Los líderes de Podemos, Pablo Iglesias y del PSOE, Pedro Sánchez.
Los líderes de Podemos, Pablo Iglesias (i) y del PSOE, Pedro Sánchez, se saludan durante la reunión mantenida con sus equipos en el Congreso, en el inicio de las negociaciones para buscar acuerdos parlamentarios. EFE / Kiko Huesca

Un pacto de PSOE, Podemos y los nacionalistas -recordemos que PNV ha confirmado que apoya la moción- ha sido bautizado como Gobierno Frankenstein ya que, según los inversores, dispararía los impuestos y revertiría las reformas.

Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba estaba al frente del PSOE, antes que Pedro Sánchez, ya utilizó este término para referirse a que "los socialistas no pueden ir a la investidura de la mano de los independentistas" que quieren romper aquello que ellos quieren gobernar (España).

Y este martes el ministro de Economía, Román Escolano, volvió a referirse a él después de afirmar que fue un día negro para la prima española porque los inversores ven riesgo de que llegue a España "el Gobierno Frankenstein", en alusión al intento del líder socialista de llegar al poder con el voto de un gran abanico de partidos. A juicio de Escolano, la prima de riesgo sube "por la sola idea de que pueda haber un Gobierno sin programa ni presupuestos".

Pacto de varios partidos

El término Gobierno Frankenstein hace referencia a un Ejecutivo que se lograría gracias al pacto de varios partidos, por lo que estaría compuesto por varios 'trozos', al igual que el personaje-monstruo de la novela de Mery Shelley. Un Gobierno en el que habría socialistas, podemitas, independentistas radicales, moderados, nacionalistas de diversos territorios... Todo un abanico de ideales.

Y es que para sacar adelante la moción de censura (y descartado el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria, que finalmente se ha abstenido), el PSOE necesita el respaldo de Unidos Podemos, Compromís -confirmado por Baldoví-, ERC, PDeCAT, -que también aseguró su voto- y del PNV. Y, además de la multitud de pensamientos, este Ejecutivo probablemente revertiría muchas de las reformas aprobadas durante los últimos años.

Desde el punto de vista político, reduciría la capacidad de actuación de la Administración central para plantar cara al nuevo Gobierno catalán, que ya está retomando el escenario de confrontación, y se vería obligado a realizar nuevas concesiones al País Vasco para hacerse con el apoyo del PNV, que darían alas a los independentistas.