A favor de un referéndum en Cataluña sí, pero sobre el autogobierno, no sobre la autodeterminación. Esta es la postura que ha defendido este lunes el presidente, Pedro Sánchez, respecto al desafío soberanista. "Cuando hablamos de autogobierno estamos hablando de un nuevo estatuto. Cataluña tiene ahora mismo un estatuto que no votó", ha agregado después.

En una entrevista a la Cadena Ser en el arranque del curso político, el presidente ha recordado al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que la Fiscalía tiene reconocida su autonomía de actuación en la Constitución y que el Ejecutivo debe respetarla.

Sánchez ha salido así al paso de la sugerencia hecha por Aragonés en El País para que el Gobierno influya en el Ministerio Público y logre la excarcelación de los independentistas presos, bajo el argumento de que "no tiene sentido pedir el voto de ERC y avalar la prisión de su líder".

El jefe del Ejecutivo ha dejado clara su apuesta por el diálogo como fórmula para resolver la crisis política catalana y también el respeto a la legalidad. "La sociedad catalana está dividida, partida en dos bloques y hay romper con esa dinámica de bloques", ha señalado.

Pedro Sánchez ha pedido autocrítica a los independentistas y ha dicho que la polémica por los lazos amarillos demuestra que en Cataluña hacen falta "menos gestos y más responsabilidad".

Precisamente sobre los lazos, el presidente ha dicho estar "en contra de todos los símbolos que dividan, que separen, de todos". "Sobre todo cuando hablamos de instituciones públicas en las que tienen que estar representados todos los catalanes", ha añadido.

Aunque ahora no tiene en mente aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución, ha resaltado que es "un instrumento perfectamente constitucional" y que si fuera necesario volver a utilizarlo "el Gobierno lo hará".

El jefe del Ejecutivo ha afirmado también que quiere tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2019 en marzo, "para el primer trimestre" del año. Para ello, la intención del Gobierno es presentar el proyecto de las cuentas a finales de noviembre o principios de diciembre.

Preguntado sobre si disolvería las Cortes y convocaría elecciones si no consigue sacar adelante los Prepuestos, Sánchez ha respondido que "trabaja con un solo escenario, el de sacar adelante los presupuestos". Tampoco contempla la posibilidad de prorrogar las cuentas actuales, elaboradas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Sánchez ha eludido pronunciarse sobre si creará un impuesto nuevo a la banca, tal como había señalado en un principio, y ha confirmado que la propuesta del Gobierno es una tasa a las transacciones financieras.

Las cuentas públicas del próximo año también contemplarán un impuesto al diésel, ya que hay un reto importante: el cambio climático. "Todo lo que tenga que ver con transición energética y sostenibilidad del país como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto", ha dicho, tras indicar que no afectará a los profesionales del transporte.

Sobre inmigración, y pese a las diferentes medidas adoptadas —de la primera acogida del Aquarius a la devolución express de las últimas personas que saltaron la valla de Ceuta—, Sánchez ha respaldado su política migratoria, que califica de "coherente".

"El primer Aquarius supuso un llamamiento a la UE para que la política migratoria fuera un asunto europeo. El segundo llevó a un reparto de migrantes entre países. El Gobierno trabaja con los principales Estados de la Unión para institucionalizar ese reparto, no con los veintiocho pero sí con once o doce. Y Marruecos es un país seguro, con el que estamos colaborando. Para nosotros es fundamental en el control de la migración. ¿España necesita migración? Sí, pero necesita una migración legal, ordenada y no podemos aceptar actos violentos de asalto a la valla ni ataques contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha sostenido.

Otro de los temas tratados ha sido el de los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC), ante lo que el presidente ha avanzado que "en breves días" el Ministerio de Fomento materializará su propuesta para intentar solucionar el problema entre los taxis y estas licencias.

Sánchez ha defendido la actuación de su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en este asunto para que un sector "hiperregulado" como el del taxi y otro nada regulado como el de las VTC encuentren un punto de equilibrio.

Ha añadido que el sector del taxi, tras la propuesta de Fomento, quedó "razonablemente satisfecho" respecto a las medidas que puede poner en marcha el Gobierno.

En materia de Memoria Histórica, el líder socialista ha criticado que, más que un problema con este asunto, el PP "tiene un problema con su propia historia", y ha llamado la atención acerca de que quiera promover una ley "de concordia" con el mismo título que la nueva fundación que presidirá Adolfo Suárez Illana.

Sánchez ha comentado la intención de los populares de plantear una nueva normativa con la que según su presidente, Pablo Casado, se podrá derogar la "lectura sectaria de la historia" derivada de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Muy al contrario, el jefe del Ejecutivo defiende la validez de dicha ley y ha explicado que el Gobierno quiere poner en marcha la Comisión de la Verdad sobre los 40 años de dictadura franquista al amparo de lo establecido en esta normativa en vigor.

Aunque ha reconocido que "nunca hay una verdad", como no la hubo tras las dictaduras de Chile o Argentina, que tuvieron sus propias comisiones, sí ha considerado útil utilizar este instrumento para "encontrar aquellos elementos que definan y que aúnen qué es lo que ocurrió".

También ha admitido que la localización y exhumación de los miles de desaparecidos que todavía están en fosas comunes dispersos por toda España constituye una de las "asignaturas pendientes" de la democracia española, y ha recordado que España lidera la estadística mundial en número de desaparecidos no identificados.

Sánchez ha mostrado además su disposición a estudiar la apertura de archivos del franquismo cuyo acceso todavía está vetado a los historiadores y ha explicado que el debate que se está llevando a cabo en el Congreso sobre esta cuestión se refiere, sobre todo, al plazo en qué podrá levantarse el secreto que pesa sobre ellos.