, conforman un segmento de voto nada despreciable, con estimaciones que lo cifran en un 7% del censo. En cifras, alrededor de tres millones y medio de personas.

Las principales asociaciones aseguran que el próximo 28 de abril puede ser esencial. Sin ir más lejos, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB, la más numerosa) ha alertado directamente ante el "rearme ultraconservador, derechista, negacionista y violento" en su decálogo de reivindicaciones para estos comicios firmado junto a CCOO. En él, reclaman educar en las aulas y formar en la administración en diversidad, despatologizar la transexualidad y darle cobertura en la Sanidad pública, asilar a personas perseguidas por su orientación además de, por supuesto, erradicar cualquier forma de discriminación laboral. Muchas de estas medidas las han suscrito la mayoría de los partidos antes de participar en las últimas marchas del Orgullo, pero siguen estando pendientes.

Tras perder su última batalla contra el matrimonio igualitario en el Tribunal Constitucional, el PP había iniciado una cierta distensión hacia este colectivo alentada por dirigentes como Cristina Cifuentes o Javier Maroto. Sin embargo, Pablo Casado está, voluntariamente, lejos de abanderar cualquier causa. En ninguna parte del programa aparece mención alguna a la realidad LGTBI, más allá de un compromiso genérico por trabajar "por la igualdad en todos los ámbitos" para erradicar "cualquier tipo de discriminación", lo que incluye "razones de orientación sexual, identidad de género, raza o creencia religiosa". Cabe apostillar que el PP firmó en 2017 un documento en el que se comprometía a respaldar la tramitación de la Ley de Igualdad LGTB, lo que le permitió recibir la invitación para estar, por primera vez, en la marcha del Orgullo. Sin embargo, presentó una enmienda a la totalidad contra ese texto.

El partido de Pedro Sánchez reserva un epígrafe a "la España diversa", que refleja en su propaganda electoral. Su modelo rechaza explícitamente la gestación subrogada ("eufemismo de vientres de alquiler" que "socava los derechos de las mujeres") y propone resucitar la ley integral de igualdad de trato, que incorpora una autoridad independiente para las víctimas de discriminación y la creación de fiscalías especializadas. También, una normativa específica sobre delitos de odio y la aplicación de la ley de partidos para "ilegalizar" quienes promuevan este discurso.

En el apartado específico dirigido al colectivo, ofrece una ley contra la discriminación (también en el deporte), el acceso a la reproducción asistida a parejas de mujeres lesbianas y asegurar la inscripción de sus hijos en igualdad de condiciones que los heterosexuales. Además, se abren a establecer protocolos de atención para mayores y personas con discapacidad y medidas para evitar el acoso en las aulas.

Para las personas trans, garantiza una reforma de la normativa para que se puedan cambiar los datos del registro y del DNI a partir de los 16, un plan de inserción sociolaboral y financiar las operaciones de reasignación de género en la Sanidad pública. Por último, se compromete a eliminar "la obligación de determinación del sexo en el caso de los menores intersexuales". En la esfera internacional, los socialistas engarzan un compromiso para "luchar" para que el reconocimiento de "los derechos humanos del colectivo LGTBI", sea "una realidad" y propone crear la figura del embajador o embajadora en misión especial para los Derechos Humanos y la Diversidad.

La consolidación de nuevos derechos aparece recogida en los programas de los principales partidos que integran la coalición que lidera Pablo Iglesias. En el caso de Podemos, los morados se comprometen a aprobar dos leyes: una contra la discriminación y otra integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género que incorpore, "la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes, la inclusión de su atención en el Sistema Nacional de Salud o la implementación de planes de empleo".

Además, la formación asegura una "protección real de las distintas realidades familiares" que se trasluce en apoyar la adopción a familias LGTBI o el blindaje "jurídico" de "las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja". También, la creación de protocolos contra la lgtbifobia de carácter "obligatorio" en empresas de más de 50 trabajadores y administraciones a la altura de la violencia machista. En el plano internacional, los de Iglesias proponen orientar su cooperación con activistas del ramo y garantizar el derecho de asilo a este colectivo.

Izquierda Unida es, con mucho, el partido que más referencias incluye en su programa. La formación de Alberto Garzón directamente liga la calidad de la democracia con la erradicación de las agresiones. Así, en primer lugar, propone alentar la visibilidad del colectivo fomentando el asociacionismo juvenil, investigaciones, campañas, dotar de fondos del ramo a las bibliotecas y de contenidos a los libros de texto, así como elaborar un protocolo anti-estereotipos para medios y eliminar "cualquier referencia" a este colectivo como "grupo de riesgo". También, "garantizar la cobertura de tratamientos de reproducción asistida para mujeres solas y lesbianas".

IU igualmente se propone combatir el "sexilio" (la emigración interior) o romper el Concordato con la Iglesia y compensar "incluso económicamente" a perseguidos por "regímenes totalitarios" como el franquismo. Y no solo. Los de Garzón pretenden llevar al Congreso iniciativas "de acción positiva" para transexuales en las contrataciones públicas y establecer protocolos contra el acoso en las aulas (también, en la concertada y la privada) que, por ejemplo, recoja que los niños trans puedan usar los aseos y vestuarios acordes con su identidad de género. Por último, propone incluir una "cláusula explícita a los derechos LGTBI" en todos los acuerdos internacionales que rubrique España, lo que incluye que no se puedan adherir nuevos países a la UE que no los respeten y promover un boicot oficial a "eventos internacionales" en los que se realicen "proclamas o llamados LGTBIfóbicos".

El partido de Albert Rivera hace referencia explícita al colectivo en cuatro de sus 175 iniciativas. Primero, defiende "actualizar" la Constitución con un blindaje del matrimonio "entre personas LGTBI" junto a la inclusión de su "derecho a la no discriminación". En segundo lugar, aboga por promulgar una "ley de igualdad real", con "alojamientos transitorios" para jóvenes forzados a irse de su casa por el rechazo familiar y medidas para los mayores. En el capítulo del "combate a la intolerancia" en el deporte, propone endurecer las sanciones por comportamientos que "promuevan conductas de odio", al nivel del "ultraje" a símbolos constitucionales o el enaltecimiento del terrorismo.

Pero, sin lugar a dudas, su iniciativa más representativa es la cuarta, su apoyo firme a la gestación subrogada. Pese a que no es una reclamación de las principales asociaciones LGTB al no existir unanimidad entre ellas, la formación naranja ha sabido abrir el debate en el colectivo y es el único partido que abandera esta técnica abiertamente. En su programa, insiste en promulgar una fórmula "altruista y garantista" para las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI.

La candidatura de Oriol Junqueras incluye en su programa electoral una decena de medidas para el Congreso y el Senado. Entre ellas, una "oposición frontal" a cualquier intento de "retroceso legislativo", una ley de igualdad de trato y otra para personas trans (sobre trabajo, menores o despatologización), garantizar la "financiación pública" de la reproducción asistida a "todas las mujeres" o cortar cualquier financiación a colectivos homófobos. En el debate a seis de RTVE, su portavoz Gabriel Rufián fue el único que mencionó algo al respecto.

La lista jeltzale de Aitor Esteban no incluye ninguna propuesta ni mención específica en su programa más allá de una apelación a la "erradicación de todas las formas de discriminación".

El partido de Santiago Abascal aspira a obtener representación el próximo 28 de abril. Sin embargo, no ha confeccionado ningún programa para estas elecciones y se apoya en las cien medidas que presentó ya a las andaluzas. Su posición no puede ser más divergente ni regresiva. Pide impedir que se puedan financiar "intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud" -solo cita el "cambio de género" y el aborto-, proteger por ley la "familia natural" y prohibir, también por ley, "los vientres de alquiler". Abascal ha defendido en campaña anular el matrimonio igualitario y considerarlo "uniones civiles", equiparándolo al vínculo que pueden tener "dos viudas". El único senador del partido de ultraderecha (Franciscó José Alcaraz, por designación autonómica) vetó en su primer día de trabajo una declaración contra la lgtbifobia en el deporte.

La formación animalista se la juega en estos comicios para sacar algún escaño en las circunscripciones más pobladas. En su programa, reserva un apartado específico a medidas de la FELGTB como leyes integrales de transexualidad e igualdad, programas de visibilización y "normalización", creación de un programa de apoyo, reconocimiento de la reproducción asistida a las mujeres "sin pareja varón" o la "asunción por parte de la sanidad pública del proceso transexualizador completo".