La eutanasia es un debate que siempre ha pululado en el panorama político español, pero que nunca se había abordado en profundidad. El Código Penal español considera delito el suicidio asistido, pero en materia de muerte digna no existe legislación.

El PSOE  ha decidido abrir la veda con una ley que va camino de aprobarse y que legalizaría la eutanasia en nuestro país. Pero la materia, aunque cuenta con cierto consenso, muestra distintas posiciones en función del partido político.

La izquierda parece posicionada de forma clara y el respaldo a la idea socialista es total, mientras que Ciudadanos es la que más matices introduce (tanto es así que se abstuvo cuando tuvo que votar en el Parlament catalán pero se posicionó a favor de la ley socialista el mes de junio en el Congreso). El rechazo más profundo llega por parte del PP, cuya enmienda a la totalidad ha sido rechazada este jueves. ¿Cuál es la posición de cada partido político?

Respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista. Así define el Partido Socialista su ley para despenalizar la eutanasia, que ya fue respaldada en junio por el Congreso, con el apoyo de 208 diputados. No solo busca la legalización, sino también controlar todo el proceso, desde la información al paciente hasta la labor del médico.

Además, respaldan sus intenciones en otros países del entorno, donde la eutanasia ya es legal. "La eutanasia es una práctica legalmente aceptable, siempre que sean observados concretos requisitos y garantías", recoge la proposición de ley (que fue registrada antes de que el PSOE llegase al Gobierno).

En palabras de la portavoz socialista en la Cámara Baja, Adriana Lastra, la medida "contempla el final anticipado de la vida con el objetivo de evitar alargar el sufrimiento". Asimismo, consideran que de aprobarse la ley, se introduciría en el ordenamiento legal "un nuevo derecho individual". Eso sí, dicha norma conllevaría necesariamente una reforma del Código Penal.

La formación morada ya registró su propuesta sobre la eutanasia antes de que el PSOE hiciera lo propio, por lo que respalda de manera casi total la iniciativa. Eso sí, Podemos no considera que este cambio tenga que asentarse "en el sufrimiento del paciente", sino en la "libertad de decidir".

"No es una competencia para ver quién sufre más, sino cuando alguien dice no puedo más y en el camino me quedo", promulgó el partido liderado por Pablo Iglesias antes de la votación de junio.

Otro punto de desacuerdo está en los controles previos a efectuar la eutanasia. Para Unidos Podemos, además, el solicitante debe ser mayor de 18 años, capaz y consciente en el momento de la petición, o menor emancipado legalmente. Es decir, no especifica en términos de nacionalidad, mientras que los socialistas recogen que tenga que tener nacionalidad española o residencia legal en nuestro país.

Ciudadanos ha modificado su voto respecto a la eutanasia con el paso de los meses. En el debate realizado en el Parlament de Cataluña, la formación naranja se abstuvo, mientras que en el Congreso votó a favor de la propuesta socialista. Ahora, condiciona su apoyo definitivo a que se apruebe su proposición sobre muerte digna.

En la misma, el partido de Albert Rivera renuncia a usar la palabra eutanasia. Se centra, por tanto, en los cuidados paliativos, más concretamente en lo que llama obstinación terapéutica. Esto es, una situación en la que a una persona, que se encuentra en situación terminal o de agonía y afecta de una enfermedad grave e irreversible, se le inician o mantienen medidas de soporte vital u otras intervenciones carentes de utilidad clínica.

Esta medida contó en su momento con el voto favorable incluso de Unidos Podemos, y puede ser entendida como el paso previo a la legalización de la eutanasia. Por concretar, la muerte digna se diferencia de la eutanasia en que la primera no se realiza bajo petición ni a demanda.

Rechazan por completo la propuesta del PSOE y por ello presentaron una enmienda a la totalidad. Casado  ha mantenido que en España "no existe ese debate". En su idea alterantiva recogen la idea de "facilitar la humanización del proceder médico asistencial, la defensa de la bioética y el modelo deliberativo en el proceso de toma de decisiones relacionada con los cuidados paliativos", pero rechazan hablar de "derecho a la muerte".

Los de Pablo Casado recogen en su propuesta la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Convenio del Consejo de Europa o la Ley Básica reguladora de autonomía del paciente y defienden que la norma es similar a la de otras comunidades autónomas que han regulado sobre esta materia.

Los populares se centran por tanto en el llamado testamento vital, que es la declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento.