El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presentar este miércoles las 110 medidas más importantes que formarán su programa electoral para las generales del 28 de abril que donde, según han advertido en el PSOE y La Moncloa desde que se anunció el adelanto electoral, beberá de las fuentes de las medidas que se han quedado en el tintero de la recién terminada legislatura, bien en el proceso parlamentario o en los malogrados Presupuestos Generales del Estado.

La reforma de la ley de Educación o una ley contra la trata de personas, subidas de impuestos a las grandes empresas y rentas, mayor dotación para Dependencia o el fin del voto rogado son susceptibles de formar parte de las promesas que hará Sánchez este miércoles y que su portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, explicó este lunes que "estará basado en estos 9 meses de Gobierno, que es la mejor hoja de presentación que tenemos". Algunas ya las ha anunciado el presidente; otras, no.

A principios de este mes, Sánchez empezó a lanzar a futuro los planes que quedaron anulados con el fin de la legislatura cuando prometió aprobar una ley de eutanasia si logra la mayoría parlamentaria el próximo 28-A, y también que derogaría la reforma laboral del PP, para la que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no ha conseguido reunir una mayoría parlamentaria ni antes de disolver las Cortes, ni después como para poder elaborar un real decreto-ley.

Estas son algunas de las medidas que han decaído en el Congreso por la convocatoria electoral. Pero no son las únicas. Nada más anunciar Sánchez el adelanto electoral, La Moncloa difundió un documento con lo hecho y con "lo que no le han dejado hacer al Gobierno".

Entre los planes que figuraban están la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia que no pasó de fase de anteproyecto, la reforma de la Ley de Educación para acabar con la LOMCE y que la ministra del ramo y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, presentó en el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes o la aprobación de la Estrategia contra la Pobreza Energética.

Tampoco, aducían en Moncloa, se podrá "mejorar" el real decreto-ley con medidas urgentes de vivienda y alquiler, al que, entre otras cuestiones, le falta una definición estatal del concepto de "inmueble desocupado" para que los ayuntamientos de comunidades autónomas que no lo tienen definido por ley, puedan empezar a hacer recargos fiscales a los propietarios de viviendas en desuso. Por ejemplo, Madrid.

Moncloa también incidió en los proyectos legislativos de la agenda feminista que quedaron abandonados en el Congreso, como el proyecto de ley sobre la trata con fines de explotación sexual o la reforma del Código Penal para considerar violación las agresiones sexuales con penetración.

En las últimas semanas, Sánchez también se ha comprometido a hacer efectiva la reforma constitucional que planteó el año pasado para reducir el número de aforamientos políticos. Es otra de las medidas que quedaron en el tintero, junto a la estrategia del reto demográfico, la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las instrucciones judiciales de casos de corrupción no tengan un límite de tiempo, derogar la Ley Mordaza o la supresión del voto rogado. Precisamente, este último se lo prometió el presidente del Gobierno a los jóvenes residentes en Bruselas con los que la semana pasada se reunió antes de participar en un Consejo Europeo.

Por otra parte, fuentes del PSOE indicaban hace unos días que una de las propuestas que el partido ha estudiado es una idea ya conocida de Sánchez relacionada con el salario mínimo interprofesional, con la idea de elevarlo a 1.000 euros en 2021.

El presidente también ha asegurado que lo primero que hará si sigue a la cabeza del Gobierno después de las elecciones del 28 de abril será aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, a imagen y semejanza de las cuentas que fueron rechazadas este mes en el Congreso.

Allí figura otra batería de medidas que no vieron la luz de las que subrayó Moncloa, que siguen estando vigentes para el PSOE y su candidato, Pedro Sánchez.

La supresión del copago farmacéutico, el aumento del 60% de las prestaciones de la Ley de Dependencia y la universalización de la educación de 0 a 3 años, figuraban en las cuentas para 2019. También una reforma fiscal que, entre otros, subía el IRPF a quienes cobraran más de 130.000 euros al año e incrementaba el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas y lo bajaba para las pymes.

Fuentes gubernamentales aventuraban este martes que no habrá grandes cambios fiscales, dado que Sánchez ha insistido en que esos Presupuestos siguen siendo "los mejores de la historia".