La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber tomado las medidas necesarias para proteger las masas de agua subterránea que alimentan el humedal de Doñana (Huelva), conforme requiere la legislación europea sobre este recurso recogida en la Directiva 2000/60/CE.

Además, España tampoco ha adoptado medidas para evitar el deterioro de los hábitats protegidos en dicho humedal, lo que supone una infracción de la legislación de la UE en materia de protección de la naturaleza, según ha señalado el Organismo denunciante en un comunicado.

Doñana cuenta con uno de los humedales más grandes de Europa y presenta una gran diversidad de ecosistemas, lo que aguarda un importante muestrario de flora y fauna (entre ellas especies en grave peligro de extinción como el águila imperial, el lince ibérico y la tortuga mora).

En este sentido, y por su situación geográfica, este espacio natural es un lugar estratégico en las rutas migratorias que emprenden cada año millones de aves.

Por todo ello, la realidad de Doñana se encuentra protegida internacionalmente por la Directiva sobre hábitats y la Directiva sobre aves, ambos textos impulsados por el Parlamento y el Consejo europeos. Asimismo, en la zona circundante al parque al Parque Nacional existen varias zonas incluidas en la red Natura 2000 (red de espacios naturales protegidos por la UE).

La conservación de estos terrenos húmedos que aguardan aguas subterráneas depende de la calidad y la cantidad de esta, ya que muchos de ellos permanecen llenos o empapados "durante al menos una parte del año".

Doñana, en concreto, se alimenta de diversas masas de aguas superficiales (provenientes en buena parte del Guadalquivir) y un extenso acuífero próximo.

El desvío de grandes cantidades de agua tanto para trabajos de agricultura como para necesidades de los turistas locales está generando incovenientes en el mantenimiento de la zona natural, agudizando la vulnerabilidad de este espacio y causando largas temporadas secas en los puntos de la red Natura 2000.

La decisión que ha adoptado este jueves la Comisión llega tras un proceso iniciado en abril de 2016, cuando las autoridades europeas enviaron a España un dictamen ante la preocupación por el cada vez mayor deterioro.

"La Comisión está preocupada ante la probabilidad de que el estado del humedal se siga degradando, dado que España no cumple en la medida suficiente sus obligaciones", señala el comunicado ahora presentado.

El texto indica que ante unas medidas implantadas "insuficientes" y su ejecución "defectuosa", el Órgano ha decidido "llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE".

Se trata de una acusación que llega acompañada de otra en cuanto al tratamiento del suelo en relación al agua. La Comisión Europea ha decidido también este jueves demandar al país "por el incumplimiento de las normas europeas en materia de prevención de inundaciones", según señala en Órgano en otro comunicado.

Se trata de un asunto recogido en la Directiva sobre inundaciones 2007/60/CE, "cuyo objetivo es reducir y gestionar  los riesgos que las inundaciones suponen para la salud humana, el medio ambiente, la actividad económica y el patrimonio cultural".

Este texto incluye para ello "una serie de objetivos para los Estados miembros y determina medidas adecuadas para alcanzarlos". Dichos Estados tenían que ultimar y publicar sus planes de gestión de riesgos de inundación y notificarlos a la Comisión antes del 22 de marzo de 2016.

Sin embargo, España nunca llegó a notificar, en este sentido, los planes correspondientes a las demarcaciones hidrográficas de las Islas Canarias. Por ello, la Comisión abrió un proceso de infracción a las autoridades españolas en marzo de 2018, y volvió a hacerlo en julio de dicho año. El Órgano señala ahora que "a día de hoy, esta situación persiste".