El Gobierno central y el del País Vasco negocian a contrarreloj el traspaso de nuevas competencias, cuatro o siete, según las expectativas de cada parte, que ambas coinciden en que deberían estar acordadas antes de que, con las elecciones del 28 de abril, el Ejecutivo de Pedro Sánchez entre en funciones. De momento, la intención original de haber rubricado un acuerdo esta semana se ha evaporado, pero los contactos continúan.

El reloj para el traspaso de cuatro primeras competencias al País Vasco volvió a ponerse en marcha hace dos semanas, cuando el PNV exigió al Gobierno un cambio de actitud, una "mejora del clima", para apoyar sus decretos sociales en la Diputación Permanente del Congreso. Al término de una jornada en la que el decreto de vivienda pendió del hilo de los nacionalistas vascos, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, levantó el pulgar al considerar que había compromiso suficiente de La Moncloa para cerrar las negociaciones.

En realidad, se trata de cumplir con el calendario que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el consejero vasco de Presidencia, Josu Erkoreka, acordaron el pasado mes de enero, cuando pactaron dividir las competencias que reclama Vitoria en cumplimiento de su estatuto de autonomía -y que Madrid está dispuesto a conceder- en tres bloques, de menor a mayor dificultad. Sobre ellos no había nada cerrado cuando el PNV se vio ante la situación de tener que salvar con su voto a favor los decretos sociales de Sánchez, sobre todo el de vivienda, que bien de Bildu o bien del PNV, dependió de los partidos vascos.

Como consecuencia del apoyo del PNV, al día siguiente de la Diputación Permanente se reanudaron los contactos para traspasar tres de las siete competencias que formaban el primer bloque, el de los trámites menos complicados. En concreto, se trataba del traspaso al Gobierno vasco de la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por un ERE, de la legislación sobre productos farmacéuticos y del seguro escolar.

Un día después de aprobarse los decretos en el Congreso se añadió una cuarta competencia, un tramo de la autopista AP-68 entre Bilbao y Zaragoza, que formaba parte del segundo bloque y que, en principio, no estaba programada para la primera fase de traspasos.

Sentados de nuevo a la mesa, Madrid y Vitoria partían de una diferencia y una coincidencia. Difieren en el número de competencias que deberían quedar en manos del Gobierno vasco ante de que se celebren las elecciones, porque el Gobierno central sólo habla de las cuatro mencionadas mientras que el vasco se refiere también a las otras cuatro que quedan por cerrar en el primer bloque. Sí están de acuerdo en que como los traspasos no se produzcan antes del 28 de abril, la incertidumbre sobre quién y cuándo formará un nuevo Gobierno problablamente los postergará sine die.

Este viernes, la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, afirmaba que el Gobierno "está trabajando" y tiene la "firme voluntad de completar el estatuto de autonomía" del País Vasco, aunque no concretó fecha. Por su parte, Erkoreka afirmó que el acuerdo es "posible y deseable" y subrayó que "la negociación no está rota" porque "ningún gobierno ha dado por canceladas o rotas las conversaciones".

Como ministra de Educación, Celáa confirmaba este viernes que de las cuatro, hay acuerdo en una, el seguro escolar, de su competencia, y que es la única ya cerrada mientras que las otras tres se resisten. Añadió, no obstante, que el Ejecutivo de Sánchez quiere seguir "trabajando" para cerrar los "flecos" que quedan en las otras tres y que no han conseguido cerrarse aún a nivel técnico en los contactos de esta semana que acaba.

La portavoz del Ejecutivo admitía que hay "diferencias" entre el Ministerio de Hacienda y la Consejería vasca de Hacienda, mientras que el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ponía en duda que el traspaso competencia de su departamento, la AP-68, pudiera producirse tan pronto. En una entrevista a 20Minutos esta misma semana, Ábalos indicó que "no se va a adelantar" porque aún exigía una "tramitación" y una "valoración económica".

A pesar de estas dificultades, técnicos de las dos administraciones han celebrado a lo largo de la semana tres reuniones, por videoconferencia y de más de tres horas de duración algunas de ellas, sin que de momento hayan podido cerrar un pacto que pueda sellar oficialmente Batet y Erkoreka. La semana pasada, fuentes del Gobierno daban por sentado que esta semana habría una comisión mixta de transferencias para sellar el acuerdo que, sin embargo no se convocó ante la falta de quorum. Para facilitar las cosas, estaba previsto que la ministra y el consejero no tuvieran que reunirse en persona. Estaba previsto que lo hicieran también por videoconferencia para facilitar el proceso.

Nada de esto ha ocurrido esta semana pero las partes "siguen hablando" para cerrar un acuerdo de traspaso de competencias que, con el límite del 28-A, ahora sí debería llegar en plena campaña electoral.