Con más de seis meses de retraso y sin que Rajoy tenga aún atados los votos para que se aprueben: así afrontan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 su primer reto en el Congreso. Este miércoles y el jueves se debatirán las enmiendas a la totalidad de PSOE, Unidos Podemos (UP), ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu, y Rajoy necesita al PNV para rechazarlas.

Socialistas y morados, además, han presentado en las últimas semanas sendos "presupuestos alternativos", que reflejan las áreas en las que gastarían más y los impuestos que subirían para compensarlo. Y aunque coinciden en metas como la mejora de los servicios públicos, difieren en su punto de partida: las cuentas del PSOE respetan el objetivo de déficit, mientras que UP lo eleva del 2,2% al 3%.

En el capítulo de gasto, la propuesta de mayor cuantía del PSOE es el Ingreso Mínimo Vital, que en una primera fase beneficiaría a las familias con hijos e ingresos anuales inferiores a los 17.000 euros, que recibirían entre 50 y 150 euros al mes, según su umbral de renta.

Los socialistas también quieren gastar más en protección al desempleo –para mayores de 52 años y parados de larga duración–, Educación –con 106.000 plazas públicas de 0 a 3 años y más becas–, Industria, Vivienda, Sanidad, Cultura o Memoria Histórica, entre otros ejemplos.

Para sufragarlo, plantean establecer un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades de multinacionales, subir el IRPF a rentas por encima de 150.000 euros, equiparar la fiscalidad de diésel y gasolina, y confían en ahorrar 2.500 millones haciendo más "eficiente" el gasto.

UP, por su parte, prioriza en su propuesta un plan de renta garantizada, al que inicialmente podrían optar personas con rentas inferiores al umbral de la pobreza y, especialmente, aquellas con hijos o dependientes a cargo; las escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 años, y la financiación de la ley de dependencia.

El grupo morado completa sus presupuestos, además, con un plan de empleo joven, otro de Ciencia e I+D+I, medidas como la gratuidad del material escolar y el desarrollo de una ley de vivienda que ponga 120.000 viviendas de grandes tenedores que lleven años cerradas a disposición del alquiler social.

En cuanto a los ingresos, UP pide suprimir el régimen actual de las sicav, introducir un recargo de 10 puntos sobre el tipo que paga la banca en el impuesto de sociedades, y eliminar del IRPF deducciones como las de los planes de pensiones privados.

Finalmente, ambos partidos apuestan por revalorizar las pensiones según el IPC. Para compensar ese gasto y atajar el déficit de la Seguridad Social, el PSOE propone derogar la reforma laboral para que suban los salarios y mejoren los ingresos por cotizaciones, y plantea un impuesto extraordinario a la banca y otro sobre transacciones financieras. UP, por su parte, pide destopar las cotizaciones y ahorrar eliminando bonificaciones a la contratación.