El Congreso de los Diputados decide este jueves si incluye varias propuestas que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos en la futura ley de imprudencias al volante, que endurece el Código Penal en casos de arrollamientos a peatones y ciclistas.

El grupo confederal Unidos Podemos (UP) mantiene vivas varias enmiendas que los partidos deberán votar hoy y que buscan aumentar la responsabilidad de las aseguradoras. Según explica a 20minutos.es el parlamentario de la formación Jorge Luis Bail, portavoz de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, pretenden "dar armas a las víctimas" para que estén en "igualdad" con estas compañías.

Así, solicitan que, del mismo modo que abonan a los perjudicados el importe de los daños sufridos en su persona y bienes, que también lo hagan  por defecto con "los informes médicos, asistenciales o periciales necesarios para determinar el perjuicio", incluidos los complementarios que se puedan pedir hasta al Instituto de Medicina Legal –y a los que las aseguradoras no se podrán "oponer a recabar"–.

Del mismo modo, UP quiere que corra a cuenta de ellas "los honorarios y derechos de defensa jurídica y representación procesal que sean preceptivos" en caso de que haya demanda judicial. Tal y como está establecida la normativa vigente, el partido echa de menos este tipo de precisiones a la hora de reclamar indemnizaciones. "Queremos que las demoras vayan en perjuicio de la aseguradora", agrega Luis.

La ley nació con el objetivo de aumentar las sanciones de prisión para conductas "particularmente graves", como circular bajo los efectos del alcohol y causar muertes o atropellos múltiples. Según explica el socialista Pablo Bellido, se desea "proteger más a las víctimas", por ejemplo, al derivar a la jurisdicción penal casos que hasta ahora se trataban por lo civil y "al crear la figura del abandono del lugar del accidente". Este delito castiga con hasta cuatro años de cárcel la "maldad intrínseca" de quien sabe que deja atrás a alguien "lesionado o fallecido" y clarifica, según sus impulsores, la normativa respecto a la omisión del deber de socorro en estos episodios.

Bellido, no obstante, defiende mantener la proposición en el campo del derecho y no introducir medidas económicas en esta ocasión sino que se debatan en el futuro, lo que complica la aprobación de las enmiendas.

El grupo capitaneado por Pablo Iglesias aboga por reformar por esta vía de paso la ley de contrato de seguros (de 1980) para incluir en las coberturas «los honorarios y gastos de peritos que intervengan en la valoración de los daños y perjuicios", unos peritos que "en ningún caso" estarían "sujetos a las instrucciones del asegurador". Además, obliga a las compañías a hacerse cargo de "los importes comprendidos" en la minuta de honorarios del abogado y en la cuenta de derechos del procurador, sin que se puedan establecer "límites inferiores".